Con el nuevo código, Policía podría violar derechos "legalmente"

Este lunes 30 de enero, en reemplazo del Código de Policía de 1970, empezará a regir un nuevo código. Obvio que era importante actualizarlo. La realidad en ese momento era muy diferente. No existían celulares ni colados en el transporte público, que son problemas actuales que deben ser regulados. Además, el viejo código debía respetar los postulados de la Constitución de 1886, que era autoritaria y débil en garantía de derechos. En cambio, el parámetro actual para valorar el código es la Constitución de 1991, más respetuosa de los derechos; es decir, el contexto normativo también ha cambiado. Y a esto se suman los llamados de la Corte Constitucional al Congreso para actualizarlo. Pero, a mi juicio, muchas de sus normas son problemáticas.

La policía es esencial en una democracia. Sin una policía que garantice seguridad y orden, los derechos son simples enunciados retóricos que se quedan en el papel. Derechos como la vida, la integridad personal y la propiedad pueden anularse cuando la policía no es capaz de brindar seguridad e impedir que los ciudadanos se maten, se agredan, se roben… Es decir, la seguridad y el orden no son fines en sí mismos, sino medios para que los derechos sean realizables.

Sin embargo, cuando la policía no tiene límites ni controles efectivos, esta ecuación se invierte: la seguridad y el orden se vuelven fines en sí mismos y los derechos terminan dependiendo de esos dos principios. Un ejemplo claro son las requisas que, sin restricciones, se convierten en un arma de discriminación al recaer con mayor frecuencia sobre algunos perfiles, como personas negras y de clases sociales bajas. Esto lo demuestra la investigación de Dejusticia "Requisas, ¿a discreción?", que propone criterios objetivos para que los policías sepan cuándo y a quién requisar. Además, recomienda establecer un formato con el que los policías justifiquen por qué requisan a alguien.

El filósofo John Locke sostiene que las personas no son tan estúpidas como para protegerse de los zorros refugiándose en la jaula del león porque pueden morir, ya no devoradas por los zorros sino por el león. Por eso propone domesticar o amarrar al león que nos protege de los zorros. Creo que esta metáfora es muy elocuente de lo que se juega cuando se le entrega a la policía muchas facultades sin controles claros, con el pretexto de garantizar seguridad y orden a toda costa, como lo hace el nuevo código. Lo paradójico es que esto podría conducir a un estado de inseguridad, ya que la policía podría eventualmente vulnerar derechos. Con el agravante de que esta arbitrariedad sería ahora legal porque el código la permite.

Esto sucede con el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y de quienes se ganan la vida cantando, recitando poemas o vendiendo dulces en el transporte público, quienes serán reprimidos por la Policía sin antes ofrecerles una reubicación o una alternativa laboral, como lo ha ordenado la Corte Constitucional.

Pasa también con el derecho a la libertad personal de los indigentes, quienes serán recluidos por estar bajo los efectos de las drogas y alterar la convivencia, sin que el código señale por cuánto tiempo estarán privados de la libertad ni precise qué significa alterar la convivencia. O sea que será legal esconderlos para que invitados a eventos internacionales no los vean, como se ha documentado que ha sucedido.

Así mismo ocurre con el derecho a la protesta. El código exige que quienes pretendan protestar deben mandar un aviso a las autoridades suscrito por al menos tres personas, lo que les impide mantenerse en el anonimato en un país en el que hay evidencia empírica de represalias ilegales en contra de manifestantes pacíficos.

Estos son solo tres ejemplos de un patrón que se sigue en todo el código de perfilar a unos sectores “indeseables” de la población y restringirles sus derechos, sin controles adecuados que eviten arbitrariedades.

Quizá estos problemas del código tengan una explicación. El Ministerio de Defensa, con ayuda de la Policía, fue quien le presentó al Congreso el proyecto de ley que se convirtió en el nuevo Código de Policía. Como es muy difícil que alguien se ate las manos a sí mismo, lo esperable era que el Ministerio de Defensa y la Policía defendieran un código que no impone controles vigorosos para reducir arbitrariedades policiales. Y también algo de culpa tiene un sector de la sociedad, que relaciona con delincuentes los mismos perfiles de ciudadanos contra los que se dirige el código y le exige a la Policía actuar en su contra.

La respuesta no puede ser un código que erosiona derechos de estas poblaciones. Diversos estudios han mostrado que la legitimidad de la policía es un factor de riesgo en la comisión de delitos. Es decir, cuando las personas consideran que los policías son arbitrarios, tienden a incumplir más las normas. Dicho de otro modo, cuando sienten que la policía es respetuosa y sensible a sus preocupaciones, se inclinan a cumplir más. Desde esta perspectiva, un código que promueve la violación de derechos de ciertas poblaciones tiene el peligro de aumentar la desconfianza en la Policía y el incumplimiento de normas por parte de estas poblaciones.

La esperanza es que aún se puede revertir en algo este error y domesticar al león. Las autoridades locales pueden expedir códigos de policía departamentales y municipales, en los que contemplen controles y limitaciones para los policías. La Corte Constitucional puede hacer lo mismo al resolver las más de 40 demandas (una de ellas, de Dejusticia) que se han interpuesto contra el código. Y la Policía puede callar a quienes hemos criticado al código y darnos una lección de democracia, al construir protocolos para que las facultades que le otorgaron para garantizar seguridad y orden no terminen siendo una excusa para perfilar y violar derechos “legalmente”.

*Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

Este lunes 30 de enero, en reemplazo del Código de Policía de 1970, empezará a regir un nuevo código. Obvio que era importante actualizarlo. La realidad en ese momento era muy diferente. No existían celulares ni colados en el transporte público, que son problemas actuales que deben ser regulados. Además, el viejo código debía respetar los postulados de la Constitución de 1886, que era autoritaria y débil en garantía de derechos. En cambio, el parámetro actual para valorar el código es la Constitución de 1991, más respetuosa de los derechos; es decir, el contexto normativo también ha cambiado. Y a esto se suman los llamados de la Corte Constitucional al Congreso para actualizarlo. Pero, a mi juicio, muchas de sus normas son problemáticas.

La policía es esencial en una democracia. Sin una policía que garantice seguridad y orden, los derechos son simples enunciados retóricos que se quedan en el papel. Derechos como la vida, la integridad personal y la propiedad pueden anularse cuando la policía no es capaz de brindar seguridad e impedir que los ciudadanos se maten, se agredan, se roben… Es decir, la seguridad y el orden no son fines en sí mismos, sino medios para que los derechos sean realizables.

Sin embargo, cuando la policía no tiene límites ni controles efectivos, esta ecuación se invierte: la seguridad y el orden se vuelven fines en sí mismos y los derechos terminan dependiendo de esos dos principios. Un ejemplo claro son las requisas que, sin restricciones, se convierten en un arma de discriminación al recaer con mayor frecuencia sobre algunos perfiles, como personas negras y de clases sociales bajas. Esto lo demuestra la investigación de Dejusticia "Requisas, ¿a discreción?", que propone criterios objetivos para que los policías sepan cuándo y a quién requisar. Además, recomienda establecer un formato con el que los policías justifiquen por qué requisan a alguien.

El filósofo John Locke sostiene que las personas no son tan estúpidas como para protegerse de los zorros refugiándose en la jaula del león porque pueden morir, ya no devoradas por los zorros sino por el león. Por eso propone domesticar o amarrar al león que nos protege de los zorros. Creo que esta metáfora es muy elocuente de lo que se juega cuando se le entrega a la policía muchas facultades sin controles claros, con el pretexto de garantizar seguridad y orden a toda costa, como lo hace el nuevo código. Lo paradójico es que esto podría conducir a un estado de inseguridad, ya que la policía podría eventualmente vulnerar derechos. Con el agravante de que esta arbitrariedad sería ahora legal porque el código la permite.

Esto sucede con el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y de quienes se ganan la vida cantando, recitando poemas o vendiendo dulces en el transporte público, quienes serán reprimidos por la Policía sin antes ofrecerles una reubicación o una alternativa laboral, como lo ha ordenado la Corte Constitucional.

Pasa también con el derecho a la libertad personal de los indigentes, quienes serán recluidos por estar bajo los efectos de las drogas y alterar la convivencia, sin que el código señale por cuánto tiempo estarán privados de la libertad ni precise qué significa alterar la convivencia. O sea que será legal esconderlos para que invitados a eventos internacionales no los vean, como se ha documentado que ha sucedido.

Así mismo ocurre con el derecho a la protesta. El código exige que quienes pretendan protestar deben mandar un aviso a las autoridades suscrito por al menos tres personas, lo que les impide mantenerse en el anonimato en un país en el que hay evidencia empírica de represalias ilegales en contra de manifestantes pacíficos.

Estos son solo tres ejemplos de un patrón que se sigue en todo el código de perfilar a unos sectores “indeseables” de la población y restringirles sus derechos, sin controles adecuados que eviten arbitrariedades.

Quizá estos problemas del código tengan una explicación. El Ministerio de Defensa, con ayuda de la Policía, fue quien le presentó al Congreso el proyecto de ley que se convirtió en el nuevo Código de Policía. Como es muy difícil que alguien se ate las manos a sí mismo, lo esperable era que el Ministerio de Defensa y la Policía defendieran un código que no impone controles vigorosos para reducir arbitrariedades policiales. Y también algo de culpa tiene un sector de la sociedad, que relaciona con delincuentes los mismos perfiles de ciudadanos contra los que se dirige el código y le exige a la Policía actuar en su contra.

La respuesta no puede ser un código que erosiona derechos de estas poblaciones. Diversos estudios han mostrado que la legitimidad de la policía es un factor de riesgo en la comisión de delitos. Es decir, cuando las personas consideran que los policías son arbitrarios, tienden a incumplir más las normas. Dicho de otro modo, cuando sienten que la policía es respetuosa y sensible a sus preocupaciones, se inclinan a cumplir más. Desde esta perspectiva, un código que promueve la violación de derechos de ciertas poblaciones tiene el peligro de aumentar la desconfianza en la Policía y el incumplimiento de normas por parte de estas poblaciones.

La esperanza es que aún se puede revertir en algo este error y domesticar al león. Las autoridades locales pueden expedir códigos de policía departamentales y municipales, en los que contemplen controles y limitaciones para los policías. La Corte Constitucional puede hacer lo mismo al resolver las más de 40 demandas (una de ellas, de Dejusticia) que se han interpuesto contra el código. Y la Policía puede callar a quienes hemos criticado al código y darnos una lección de democracia, al construir protocolos para que las facultades que le otorgaron para garantizar seguridad y orden no terminen siendo una excusa para perfilar y violar derechos “legalmente”.

*Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).