Con tutela, piden que el Gobierno formalice tres zonas de reserva campesina

Desde 2011, tres comunidades iniciaron el proceso para constituirse como zonas de reserva campesina (ZRC), espacios para fomentar y estabilizar la economía de la población rural y ayudar a superar los conflictos sociales en el campo, de acuerdo con el decreto 1777 de 1996. Sin embargo, según una reciente acción de tutela presentada por Dejusticia, en compañía de la Procuraduría y cuatro organizaciones campesinas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se encarga de aprobar el trámite, habría incurrido en una dilación injustificada en contra de las comunidades.

En contexto: Zonas de reserva campesina: 64 oportunidades para proteger el medio ambiente.

Se trata de los territorios de Sumapaz (Cundinamarca), Losada-Guayabero (Meta) y Güejar-Cafre (Meta), las cuales ya habrían cumplido, desde hace más de cuatro años, con todos los requisitos que exige la ley para ser constituidas como ZRC. Y, según Dejusticia, solo falta un paso para su reconocimiento: que la ANT lleve las solicitudes a su consejo directivo para que sean aprobadas. “Exigimos que se garanticen los derechos de las comunidades a la territorialidad campesina, a la igualdad material y al debido proceso”, señaló la organización de derechos humanos en un comunicado.

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y apoderado de las organizaciones campesinas, explicó que presentaron esta tutela porque consideran que las dilaciones de la ANT son totalmente injustificadas. “El campesinado tiene derecho a una territorialidad y una de sus manifestaciones más importantes son las zonas de reserva campesina, que adquirieron con el Acuerdo de Paz un cierto estatus constitucional. Por eso le corresponde al gobierno y a las autoridades impulsarlas teniendo en cuenta que los campesinos son sujetos de especial protección constitucional”, aseguró.

Las ZRC nacieron con la Ley 160 de 1994. Dentro de sus objetivos para la comunidad, según la Asociación Nacional de Reservas Campesinas (Anzorc), está la apropiación del territorio, el cultivo como medio de surgimiento económico, la protección de los recursos naturales, la permanencia y cuidado de la tierra y, además, el cuidado del arraigo y la cultura campesina. “Una esperanza de vida digna para nuestros descendientes y nosotros”, expone Anzorc. Sin embargo, tras 26 años, solo se han constituido siete zonas y otras 23 han sido solicitadas, incluyendo las de la presente acción de tutela.

“Esta figura no es una forma de propiedad colectiva como un resguardo indígena o un consejo comunitario afro. Sin embargo, es una herramienta que permite planificar el uso del territorio con cuatro grandes objetivos: promover la economía campesina, proteger el medio ambiente, evitar el acaparamiento de tierras y frenar la expansión de la frontera agrícola”, agregó Dejusticia en un comunicado. Mientras los tres territorios no sean reconocidos como ZRC, no podrán implementar planes de desarrollo sostenible entre las comunidades y las autoridades locales. Incluso, indicó la queja, en la actualidad no son tenidos en cuenta los métodos de producción campesinos.

Para financiar los planes de desarrollo sostenible presentados ante la ANT, el territorio de Losada-Guayabero (Meta), por ejemplo, ha tenido que recurrir a bazares y rifas. De acuerdo con la acción de tutela, la respuesta de la agencia de Gobierno ha sido “omisiva” y “dilatoria”. Así lo denuncia Arnobis Zapata, líder de sustitución de cultivos y miembro de Anzorc: “existe una mezcla de falta de voluntad política e incumplimiento de la Ley en todo el país. Les han puesto talanqueras a los procesos buscando beneficiar otros intereses económicos en la región”.

Así mismo, las organizaciones campesinas denuncian que el único argumento de la ANT para justificar su tardanza en el reconocimiento de los dos territorios ubicados en Meta (Losada-Guayabero y Güejar-Cafre), es que en ambas zonas aun se está verificando que no haya cultivos ilícitos. Sin embargo, uno de los objetivos de las zonas de reserva campesina es, precisamente, apoyar la sustitución, añade Dejusticia en la acción de tutela, que ya fue radicada ante un juzgado del circuito.

En contexto: Lo que frena la Reserva Campesina de Sumapaz.

De hecho, las ZRC son mencionadas específicamente en el Acuerdo de Paz. En el apartado sobre la “Reforma Rural Integral”, que habla sobre nuevas condiciones para el bienestar de la población rural, el Gobierno reconoció que tales zonas son “iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas”.

En conclusión, Dejusticia asegura que la ANT ha puesto trabas para no avanzar en el reconocimiento de las comunidades. La organización no solo le pedirá al juez de tutela que ordene a la ANT darle luz verde a las tres zonas de reserva campesina, sino también que la misma agencia tome las medidas necesarias para garantizar que se implementen los planes de desarrollo sostenible. Así mismo, solicitaron que se le ordene al Gobierno impulsar y fortalecer los dispuesto en el Acuerdo.

