De manera unánime, la Corte Constitucional decidió alargar el tiempo de vida de la Comisión de la Verdad. Lo hizo después de estudiar una demanda de varias víctimas que le pidieron al alto tribunal que extendiera los tres años que tenía la entidad para presentar su informe final para que no tuvieran que entregarlo en noviembre próximo. Así, la Comisión tendrá siete meses más para finalizar su trabajo y dos más para que puedan socializarlo con el país.
El tema en la Corte resultó ser prioritario para toda la Sala Plena, que más temprano este jueves 30 de septiembre, declaró que era un expediente de urgencia nacional. Los magistrados consideraron que se trataba de un tema fundamental para el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido, pero también porque era primordial que se tomara una decisión concreta pues, de lo contrario, con cada día que pasara sin esa decisión se aumentaban las posibilidades de que la Comisión se quedé sin presupuesto para funcionar el tiempo extra que ahora tiene.
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La razón estaba fundada en que el Gobierno ya trabaja en el Congreso en la aprobación de su Presupuesto para 2022 en el que, tal y como le informaron a la Corte, no hay un solo peso para la Comisión de la Verdad. El Ejecutivo resaltó en su momento que, según la ley que le dio vida a la Comisión de la Verdad, su mandato estaba estipulado para terminar este año y, por eso, no había contemplado ningún rubro para la entidad para el próximo año. Ahora, con esta decisión de ampliar el plazo, el Gobierno podría agregar el dinero en su presupuesto, una decisión que sería clave para la Comisión pues aun con el visto bueno de la Corte de alargar su mandato, sin dinero sería casi imposible cumplir con su propósito.
Para llegar a esta decisión, los nueve magistrados de la Corte Constitucional estudiaron una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. En ese documento, el jurista analizó la demanda de las víctimas, que contó con el apoyo de Dejusticia, y señaló que el plazo de tres años con el que había nacido la Comisión, no se podía entender como un tiempo simplemente del paso de las horas. Por el contrario, Ibáñez expresó que debía tenerse en cuenta la contingencia que vivió el mundo por la pandemia del COVID-19 y las repercusiones que el aislamiento provocó en los planes de la Comisión de la Verdad.
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La Corte remarcó que la Comisión es un eje fundamental del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La esencia de los organismos que lo componen, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), parten del reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos y del horizonte de que debe existir verdad plena sobre el conflicto armado. También, del reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron de manera directa e indirecta en el conflicto, involucrados en graves violaciones a los derechos humanos.
“La interpretación, según la cual el período de tres años de operación de la Comisión de la Verdad se ha cumplido, pese a las restricciones que impuso el aislamiento obligatorio, desconoce contenidos del Acuerdo de Paz que rodearon los compromisos adquiridos en relación con el derecho fundamental de las víctimas a la verdad”, dice la ponencia de Ibáñez, quien remató diciendo: “La reconstrucción de la verdad sin enfoque territorial, sin enfoque de género y sin la participación protagónica de las víctimas no honra lo pactado en el Acuerdo”. El proyecto de fallo que aprobó la Corte en tiempo récord recopiló los casos puntuales en los que la pandemia afectó el trabajo de la Comisión.
Por ejemplo: los archivos reservados no pueden ser consultados en línea; se restringieron las entradas a las cárceles y se limitaron las salidas a territorios ―de casi 120 viajes que tenían planeados en febrero, pasaron a cero entre abril y agosto―. La entidad le explicó a la Corte que entre marzo y septiembre de 2020 su sede principal en Bogotá y sus 28 casas de verdad a lo largo del país estuvieron cerradas al público. Y la pandemia los golpeó directamente: La comisionada Ángela Salazar falleció por COVID-19, el comisionado Saúl Franco estuvo hospitalizado por la misma enfermedad, y 218 funcionarios también se contagiaron.
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Con el nuevo plazo para la Comisión de la Verdad, más de uno encontró alivio, pues no solo existía la presión de que el informe final no satisficiera las expectativas de las víctimas a conocer la verdad de la guerra, sino que conocer el informe final en el pleno auge de una campaña política, podía ocasionar serios problemas. Una de las organizaciones que enviaron conceptos al alto tribunal le expresó a este diario: “Es más crítico que se conozca el informe en noviembre, en vísperas de casi seis meses de campaña política, que a mitad de año del próximo año cuando solo quede la segunda vuelta presidencial”. Con el nuevo plazo, el informe se conocería en junio de 2022.
Con esta decisión de la Corte Constitucional el panorama para la Comisión empieza a esclarecerse. Ahora queda conocer si el Gobierno incluirá un monto en su presupuesto para sostener a la entidad siete meses más.
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