Al considerar que no hubo consulta previa a los indígenas del resguardo Turpial La Victoria, en donde se ubica la minoría étnica Achagua y Piapoco de menos de mil habitantes, en Puerto López (Meta), la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno y a la petrolera Meta Petroleum Limited que opera el campo Rubiales iniciar acercamientos con el fin de adoptar medidas de compensación cultural por los impactos y perjuicios causados a la comunidad dentro de su territorio ancestral con el oleoducto del que se extraen 220 mil barriles de crudo al día.
La tutela le ordenó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia realizar un acompañamiento al proceso de consulta y exhortó a los ministerios del Interior, de Justicia y de Ambiente para que revisen los protocolos relacionados con la explotación de recursos naturales que puedan ser desarrollados en territorios ancestrales. Fue el gobernador indígena Marcos Arrepiche quien invocó la protección del Estado a sus territorios, violentados desde que en agosto de 2006 se otorgó licencia para el desarrollo de este proyecto sin cumplir con la consulta previa.
Desde 2008 las autoridades indígenas alegaron este argumento, pero el Gobierno les contestó que no se había documentado la existencia de estas comunidades en el área de influencia de este proyecto. Según Arrepiche, se han talado más de cien árboles nativos y se han contaminado algunos afluentes naturales, ya que un tubo del oleoducto cruza el río Meta por un sitio antiguo “y sagrado”, a menos de 50 metros del lugar tradicional de asentamiento que desde 1926 tiene esta comunidad. La Corte les dio la razón al constatar que este proyecto ha causado un impacto cultural y lesionado valores significativos indígenas, “así como perturbación espiritual entre sus miembros”.
Por Redacción Judicial
