El posconflicto en Tierralta está haciendo de las suyas. Este territorio que sirvió de escenario para ensayar un modelo de paz con los desmovilizados de cuatro bloques las Auc, se lo están disputando a sangre y fuego los hombres de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario y cuatro grupos más.
Una guerra que se evidenció el jueves pasado con un video que la Policía incautó en el centro de Bogotá, donde aparecen 25 hombres uniformados que fueron secuestrados entre Córdoba y Urabá por Don Mario, después de varios enfrentamientos sostenidos a comienzos de febrero.
Hombres que, según el hermano del jefe del desmovilizado bloque Élmer Cárdenas, Fredy Rendón, alias El Alemán, pertenecen a los ex mandos paramilitares Everth Veloza, conocido como H.H., y a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Sin embargo, estos dos últimos ex paramilitares negaron dicha afirmación y acusaron a Don Mario de estar liderando la nueva estructura del narcotráfico en Colombia.
Un conflicto que se está viviendo crudamente en el Alto Sinú, donde hoy cinco expresiones delincuenciales quieren tener el poder absoluto sobre la administración de Tierralta y las 15.000 hectáreas de coca sembradas en parte del Nudo de Paramillo. Confrontación que, según el Observatorio del Delito en Córdoba, ha provocado en la región, entre enero de 2007 y febrero de este año, 229 homicidios de desmovilizados.
El Espectador recorrió desde Montería hasta el Nudo de Paramillo, donde los enfrentamientos entre estos grupos generó una desbandada de jóvenes hacia Santa Fe de Ralito, la antigua zona de ubicación de las Auc y hacia Tierralta, donde el Gobierno y las autodefensas pactaron la paz y prometieron una nueva vida a los 89.749 habitantes del municipio cordobés.
Luego de unos 45 minutos de viaje, entre Montería y Tierralta, al sur del departamento, hay un pequeño aviso indicando que a mano izquierda es la entrada a las localidades de Los Volcanes, Carrizola, El Caramelo y Ralito, como le dicen coloquialmente los cordobeses a este último pueblo.
Esta señalización es también el aviso del fin de la carretera pavimentada y el comienzo de un recorrido que va mostrando desigualdades a lo largo de 60 años de historias de guerra y olvido. Son pequeños caseríos que siguen al borde de la carretera, cubriendo con su pobreza y desgano la entrada a las desvalijadas quintas que sirvieron de hogar de paso, desde el 1° de julio de 2004 hasta comienzos de 2006, a los jefes de las Auc mientras negociaban su desmovilización con el Gobierno.
Santa Fe de Ralito es actualmente un pueblo que se resiste a morir. Allí sólo queda de pie la dignidad de los antiguos y originales habitantes. Por lo demás, la sede del Gobierno terminó en escombros, las reformadas casas donde estuvieron aguantando la extradición otros jefes ‘paras’, se están cayendo. Un pueblo donde la Policía espera atrincherada a que los nuevos grupos ilegales, en especial el de Don Mario, no entre a cobrar venganza contra los desmovilizados que no quieren rearmarse.
“El que no quiere trabajar con ellos, lo matan”, dijo uno de los 20 ex paramilitares que deambulan en el anonimato por Santa Fe de Ralito, buscando el auxilio de Salomón Feris Chadit o Cero Ocho, como se le conoció al desmovilizado jefe del bloque Sanidad de las Auc, quien continúa escurriéndosele a la muerte que va tras él.
A Tierralta
El temor que asalta la tranquilidad de los desmovilizados que volvieron a Ralito es el mismo que tienen otros ex ‘paras’ que aún viven enTierralta, municipio convertido en el teatro de operaciones del Ejército, la Policía y “Los Traquetos”, “Vencedores de San Jorge”, “Águilas Negras”, “Los Paisas” y “La Empresa”, expresiones que se traducen a sólo tres actores: Don Mario; los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, Los Mellizos; y finalmente un grupo de ex miembros de las Auc que retomaron las armas.
Una guerra que, además de cercar a los habitantes, se extendió hasta Valencia, Puerto Libertador y Montelíbano, de donde salieron para la guerra 1.200 jóvenes que hicieron parte de los bloques Héroes de Tolová, Sinú y San Jorge, Córdoba y Sanidad.
Poblaciones que a la vez están bajo la mira de los frentes 18, 5, 58 y la columna móvil Mario Vélez de las Farc, que hacen parte del bloque noroccidental, el mismo que hace dos años atacó el cuartel de Policía de Tierradentro, jurisdicción de Montelíbano, donde murieron 19 agentes.
Las denuncias de Mancuso
Paradójicamente el que primero denunció la situación en la zona fue Salvatore Mancuso, quien el 3 de julio de 2006, le envió una carta al presidente Álvaro Uribe y a la OEA, donde afirmaba que en la zona de Tierralta ex paramilitares y ex miembros de la Fuerza Pública, bajo el seudónimo de “Los Traquetos”, estaban sembrando el terror y controlando a sangre y fuego el negocio del narcotráfico y las vidas de los pobladores.
Mancuso, concretamente, se refería a nueve asesinatos ocurridos entre el 30 de junio y 3 de julio de 2006, crímenes en los que cayeron algunos de sus amigos: Arán Assiaf, Óscar Zapata Guerra y sus dos escoltas Lino Ramón Arias y Jorge Alvarado Reyes.
