El ex magistrado de la Corte Suprema Yesid Ramírez Bastidas propuso ante la Procuraduría General de la Nación una conciliación por cerca de 2.000 millones de pesos derivados del daño ocasionado por las entidades estatales en su contra y en contra de su familia por el capítulo de las ‘chuzadas’.
El alto jurista consideró que las actuaciones adelantadas irregularmente por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en su contra derivaron en daños a la moral, a la vida de relación, al buen nombre, a la integridad personal y a la salud física y mental, además de un daño emergente originado por el pago de 200 millones de pesos a su abogado de confianza Hugo Quintero, para que éste asumiera su representación dentro del proceso.
Indicó que las consecuencias para su salud física y mental se vieron reflejadas en la tristeza, la rabia, la preocupación e innumerables noches de insomnio que le generaron, entre otras eventualidades, la ostensible reducción de la vida social de su núcleo familiar, consecuencia de su temor de ser espiados, rechazados o hasta agredidos.
Precisó que, pese a haber acumulado varios réditos y reconocimientos en su vida profesional como magistrado de la Corte Suprema, que presidió en 2007, terminó siendo objeto de varios señalamientos injuriosos, retratando el caso del artículo titulado ‘El mecenas de la justicia’, que retrata un viaje a Neiva, Huila, que terminó siendo un intento por desprestigiar a los togados, relacionándolos con supuestos narcotraficantes, hechos sin ninguna veracidad, según la Fiscalía.
Recordó que el Gobierno Nacional lanzó una andanada de ataques contra la Corte, cada vez que ese tribunal tomó decisiones que no fueron del agrado del Ejecutivo, como el negarse a que los desmovilizados paramilitares inmersos en la Ley de Justicia y Paz fueran juzgados por sedición, hecho que culminó en adjetivos agraviantes para esa Corporación, que en su momento fue tildada como ‘enemiga de la patria’.
Hizo énfasis en los señalamientos de los que fue víctima, luego de haber sido el magistrado sustanciador en trascendentales temas del escándalo de la parapolítica; tal es el caso de los procesos adelantados contra Erick Morris y Álvaro García.
En el documento donde se propone el monto y las condiciones de la conciliación con el Estado recordó otros pasajes, como los señalamientos del ex vicepresidente Francisco Santos, posteriores a la detención del ex senador Mario Uribe, cuando sugirió que la Corte había sido infiltrada por el narcotráfico.
Por El Espectador
