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30 Jun 2022 - 1:29 p. m.

Comunidades raizales deben tener igualdad al contratar con el Estado: Procuraduría

En un concepto de seis páginas, el Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional tumbar una norma que pone en desventaja a las comunidades afro, raizales y palenqueras para contratar con el Estado.
En un concepto de seis páginas, el Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional tumbar una norma que pone en desventaja a las comunidades afro, raizales y palenqueras para contratar con el Estado.
En un concepto de seis páginas, el Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional tumbar una norma que pone en desventaja a las comunidades afro, raizales y palenqueras para contratar con el Estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el despacho de la magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo, reposa una demanda que pide poner en el mismo racero las condiciones para contratar con el Estado. El demandante Ronald Valdés reclama que los artículos 1 y 2 de la Ley 2160 de 2021 pone en desventaja a comunidades afro, raizales y palenqueras que quieran contratar con el Estado porque les solicitan una antigüedad de 10 años de inscripción ante el Ministerio del Interior. La Procuraduría le dio la razón.

“Para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas, deberán contar con diez (10) años o más de haber sido incorporados al Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro y los consorcios y uniones temporales”, dice la norma demandada.

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Para Valdés resulta inaceptable el trato desigual entre consejos comunitarios y otras organizaciones respecto de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en materia de contratación directa, y trajo a colación un aparte de la Corte Constitucional en el que mencionan que “no son las autoridades administrativas ni judiciales las llamadas a establecer si una comunidad étnica existe, si es étnicamente diversa o si determinando individuo pertenece o no a ella”. Para el alto tribunal ese ejercicio corresponde netamente a las comunidades.

“La privación a organizaciones, demás formas y expresiones organizativas de contratar en la modalidad directa con las entidades estatales sino no tienen 10 años en el Registro que lleva el Ministerio del Interior, posterga injustamente el desarrollo colectivo, económico, social, territorial, educativo y autónomo de gran parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se ubican en áreas urbanas, territorios tradicionales y ancestrales de conformidad con los resultados arrojados por el Censo Dane de Población 2018″, explicó Valdés en su recurso.

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La magistrada Ángel no solo recibió los argumentos del demandante, sino también reposa en su despacho el concepto de La Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, que le dio un espaldarazo al demandante. El Ministerio Público le solicitó a la Corte tumbar la norma sin desconocer que la solicitud de los 10 años de antigüedad de inscritos en el Ministerio del Interior protege los recursos los recursos públicos y el buen funcionamiento de la administración pública.

“La Procuraduría considera que el control de dicho trato diferenciado se debe realizar a partir del escrutinio intermedio, pues si bien se trata de una regulación referente de contratación estatal, es decir, una temática frente a la cual el Congreso de la República tiene un amplio margen de configuración normativa, lo cierto es que en la misma se encuentran comprometidos derechos de un grupo especial de protección constitucional”, dice el Ministerio Público.

Para el ente de control, la norma define un trato desfavorable hacia las comunidades étnicas que han sido protegidas constitucionalmente, por lo que considera necesario solicitar a la Corte tumbar los 10 años obligatorios para que estas poblaciones puedan contratar con el Estado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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