Desde hace casi ocho años, los 2.000 habitantes del corregimiento de Zacarías, en Buenaventura, esperan que el agua potable llegue a sus hogares. Allí, en las inmediaciones del río Dagua, entre los pobladores hay más de 900 niños y niñas, quienes, junto a sus padres, han escuchado promesas de acueductos que parecen estar lejos de construirse. Sin embargo, gracias a una acción de tutela, interpuesta por una lideresa afro y representante legal del Consejo Comunitario de Zacarías, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó al Distrito de Buenaventura llevar agua potable al corregimiento. Un fallo que, hasta ahora, no se ha cumplido.
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Marlyng Tabares Aragón, de 32 años, es quien se echó al hombro esta iniciativa, con el objetivo de que a sus familiares, amigos y vecinos se les respete el derecho de acceso al mínimo vital de agua potable. El recurso, que se interpuso con apoyo del abogado Joaquín Torres, señala que más de seis entidades del Estado, (incluido el Distrito de Buenaventura) violaron el derecho fundamental a la vida, debido a las negativas constantes para suministrar agua para el consumo de los habitantes del corregimiento. “Hay niños, adultos mayores y personas discapacitadas que no tienen acceso a algo tan básico como el agua”, le dijo a este diario.
Al ser representante legal del Consejo Comunitario, Tabares actúa en representación de una menor de cuatro años quien, por la ausencia de agua potable, ha presentado varias enfermedades. De hecho, menciona que, para obtener agua limpia, algunos de los habitantes, incluidos menores de edad, deben atravesar el río Dagua con baldes, botellas y hasta carretillas para llegar a las quebradas. “Debemos pasar en potrillos (canoas) por el río, del cual también debemos sacar agua, pero esa está contaminada; sirve para lavar la ropa y otras labores de la casa, pero no para consumo humano”, añadió la lideresa.
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El pasado 5 de julio, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió un fallo de primera instancia en el que le ordenó a la Alcaldía de Buenaventura, encabezada por el alcalde Víctor Hugo Vidal, garantizar el suministro de agua potable para los 900 menores de edad en Zacarías. Días más tarde, el 31 de julio, en un fallo de segunda instancia, el Tribunal ordenó modificar la sentencia, dejando claro que garantizar ese derecho no es una obligación del distrito solo para niños y niñas, sino para todos los habitantes del corregimiento. “Impugnamos el fallo de primera instancia. ¿Acaso los padres no tienen derecho también al consumo de agua?”, cuestionó el abogado Torres.
En su decisión, el Tribunal dictó órdenes de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, frente a las primeras, ordenó al distrito de Buenaventura garantizar el suministro de agua potable de manera continua, periódica y “acorde con el volumen correspondiente al consumo básico, establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”, que es de al menos 50 litros diarios por habitante. Esto, a través de carrotanques o cualquier otro dispositivo de transporte, acción para la cual dio un máximo de tres días y que, a su vez, catalogó como una medida transitoria.
De esta forma, se abrió la puerta para dictar las medidas de mediano plazo, como la obligación al distrito de entregar, en un periodo de seis meses, tanques de almacenamiento de hasta 20.000 litros de agua potable. Así como las de largo plazo, como, por ejemplo, garantizar la entrega de un sistema de suministro continuo y saludable de agua potable terminado al corregimiento, a través de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB). Pero, según explicó Tabares, pese a los tiempos que ordenó el Tribunal, “no nos han avisado nada. Hay un silencio absoluto por parte del distrito”.
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“Desde la Alcaldía no han dicho nada. Todo el mundo está callado, pareciera que no conocen el fallo y todos siguen yendo a las quebradas”, dice Héctor Valencia, líder social de Zacarías. Su llamado se suma también a la disposición del juzgado primero administrativo mixto del circuito de Buenaventura, el cual, el 8 de agosto, le dio un plazo de un día al alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, para cumplir con suministrar los carrotanques con agua potable, de lo contrario, un incidente por desacato sería la próxima parada.
Dos días más tarde, el 10 de agosto, la Procuraduría, entidad encargada de verificar el fallo, solicitó dar cumplimiento de manera urgente a la orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respecto a las medidas de corto plazo, es decir, los carrotanques que, hasta el cierre de esta edición, no habían llegado a Zacarías. Por eso, el pasado 15 de agosto, el mismo juzgado confirmó mediante un auto la apertura del incidente por desacato contra el alcalde Vidal, quien deberá explicar los motivos por los cuales el agua sigue sin salir del grifo en ese corregimiento.
El Espectador se contactó con el alcalde en repetidas ocasiones para conocer su versión sobre los motivos del incumplimiento del fallo. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Aun así, este diario conoció que, mediante un auto del juzgado, emitido el pasado 18 de agosto, debido al incumplimiento del fallo de segunda instancia, el alcalde Vidal recibió una multa por un valor de dos salarios mínimos ($2.320.000) por no cumplir las órdenes judiciales previas. Una suma que, en palabras del abogado Torres, “es un chiste”.
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“Nosotros tenemos una esperanza de que puedan llevar agua. Supuestamente la van a llevar en carrotanques, pero nosotros necesitamos es un acueducto”, dijo Valencia, dejando claro que no se necesitan paños de agua tibia, sino soluciones que arreglen de raíz el problema de falta de agua potable. Aunque celebra la decisión del Tribunal, que establece que al corregimiento debe llegar un sistema de acueducto y alcantarillado, asegura que no es la primera vez que esta promesa llega a oídos de la comunidad. En 2014, tras una consulta previa con la Sociedad Portuaria del Río Dagua, fue la primera vez que escucharon que tendrían acceso a este derecho.
La Sociedad se comprometió conectar a varios municipios a un servicio de agua potable. Lo hicieron en el marco de la planeación para la construcción del proyecto denominado “Terminal Marítimo Delta del Río Dagua”, un puerto que estaría ubicado en esa zona de Buenaventura, y que firmó acuerdos mediante consultas previas con consejos comunitarios de Zacarías, Guadualito y Campo Hermoso. Sin embargo, el proyecto aún no ha iniciado, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no ha otorgado los permisos para la construcción, aunque sí hubo un adelanto en los estudios. Y, en consecuencia, el proyecto del agua también quedó embolatado.
“Nosotros hemos sido una comunidad olvidada por el Estado. Tuvimos durante un tiempo unos motores para el acceso de agua limpia, conseguidos con recursos propios, pero hace siete meses se dañaron. Desde entonces pedimos que vuelva el agua”, dice Tabares. Para ella, a pesar de los resultados en el proceso, como los fallos e incidentes de desacato, la comunidad sigue siendo el último eslabón de la cadena de prioridades de las autoridades locales, pues, allí, la justicia es como el agua: escasa.
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Por Santiago Díaz Gamboa
