Colombia, un país de 'chuzadas' y espionaje

Las recientes revelaciones de la revista Semana sobre el presunto espionaje de un cuerpo élite del Ejército a altos funcionarios del gobierno Santos, e incluso a los negociadores de paz en La Habana (Cuba), revivieron los fantasmas de los abusos de la inteligencia del Estado que en Colombia, en la mayoría de los casos, no pasa de los escándalos mediáticos. Todas las agencias de inteligencia del país se han visto salpicadas en su momento por episodios similares que siempre han sido desestimados con una frase que ya hizo carrera en la historia del cinismo: “Se trata de casos aislados”.

El espionaje no es un fenómeno ni novedoso ni propio de Colombia. Buena parte de estas organizaciones en el mundo han quedado en evidencia tras las investigaciones periodísticas que han desenmascarado sus operaciones ilegales. Para no ir muy lejos, las revelaciones del exagente Edward Snowden pusieron en aprietos al gobierno del presidente Barack Obama por cuenta de las probadas maniobras ilícitas de agentes encubiertos de los Estados Unidos en países estratégicos para Washington. Obama se vio obligado a declarar en junio de 2013: “No se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. Hay que hacer concesiones y este tipo de concesiones nos ayudan a prevenir ataques terroristas”.

Las excusas sobre este tipo de prácticas han venido perfeccionándose desde tiempos inmemoriales. De allí que el investigador Robert Kaplan señalara en su libro ‘La anarquía que viene’: “Ya desde los antiguos adivinos del antiguo oráculo de Delfos han existido agencias de espionaje de algún tipo. El espionaje es tan antiguo como la propia guerra. Moisés mandó espías a la tierra de Canaán”. En Estados Unidos el caso Watergate, que cobró la cabeza del presidente Richard Nixon, o la Operación Condor, patrocinada por ese país en América Latina en los 70 como una estrategia de contrainsurgencia en plena Guerra Fría, fueron documentados por periodistas que revelaron, como ahora lo hace Semana, las prácticas ilegales de sus agentes.

Siempre ha existido en los organismos de inteligencia una política para evadir cualquier responsabilidad en caso de ser descubiertos. La investigadora Patrice McSherry encontró un documento de junio de 1948 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en donde se evidencia la guerra encubierta: “(Se autorizó) un vasto programa clandestino de propaganda, guerra económica, acciones directas preventivas, incluidas acciones de sabotaje, antisabotaje, demolición y medidas de evacuación (a ser realizado de manera tal que) cualquier responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos por ellas no sea evidente para personas no autorizadas y que, en caso de ser descubiertas, el gobierno de Estados Unidos pudiese negar en forma plausible toda responsabilidad”.

En Colombia, a pesar de que en las últimas décadas han sido constantes los escándalos de espionaje de organismos del Estado a defensores de derechos humanos, altos dignatarios de la izquierda democrática, congresistas, magistrados y otro largo etcétera de víctimas, solo en junio de 2012 el Congreso promulgó la llamada Ley de inteligencia con el objetivo de ponerle límites específicos a unas agencias que siempre se movieron en las zonas grises de la ley. Dicha norma se promovió después del escándalo de espionaje protagonizado por agentes del DAS entre 2003 y 2009, en hechos que hoy siguen siendo investigados por la justicia y en los que terminaron detenidos y confesando la plana mayor de la Policía secreta.

También por denuncias de la revista Semana, a principios del año 2009 el país conoció que el DAS no solo había chuzado, perseguido y desacreditado a defensores de derechos humanos, ONG, periodistas y sindicalistas, sino que también había infiltrado la Corte Suprema de Justicia, grabado sesiones reservadas de sus salas plenas, extraído y fotocopiado expedientes de la parapolítica de aliados del gobierno Uribe que terminaron presos, e incluso, se desarrolló el llamado Plan Escalera, cuyo objetivo era espiar y monitorear a los magistrados de la Corte Suprema que eran considerados “enemigos” del ejecutivo.

