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El ex alto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue acusado por la Fiscalía de ofrecer cuotas burocráticas a la excongresista Yidis Medina Padilla —hoy condenada— para que aprobara el proyecto de reelección inmediata que le permitió a Uribe Vélez seguir de largo otros cuatro años en la Casa de Nariño.
Pretelt de la Vega siempre ha insistido en su inocencia en este caso, así como lo han hecho el exministro Diego Palacio y el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez. No obstante, a pesar de múltiples dilaciones y cuando el proceso estaba a punto de prescribir, el fiscal Álvaro Osorio dejó en firme el llamamiento a juicio en contra de los tres exfuncionarios e incluso rechazó varias solicitudes de nulidad. Por eso Pretelt de la Vega interpuso una tutela alegando que se había violado su debido proceso. Su argumento es que, como tenía fuero como ministro, quien debía acusarlo era el fiscal general, no uno de sus delegados.
Sin embargo, la exfiscal Viviane Morales promovió una ley en la que el Congreso la autorizaba a delegar este tipo de procesos con el objetivo de descongestionar su despacho y garantizar la celeridad de la administración de justicia. Precisamente el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca rechazó la tutela de Sabas Pretelt y reiteró que la Fiscalía no le ha violado el debido proceso, ni nada parecido. Una vez notificado, el exministro apeló la decisión ante el Consejo Superior de la Judicatura. Por reparto, el caso le correspondió al magistrado Pedro Sanabria.
En los próximos días se conocerá la suerte definitiva de la tutela que pretende tumbar la yidispolítica. Si lo logra, el caso automáticamente prescribirá.