Comisión Interamericana, preocupada por toda la violencia del paro nacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la situación que atraviesa Colombia en el decimoprimer día de paro nacional. Por un lado, el organismo internacional adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) ha registrado los “actos de represión por parte de agentes del Estado colombiano”, así como la violencia y el vandalismo que han protagonizado encapuchados en varias zonas del país, pero le recordó al Gobierno la legitimidad de la protesta y su obligación de garantizar que sea pacífica. Además, declaró que “toma nota” del desarrollo de la Conversación Nacional convocada por el presidente Iván Duque.

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A través de un comunicado, la CIDH dijo que está atenta a las movilizaciones que se han tomado las calles de Colombia desde el pasado 21 de noviembre. Destacó, por ejemplo, que son notorias las demandas principales por las que la ciudadanía está protestando: “Por un mayor acceso a educación de calidad y otros derechos sociales, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, así como por la situación de inseguridad y el creciente asesinato de líderes y lideresas sociales e indígenas, entre otras razones”. Y, a renglón seguido, reconoció que “estas jornadas se caracterizaron por movilizaciones amplias y pacíficas”.

No obstante, la Comisión asegura que también ha sido informada del “uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), detenciones arbitrarias de manifestantes y actos de violencia”. En la comunicación, el organismo hace, entonces, un recuento de las principales denuncias de abuso de la fuerza y acciones desmedidas de la Fuerza Pública, que han dejado 25 personas heridas y 831 ciudadanos retenidos. Entre los episodios están, por ejemplo, las manifestaciones dispersadas el viernes 22 de noviembre en la Plaza de Bolívar y Suba, el cacerolazo frustrado del día siguiente en el centro de Bogotá, y, por supuesto, la muerte del joven Dilan Cruz.

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“Como resultado del uso desmedido de la fuerza, el joven Dilan Cruz fue impactado en la cabeza por uno de los artefactos y fue hospitalizado. La Comisión conoce que Dilan Cruz falleció el 25 de noviembre”, dijo la CIDH. Además, señaló que, en diálogo con el gobierno colombiano, este ya le manifestó que las circunstancias de muerte de Dilan Cruz ya están siendo investigadas “con celeridad e imparcialidad”, ante lo cual la Comisión agregó que “valora esa información y destaca la importancia de que este tipo de investigaciones se adelanten de conformidad a los estándares en derechos humanos, a fin de sancionar a quienes resulten responsables”.

A su vez, la CIDH declaró que tiene conocimiento de los hechos vandálicos que protagonizaron encapuchados y que llevaron a declarar el toque de queda en Cali y Bogotá y expresó su rechazo a estos actos, pero también recordó que “la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”. Sin embargo, a renglón seguido, envió un jalón de orejas al Gobierno: “El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”.

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Por último, la Comisión destacó la iniciativa del gobierno de llamar a una “Conversación Nacional” para tramitar las demandas sociales. El organismo dijo “tomar nota” de lo que suceda en ese escenario y valoró la intención del “diálogo para abordar de manera concreta las demandas legítimas de la población a través de la vía pacífica y con el máximo respeto a los derechos humanos, las instituciones democráticas y al Estado de Derecho”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la situación que atraviesa Colombia en el decimoprimer día de paro nacional. Por un lado, el organismo internacional adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) ha registrado los “actos de represión por parte de agentes del Estado colombiano”, así como la violencia y el vandalismo que han protagonizado encapuchados en varias zonas del país, pero le recordó al Gobierno la legitimidad de la protesta y su obligación de garantizar que sea pacífica. Además, declaró que “toma nota” del desarrollo de la Conversación Nacional convocada por el presidente Iván Duque.

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A través de un comunicado, la CIDH dijo que está atenta a las movilizaciones que se han tomado las calles de Colombia desde el pasado 21 de noviembre. Destacó, por ejemplo, que son notorias las demandas principales por las que la ciudadanía está protestando: “Por un mayor acceso a educación de calidad y otros derechos sociales, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, así como por la situación de inseguridad y el creciente asesinato de líderes y lideresas sociales e indígenas, entre otras razones”. Y, a renglón seguido, reconoció que “estas jornadas se caracterizaron por movilizaciones amplias y pacíficas”.

No obstante, la Comisión asegura que también ha sido informada del “uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), detenciones arbitrarias de manifestantes y actos de violencia”. En la comunicación, el organismo hace, entonces, un recuento de las principales denuncias de abuso de la fuerza y acciones desmedidas de la Fuerza Pública, que han dejado 25 personas heridas y 831 ciudadanos retenidos. Entre los episodios están, por ejemplo, las manifestaciones dispersadas el viernes 22 de noviembre en la Plaza de Bolívar y Suba, el cacerolazo frustrado del día siguiente en el centro de Bogotá, y, por supuesto, la muerte del joven Dilan Cruz.

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“Como resultado del uso desmedido de la fuerza, el joven Dilan Cruz fue impactado en la cabeza por uno de los artefactos y fue hospitalizado. La Comisión conoce que Dilan Cruz falleció el 25 de noviembre”, dijo la CIDH. Además, señaló que, en diálogo con el gobierno colombiano, este ya le manifestó que las circunstancias de muerte de Dilan Cruz ya están siendo investigadas “con celeridad e imparcialidad”, ante lo cual la Comisión agregó que “valora esa información y destaca la importancia de que este tipo de investigaciones se adelanten de conformidad a los estándares en derechos humanos, a fin de sancionar a quienes resulten responsables”.

A su vez, la CIDH declaró que tiene conocimiento de los hechos vandálicos que protagonizaron encapuchados y que llevaron a declarar el toque de queda en Cali y Bogotá y expresó su rechazo a estos actos, pero también recordó que “la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”. Sin embargo, a renglón seguido, envió un jalón de orejas al Gobierno: “El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”.

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