Como consecuencia de las investigaciones de la Fiscalía se supo que el exdirector del DAS Jorge Noguera, el exsubdirector José Miguel Narváez y otros altos funcionarios crearon una célula clandestina de espionaje denominada G-3 que operó entre marzo de 2003 y noviembre de 2005, con 15 detectives que hacían parte de su estructura y que funcionaban en el piso octavo y décimo del DAS. Se descubrió que tenían operaciones para enlodar a ONG, como llamada Operación Transmilenio contra el colectivo de abogados José Alvear; que se impulsó un desprestigio en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; que se espió a la premio Nobel de Paz iraní Shirin Ebadi en 2004 durante su visita a Colombia y que, incluso, se llegó al despropósito de crear un manual para amenazar que fue elaborado para intimidar a la periodista Claudia Julieta Duque, quien documentó que en el asesinato del humorista Jaime Garzón en 1999, el DAS desvió el expediente para que quedara en la impunidad.

“Señora, ¿es usted la mamá de María Alejandra? Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”. Este fue el mensaje que le llegó a Duque en 2004 y por el cual tuvo que salir al exilio. Dicha llamada amenazante terminaba así: “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”. En dicho manual que fue hallado en los documentos del DAS se especificaba que la llamada a Duque debía hacerse desde un teléfono público con tarjeta, que no debía tardar más de 49 segundos, y que el agente que la hiciera debía desplazarse en bus hasta el lugar y cerciorarse que no hubiera cámaras de seguridad alrededor.

Toda la persecución del DAS fue documentada y se constató que los “blancos políticos” eran opositores al gobierno de Álvaro Uribe; que incluso se siguieron a magistrados de la Corte Constitucional en el año 2005 cuando ese alto tribunal discutía la constitucionalidad del acto legislativo que aprobó la reelección; que se espió a la Corte Suprema cuando ésta indagaba en 2008 el escándalo de la ‘yidispolítica’ denunciado por la congresista Yidis Medina. Según ella, el gobierno Uribe le ofreció prebendas burocráticas a cambio de su voto positivo por la enmienda constitucional. El DAS la siguió a ella y a los magistrados. De hecho, la detective Alba Luz Florez, más conocida como la ‘Mata Hari’, enamoró a un capitán de la Policía con el que había salido, Julián Leonardo Laverde, quien oficiaba como jefe de seguridad del Congreso, para que le ayudara a reclutar fuentes al interior de la Corte. Fue así como contactó al escolta del magistrado Iván Velásquez, David García, y a los oficiales Manuel Pinzón y Franklin Grijalba; este último jefe de seguridad de todos los magistrados de la Corte.

Según el relato de la ‘Mata Hari’, su red de contactos en la Corte fue creciendo al punto de reclutar a dos operarias de servicios generales que servían los tintos en las salas plenas de la Corte. A ellas les entregó una diminuta grabadora que ponían horas antes de las reuniones reservadas en las que intervenían los 23 magistrados. Fue así como el DAS obtuvo grabaciones ilegales de esas sesiones. Con una particularidad: La ‘Mata Hari’ les decía a los oficiales de la Policía que reclutaba que el propio gobierno Uribe afirmaba que la Corte Suprema actuaba como una enemiga del gobierno y que antes que deberles lealtad a sus protegidos, es decir, a los magistrados, “debían acatar las órdenes de presidencia”. Por estos hechos terminaron pidiendo perdón el exdirector de inteligencia Fernando Tabares, el exsubdirector de contrainteligencia Jorge Lagos, la exsubdirectora de operaciones Martha Leal, entre otros, todos ya condenados y destituidos por la Procuraduría.

Por este caso está en juicio en la Corte el exsecretario general de presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. El primero siempre ha sostenido su inocencia y ha dicho que nada de ilegal tuvieron sus actividades. Hurtado se asiló en Panamá bajo la tesis de que era una perseguida política. Ambos resultaron en el expediente por cuenta de las declaraciones de Lagos y Tabares quienes aseguraron que en una reunión el Club Metropolitan de Bogotá, ocurrida en septiembre de 2007, Moreno les manifestó que “el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell”. El expresidente Uribe siempre ha negado cualquier responsabilidad en este caso recordando, como lo hizo en su libro de memorias, que siempre le dio garantías a la oposición.