Desde 2011, tres comunidades iniciaron el proceso para constituirse como zonas de reserva campesina (ZRC), espacios para fomentar y estabilizar la economía de la población rural y ayudar a superar los conflictos sociales en el campo, de acuerdo con el decreto 1777 de 1996. Sin embargo, según una reciente acción de tutela presentada por Dejusticia, en compañía de la Procuraduría y cuatro organizaciones campesinas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se encarga de aprobar el trámite, habría incurrido en una dilación injustificada en contra de las comunidades.

En contexto: Zonas de reserva campesina: 64 oportunidades para proteger el medio ambiente.

Se trata de los territorios de Sumapaz (Cundinamarca), Losada-Guayabero (Meta) y Güejar-Cafre (Meta), las cuales ya habrían cumplido, desde hace más de cuatro años, con todos los requisitos que exige la ley para ser constituidas como ZRC. Y, según Dejusticia, solo falta un paso para su reconocimiento: que la ANT lleve las solicitudes a su consejo directivo para que sean aprobadas. “Exigimos que se garanticen los derechos de las comunidades a la territorialidad campesina, a la igualdad material y al debido proceso”, señaló la organización de derechos humanos en un comunicado.

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y apoderado de las organizaciones campesinas, explicó que presentaron esta tutela porque consideran que las dilaciones de la ANT son totalmente injustificadas. “El campesinado tiene derecho a una territorialidad y una de sus manifestaciones más importantes son las zonas de reserva campesina, que adquirieron con el Acuerdo de Paz un cierto estatus constitucional. Por eso le corresponde al gobierno y a las autoridades impulsarlas teniendo en cuenta que los campesinos son sujetos de especial protección constitucional”, aseguró.

Las ZRC nacieron con la Ley 160 de 1994. Dentro de sus objetivos para la comunidad, según la Asociación Nacional de Reservas Campesinas (Anzorc), está la apropiación del territorio, el cultivo como medio de surgimiento económico, la protección de los recursos naturales, la permanencia y cuidado de la tierra y, además, el cuidado del arraigo y la cultura campesina. “Una esperanza de vida digna para nuestros descendientes y nosotros”, expone Anzorc. Sin embargo, tras 26 años, solo se han constituido siete zonas y otras 23 han sido solicitadas, incluyendo las de la presente acción de tutela.

“Esta figura no es una forma de propiedad colectiva como un resguardo indígena o un consejo comunitario afro. Sin embargo, es una herramienta que permite planificar el uso del territorio con cuatro grandes objetivos: promover la economía campesina, proteger el medio ambiente, evitar el acaparamiento de tierras y frenar la expansión de la frontera agrícola”, agregó Dejusticia en un comunicado. Mientras los tres territorios no sean reconocidos como ZRC, no podrán implementar planes de desarrollo sostenible entre las comunidades y las autoridades locales. Incluso, indicó la queja, en la actualidad no son tenidos en cuenta los métodos de producción campesinos.

Para financiar los planes de desarrollo sostenible presentados ante la ANT, el territorio de Losada-Guayabero (Meta), por ejemplo, ha tenido que recurrir a bazares y rifas. De acuerdo con la acción de tutela, la respuesta de la agencia de Gobierno ha sido “omisiva” y “dilatoria”. Así lo denuncia Arnobis Zapata, líder de sustitución de cultivos y miembro de Anzorc: “existe una mezcla de falta de voluntad política e incumplimiento de la Ley en todo el país. Les han puesto talanqueras a los procesos buscando beneficiar otros intereses económicos en la región”.

Así mismo, las organizaciones campesinas denuncian que el único argumento de la ANT para justificar su tardanza en el reconocimiento de los dos territorios ubicados en Meta (Losada-Guayabero y Güejar-Cafre), es que en ambas zonas aun se está verificando que no haya cultivos ilícitos. Sin embargo, uno de los objetivos de las zonas de reserva campesina es, precisamente, apoyar la sustitución, añade Dejusticia en la acción de tutela, que ya fue radicada ante un juzgado del circuito.

En contexto: Lo que frena la Reserva Campesina de Sumapaz.

De hecho, las ZRC son mencionadas específicamente en el Acuerdo de Paz. En el apartado sobre la “Reforma Rural Integral”, que habla sobre nuevas condiciones para el bienestar de la población rural, el Gobierno reconoció que tales zonas son “iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas”.

En conclusión, Dejusticia asegura que la ANT ha puesto trabas para no avanzar en el reconocimiento de las comunidades. La organización no solo le pedirá al juez de tutela que ordene a la ANT darle luz verde a las tres zonas de reserva campesina, sino también que la misma agencia tome las medidas necesarias para garantizar que se implementen los planes de desarrollo sostenible. Así mismo, solicitaron que se le ordene al Gobierno impulsar y fortalecer los dispuesto en el Acuerdo.