Un conflicto que, a lo largo de los dos últimos años, ha ido cambiando de actores y víctimas, entre ellas el alcalde de Tierralta, Aníbal Ortiz, declarado objetivo militar por estos grupos emergentes en febrero pasado. “Todo esto nos duele, porque nosotros defendemos la vida, pero gracias al Batallón de Alta Montaña que está en el Parque Natural de Paramillo, se está controlando la situación con estos grupos”, asegura el burgomaestre.
Dolor que no es sólo del alcalde Ortiz sino de las familias de los 600 reintegrados a la vida civil que se volvieron a armar o que según el mandatario, han caído muertos o fueron desaparecidos.
Alarmante cifra que contrasta con la ingenua afirmación del Alcalde, quien cree que toda la zona quedará bajo control, sin tener en cuenta que esta guerra que venía silenciosa ha cobrado la vida de 889 personas entre 2005 y febrero de este año, víctimas que en su mayoría hacían parte de los 3.020 desmovilizados de Córdoba.
Un baño de sangre que afecta a los habitantes de los 4.728 kilómetros cuadrados de Tierralta. Especialmente a 400 campesinos de los corregimientos El Loro, El 10, El 12, El 13 y El 40, que salieron huyendo, el 6 de febrero pasado, luego de los enfrentamientos entre estos grupos y el Ejército.
Crisis humanitaria que se mantuvo hasta hace dos semanas en El Loro, donde se concentraron los desplazados que fueron atendidos por la Alcaldía, Acción Social y la Defensoría del Pueblo, organismos que advirtieron, en su momento a las víctimas que no podían regresar a sus fincas hasta tanto el Ejército no terminara de ubicar los campos minados y las bombas que quedaron regadas en la tierra luego de los enfrentamientos. Una situación que aparentemente se normalizó gracias al acompañamiento que están haciendo en la zona las Naciones Unidas.
Son los efectos de lo que podría pasar luego del posconflicto y, la falta de atención a las advertencias hechas por el defensor del Pueblo Vólmar Pérez, y la OEA, quienes denunciaron el surgimiento de nuevas estructuras armadas en Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, municipios en los que buena parte del desmovilizado bloque para militar Sinú y San Jorge se volvió a enganchar en la guerra.
Sin embargo, los llamados de atención no tuvieron eco. Hoy la situación en Tierralta y el resto del Alto Sinú es insostenible. Los comerciantes han empezado a abandonar los pueblos por efectos de la extorsión, los agiotistas o cobradores ‘gota a gota’ corren despavoridos hacia otras regiones, huyendo porque los nuevos señores de la guerra los desbancaron y la población civil permanece muda enterrando sus muertos en silencio.
Es un conflicto que está creciendo como una bola de nieve desde los antiguos feudos de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, en Urabá, pasando por el Bajo Cauca antioqueño hasta Tierralta. Enfrentamientos que se recrudecieron después de la muerte, el 20 de febrero pasado en la zona rural de Cáceres (Antioquia), del hermano de Don Mario’, Lázaro Rendón Herrera. Un hecho que, según desmovilizados de Tierralta, desató aún más la ira del nuevo señor de la guerra.
Aún así, según ex integrantes de las Auc en Córdoba, que prefirieron el anonimato, Daniel Rendón Herrera está cercado, pues nadie le “está copiando” o uniéndosele. De ahí que según esta versión, esté buscando entrar en un proceso de paz con el Gobierno, tal y como quedó testimoniado en el video que la Policía incautó en Bogotá.
Entre tanto, en Tierralta, la muerte sigue rondando en una zona donde sus habitantes creyeron que después del proceso de paz, los ríos de sangre dejarían de correr por las tierras más fértiles del país.
Historia de una región que ha vivido entre guerrillas y ‘paras’
Desde el siglo pasado hasta hoy, las inmensas sabanas de Córdoba y el Nudo de Paramillo han sido escenarios de guerra y paz. Una constante que se vive desde el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán (el 9 de abril de 1948), crimen que dio origen a las guerrillas liberales de Mariano Sandón y Julio Guerra. Estos dos se atrincheraron en los ríos Sinú y San Jorge hasta septiembre de 1953, año en el que el general Gustavo Rojas Pinilla los amnistió.
Esta fue tan solo una parte de la historia de violencias que aún se mantienen con diferentes expresiones en el departamento. Guerra y buena parte de sus hombres se frustraron y terminaron abanderando, a mediados de los 60, las luchas agrarias con las nacientes guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), en Sucre y Córdoba, sobre todo en los municipios del sur del departamento, junto al Parque Natural de Paramillo. A la par fueron apareciendo los núcleos y frentes de las Farc que terminaron enfrentados entre sí también por el dominio territorial.
La avanzada de la guerrilla en la zona, que degeneró en secuestros, extorsiones y quemas de fincas, culminó dando origen a expresiones como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), grupo paramilitar de los desaparecidos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, quienes cometieron durante 22 años las más espantosas masacres y crímenes, como el de cientos de indígenas embera katíos y del sacerdote y líder de Tierralta Sergio Restrepo, a mediados de 1989.
Una época en la que, según el Observatorio del Proceso de Negociación y Posconflicto, fueron desplazadas 969 familias que tuvieron que abandonar 150.000 hectáreas de tierra, tanto en Córdoba —la gran mayoría del Alto Sinú, Alto San Jorge y Valencia—, como en Urabá y Chocó.
Por Enrique Rivas G./ Enviado Especial