Pero este episodio del DAS no fue el único en la larga lista de abusos de los organismos de inteligencia. Hoy se indaga si agentes del DAS participaron en los magnicidios de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán (18 de agosto de 1989), Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990) y Carlos Pizarro (26 de abril de 1990). Años después, durante el gobierno del presidente Samper, estalló el escándalo 8.000 por la narcofinanciación del cartel de Cali a esa campaña. Muchos conocedores sostienen que las agencias del Estado se encargaron de espiar a los opositores del jefe de Estado. Durante la administración Pastrana también se denunció que un exdetective de inteligencia del DAS señaló que desde ese organismo se chuzaron a periodistas del noticiero Hora Cero, a dirigentes como Horacio Serpa, al vicefiscal Jaime Córdoba y a otros funcionarios. Este caso se fue desvaneciendo con los años y poco se supo del llamado expediente del ‘Chuzo-gate’.

En la época de Uribe, en mayo de 2007, también por denuncias de la revista Semana, se descubrió que la dirección de inteligencia de la Policía chuzó ilegalmente a opositores del gobierno. Una vez se divulgó el caso, 12 generales salieron de la institución en un remezón sin antecedentes. El general Óscar Naranjo fue nombrado como director y hasta allí llegó el episodio. También se descubrió que, con órdenes falsas, el magistrado Iván Velásquez fue chuzado por la Policía y hace un año el escritor Gustavo Álvarez y el periodista Hernán Peláez, director de La Luciérnaga de Caracol Radio, denunciaron haber sido interceptados por funcionarios de la Agencia de Inteligencia, que reemplazó al DAS. Pero, quién dio las órdenes, se pregunta con insistencia después de cada escándalo. Nadie da razón.

En síntesis, el espionaje en Colombia ha existido desde hace muchos años y ni siquiera la ley de inteligencia ha podido frenar operaciones como la denunciada por la revista Semana sobre las supuestas chuzadas del Ejército a los negociadores de La Habana. A pesar de que la ley ordenó la creación de una célula legislativa de ocho congresistas para vigilar y pedirles cuentas a los organismos de inteligencia, El Espectador pudo determinar que esa comisión no se ha conformado. Una vez más el Congreso está en deuda con el país. Supuestamente desde junio de 2013 debía estar funcionando esta célula legislativa.

De nuevo vendrán las negaciones y es posible que poco pueda saberse sobre el escándalo. La Fiscalía tiene la responsabilidad de aclarar lo que pasó y de ponerles nombres y apellidos a los responsables de este nuevo episodio de sistemático espionaje de un organismo de Estado.

jlaverde@elespectador.com

 

Las recientes revelaciones de la revista Semana sobre el presunto espionaje de un cuerpo élite del Ejército a altos funcionarios del gobierno Santos, e incluso a los negociadores de paz en La Habana (Cuba), revivieron los fantasmas de los abusos de la inteligencia del Estado que en Colombia, en la mayoría de los casos, no pasa de los escándalos mediáticos. Todas las agencias de inteligencia del país se han visto salpicadas en su momento por episodios similares que siempre han sido desestimados con una frase que ya hizo carrera en la historia del cinismo: “Se trata de casos aislados”.

El espionaje no es un fenómeno ni novedoso ni propio de Colombia. Buena parte de estas organizaciones en el mundo han quedado en evidencia tras las investigaciones periodísticas que han desenmascarado sus operaciones ilegales. Para no ir muy lejos, las revelaciones del exagente Edward Snowden pusieron en aprietos al gobierno del presidente Barack Obama por cuenta de las probadas maniobras ilícitas de agentes encubiertos de los Estados Unidos en países estratégicos para Washington. Obama se vio obligado a declarar en junio de 2013: “No se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. Hay que hacer concesiones y este tipo de concesiones nos ayudan a prevenir ataques terroristas”.

Las excusas sobre este tipo de prácticas han venido perfeccionándose desde tiempos inmemoriales. De allí que el investigador Robert Kaplan señalara en su libro ‘La anarquía que viene’: “Ya desde los antiguos adivinos del antiguo oráculo de Delfos han existido agencias de espionaje de algún tipo. El espionaje es tan antiguo como la propia guerra. Moisés mandó espías a la tierra de Canaán”. En Estados Unidos el caso Watergate, que cobró la cabeza del presidente Richard Nixon, o la Operación Condor, patrocinada por ese país en América Latina en los 70 como una estrategia de contrainsurgencia en plena Guerra Fría, fueron documentados por periodistas que revelaron, como ahora lo hace Semana, las prácticas ilegales de sus agentes.

