“A todas esas familias que han luchado por la verdad les recordamos que es una verdad judicial, que a todos estos jóvenes, hombres, mujeres, los mataron simplemente, porque necesitaban alguien con vida para quitársela”. Con estas palabras, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, precedió al acto de reconocimiento y solicitud de perdón por ocho ejecuciones extrajudiciales este 12 de octubre en Villavicencio (Meta).
Las familias de José Antonio Villegas Batero, José Indalecio González Angulo, Yeiler Cubides Zuluaga, Ángel Gabriel Virgüez García, Aurelio Gallego Mancera, Adolfo Cárdenas Trujillo, Luis Enrique Montero y Luis Efraín Prada, agradecieron el reconocimiento que se dio gracias a la batalla jurídica que lideró el colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda para que el Estado asumiera su responsabilidad en los asesinatos.
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Entre 2002 y 2008, el Ejército asesinó e hizo pasar como guerrilleros a estas ocho personas. Todos eran campesinos de Guaviare y Meta y fueron desaparecidos forzosamente y ejecutados en el marco de la política de Seguridad democrática durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2008) y cuando el ministerio de Defensa estaba encabezado por Juan Manuel Santos. Por esta razón, las víctimas, durante sus intervenciones, expresaron que quiénes deberían haber solicitado perdón eran estos dos altos exfuncionarios.
Sin embargo, el acto tuvo a la gratitud y el duelo en el centro de las intervenciones. Mariela Virgüez García, hermana de Ángel Gabriel Virgüez García, agradeció que el gobierno actual hiciera ese reconocimiento. “De mi parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene un perdón, porque si no perdono no podría vivir en paz como lo he vivido este tiempo y que Dios lo perdone por todas las cosas que ha hecho”, dijo Virgüez.
“Le agradezco, señor ministro, por venir a representar a las personas que deberían estar presentes”, expresó también Blanca Nubia Batero, la madre de José Antonio Villegas Batero, dando la espalda frente al público y con un ramo de flores agarrado entre sus manos exigiendo también la verdad de lo que le pasó a su hijo. Al respecto, el ministro Velásquez le respondió: “No hay una razón, simplemente unos hombres, en ejercicio de una política equivocada y criminal, decidieron matar para mostrar unos resultados”.
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Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, también lamentó los asesinatos: “En nombre de los miembros de la institución que represento, doy el más sentido de reconocimiento por los lamentables hechos cometidos por algunos integrantes del Ejército”; y le dijo a las víctimas: “Somos totalmente conocedores del extenso y difícil camino que han tenido que recorrer, donde no ha sido fácil afrontar los innumerables obstáculos familiares, judiciales y sociales en procura de limpiar el buen nombre de sus seres queridos”.
Para la abogada Olga Naizir, del colectivo de abogados, “el cumplimiento de estas decisiones judiciales por parte del Gobierno Nacional es un avance importante en la garantía de la no repetición, en la medida que el Ejército Nacional y todas las entidades responsables de estos graves crímenes no se tienen que repetir de ninguna manera”.
Los ocho casos también hacen parte de la campaña del colectivo sociojurídico “Contemos la verdad”, como parte de la metodología de búsqueda inversa, que trabaja con los cuerpos que fueron inhumados sin identificación en los cementerios de los Llanos Orientales. Las víctimas fueron encontradas en los cementerios de La Macarena, Mesetas, Granada y Vista Hermosa, y entre el 2007 a 2022 han sido entregados dignamente a sus familias.
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