Siempre ha existido en los organismos de inteligencia una política para evadir cualquier responsabilidad en caso de ser descubiertos. La investigadora Patrice McSherry encontró un documento de junio de 1948 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en donde se evidencia la guerra encubierta: “(Se autorizó) un vasto programa clandestino de propaganda, guerra económica, acciones directas preventivas, incluidas acciones de sabotaje, antisabotaje, demolición y medidas de evacuación (a ser realizado de manera tal que) cualquier responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos por ellas no sea evidente para personas no autorizadas y que, en caso de ser descubiertas, el gobierno de Estados Unidos pudiese negar en forma plausible toda responsabilidad”.

En Colombia, a pesar de que en las últimas décadas han sido constantes los escándalos de espionaje de organismos del Estado a defensores de derechos humanos, altos dignatarios de la izquierda democrática, congresistas, magistrados y otro largo etcétera de víctimas, solo en junio de 2012 el Congreso promulgó la llamada Ley de inteligencia con el objetivo de ponerle límites específicos a unas agencias que siempre se movieron en las zonas grises de la ley. Dicha norma se promovió después del escándalo de espionaje protagonizado por agentes del DAS entre 2003 y 2009, en hechos que hoy siguen siendo investigados por la justicia y en los que terminaron detenidos y confesando la plana mayor de la Policía secreta.

También por denuncias de la revista Semana, a principios del año 2009 el país conoció que el DAS no solo había chuzado, perseguido y desacreditado a defensores de derechos humanos, ONG, periodistas y sindicalistas, sino que también había infiltrado la Corte Suprema de Justicia, grabado sesiones reservadas de sus salas plenas, extraído y fotocopiado expedientes de la parapolítica de aliados del gobierno Uribe que terminaron presos, e incluso, se desarrolló el llamado Plan Escalera, cuyo objetivo era espiar y monitorear a los magistrados de la Corte Suprema que eran considerados “enemigos” del ejecutivo.

Como consecuencia de las investigaciones de la Fiscalía se supo que el exdirector del DAS Jorge Noguera, el exsubdirector José Miguel Narváez y otros altos funcionarios crearon una célula clandestina de espionaje denominada G-3 que operó entre marzo de 2003 y noviembre de 2005, con 15 detectives que hacían parte de su estructura y que funcionaban en el piso octavo y décimo del DAS. Se descubrió que tenían operaciones para enlodar a ONG, como llamada Operación Transmilenio contra el colectivo de abogados José Alvear; que se impulsó un desprestigio en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; que se espió a la premio Nobel de Paz iraní Shirin Ebadi en 2004 durante su visita a Colombia y que, incluso, se llegó al despropósito de crear un manual para amenazar que fue elaborado para intimidar a la periodista Claudia Julieta Duque, quien documentó que en el asesinato del humorista Jaime Garzón en 1999, el DAS desvió el expediente para que quedara en la impunidad.

“Señora, ¿es usted la mamá de María Alejandra? Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”. Este fue el mensaje que le llegó a Duque en 2004 y por el cual tuvo que salir al exilio. Dicha llamada amenazante terminaba así: “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”. En dicho manual que fue hallado en los documentos del DAS se especificaba que la llamada a Duque debía hacerse desde un teléfono público con tarjeta, que no debía tardar más de 49 segundos, y que el agente que la hiciera debía desplazarse en bus hasta el lugar y cerciorarse que no hubiera cámaras de seguridad alrededor.

Toda la persecución del DAS fue documentada y se constató que los “blancos políticos” eran opositores al gobierno de Álvaro Uribe; que incluso se siguieron a magistrados de la Corte Constitucional en el año 2005 cuando ese alto tribunal discutía la constitucionalidad del acto legislativo que aprobó la reelección; que se espió a la Corte Suprema cuando ésta indagaba en 2008 el escándalo de la ‘yidispolítica’ denunciado por la congresista Yidis Medina. Según ella, el gobierno Uribe le ofreció prebendas burocráticas a cambio de su voto positivo por la enmienda constitucional. El DAS la siguió a ella y a los magistrados. De hecho, la detective Alba Luz Florez, más conocida como la ‘Mata Hari’, enamoró a un capitán de la Policía con el que había salido, Julián Leonardo Laverde, quien oficiaba como jefe de seguridad del Congreso, para que le ayudara a reclutar fuentes al interior de la Corte. Fue así como contactó al escolta del magistrado Iván Velásquez, David García, y a los oficiales Manuel Pinzón y Franklin Grijalba; este último jefe de seguridad de todos los magistrados de la Corte.

Según el relato de la ‘Mata Hari’, su red de contactos en la Corte fue creciendo al punto de reclutar a dos operarias de servicios generales que servían los tintos en las salas plenas de la Corte. A ellas les entregó una diminuta grabadora que ponían horas antes de las reuniones reservadas en las que intervenían los 23 magistrados. Fue así como el DAS obtuvo grabaciones ilegales de esas sesiones. Con una particularidad: La ‘Mata Hari’ les decía a los oficiales de la Policía que reclutaba que el propio gobierno Uribe afirmaba que la Corte Suprema actuaba como una enemiga del gobierno y que antes que deberles lealtad a sus protegidos, es decir, a los magistrados, “debían acatar las órdenes de presidencia”. Por estos hechos terminaron pidiendo perdón el exdirector de inteligencia Fernando Tabares, el exsubdirector de contrainteligencia Jorge Lagos, la exsubdirectora de operaciones Martha Leal, entre otros, todos ya condenados y destituidos por la Procuraduría.

Por este caso está en juicio en la Corte el exsecretario general de presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. El primero siempre ha sostenido su inocencia y ha dicho que nada de ilegal tuvieron sus actividades. Hurtado se asiló en Panamá bajo la tesis de que era una perseguida política. Ambos resultaron en el expediente por cuenta de las declaraciones de Lagos y Tabares quienes aseguraron que en una reunión el Club Metropolitan de Bogotá, ocurrida en septiembre de 2007, Moreno les manifestó que “el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell”. El expresidente Uribe siempre ha negado cualquier responsabilidad en este caso recordando, como lo hizo en su libro de memorias, que siempre le dio garantías a la oposición.

Pero este episodio del DAS no fue el único en la larga lista de abusos de los organismos de inteligencia. Hoy se indaga si agentes del DAS participaron en los magnicidios de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán (18 de agosto de 1989), Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990) y Carlos Pizarro (26 de abril de 1990). Años después, durante el gobierno del presidente Samper, estalló el escándalo 8.000 por la narcofinanciación del cartel de Cali a esa campaña. Muchos conocedores sostienen que las agencias del Estado se encargaron de espiar a los opositores del jefe de Estado. Durante la administración Pastrana también se denunció que un exdetective de inteligencia del DAS señaló que desde ese organismo se chuzaron a periodistas del noticiero Hora Cero, a dirigentes como Horacio Serpa, al vicefiscal Jaime Córdoba y a otros funcionarios. Este caso se fue desvaneciendo con los años y poco se supo del llamado expediente del ‘Chuzo-gate’.

En la época de Uribe, en mayo de 2007, también por denuncias de la revista Semana, se descubrió que la dirección de inteligencia de la Policía chuzó ilegalmente a opositores del gobierno. Una vez se divulgó el caso, 12 generales salieron de la institución en un remezón sin antecedentes. El general Óscar Naranjo fue nombrado como director y hasta allí llegó el episodio. También se descubrió que, con órdenes falsas, el magistrado Iván Velásquez fue chuzado por la Policía y hace un año el escritor Gustavo Álvarez y el periodista Hernán Peláez, director de La Luciérnaga de Caracol Radio, denunciaron haber sido interceptados por funcionarios de la Agencia de Inteligencia, que reemplazó al DAS. Pero, quién dio las órdenes, se pregunta con insistencia después de cada escándalo. Nadie da razón.

En síntesis, el espionaje en Colombia ha existido desde hace muchos años y ni siquiera la ley de inteligencia ha podido frenar operaciones como la denunciada por la revista Semana sobre las supuestas chuzadas del Ejército a los negociadores de La Habana. A pesar de que la ley ordenó la creación de una célula legislativa de ocho congresistas para vigilar y pedirles cuentas a los organismos de inteligencia, El Espectador pudo determinar que esa comisión no se ha conformado. Una vez más el Congreso está en deuda con el país. Supuestamente desde junio de 2013 debía estar funcionando esta célula legislativa.

De nuevo vendrán las negaciones y es posible que poco pueda saberse sobre el escándalo. La Fiscalía tiene la responsabilidad de aclarar lo que pasó y de ponerles nombres y apellidos a los responsables de este nuevo episodio de sistemático espionaje de un organismo de Estado.

jlaverde@elespectador.com