Condena contra Álvaro Uribe a 12 años: repase la audiencia completa

A esta hora, la jueza Sandra Liliana Heredia, jefa del juzgado 44 penal de conocimiento de Bogotá, explica el monto de la pena que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pagará, tras haber sido declarado culpable, en primera instancia, por fraude procesal y soborno en actuación penal. Según conoció este diario, la condena fue a 12 años de prisión domiciliaria y multa de $3.444 millones.

La funcionaria judicial explicará cómo tasó el periodo de privación de la libertad, teniendo en cuenta lo establecido en el Código penal para ambos delitos. Asimismo, Heredia también hablará sobre las condiciones que beneficiaron al expresidente Uribe, tales como la edad, la ausencia de antecedentes judiciales y, de hecho, la solicitud de la Fiscalía de que acceder a la prisión domiciliaria.

Así avanza la audiencia:

El expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo el espacio para sustentar el recurso de apelación que su defensa radicará ante la justicia. Primero, recriminó las palabras con las que la jueza del caso se refirió a su hijo: “Tengo que comunicarles a ustedes y a las autoridades competentes que se ha tratado a mis hijos de faltos de gallardía, cuando, a lo largo de este proceso, no han tenido un solo comentario irrespetuoso, señora juez”.

Y agregó: “Aquí no hubo respeto ni por mi defensa, ni por mí. No entiendo mi condición, primero de acusado, y ahora de condenado. Pero es que tenemos toda la posibilidad de que nos protejan los derechos humanos. Aquí nos tratan como si fuéramos X, sin considerar que somos seres humanos. Uno de los temas por los cuales se tuvo que acudir a las instancias superiores fue justamente por la animosidad, por el desvío temperamental de la señora jueza contra mi defensa”.

Uribe Vélez no entendió, en sus palabras, por qué no se le permitió la protección del principio de publicidad, que habría sido vulnerado con la filtración de su sentencia condenatoria. Sobre todo, teniendo en cuenta que a la jueza se le permitió el principio de concentración, pues se dedicó exclusivamente al proceso Uribe Vélez desde que llegó a su despacho.

“El fallo me interpretó a su amaño. El fallo me maltrató sin conocer mis antecedentes en mi vida política. No repasó mi transparencia y mi verticalidad para enfrentar como minoría los debates en la Universidad de Antioquia. Ni tampoco los años de mi madurez cuando en el gobierno fui vertical para asumir responsabilidades. Mintió la Fiscalía. Este fallo está soportado en el ánimo político de afectar a un dirigente de oposición. El fallo me trata de urdidor de mentiras, sin detenerse en lo que ha sido mi recorrido en la vida pública colombiana”, fue otra de las consideraciones de Uribe.

Todas las partes de un proceso penal tienen derecho a apelar una sentencia de primera instancia, con miras a que un tribunal de magistrados tomen una nueva decisión. Ni la Fiscalía ni la defensa de víctimas, integrada por Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, presentaron el recurso de apelación, probablemente al sentirse cómodos con la decisión.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, alertó que dentro de los próximos días presentará su recurso de apelación. Cabe recordar que durante el juicio solicitó la absolución del expresidente Uribe Vélez. Asimismo, el abogado Jaime Granados también aseguró que presentará el recurso de apelación, por los delitos que determinaron la culpabilidad de su cliente, pero solicitó un término más amplio (cinco días adicionales) para preparar mejor su recurso judicial. La jueza accedió a ello.

Uribe Vélez también alzó la mano y dijo: “Señora juez, yo interpondré el recurso de apelación”.

Una de las últimas estrategias de defensa de Jaime Granados, abogado de Uribe Vélez, fue solicitarle a la jueza Heredia que, por principio de publicidad, se hiciera una lectura más juiciosa de la sentencia condenatoria de 1.114 páginas. De hecho, Granados dijo que, de no hacerlo, en caso podría ser declarado nulo en algún momento futuro. El abogado aseguró, además, que la filtración de la sentencia pudo haber quebrado ese principio.

Sin embargo, así respondió Heredia: “Yo he sido muy respetuosa de todos los derechos. Entiendo también, doctor, su eh solicitud, pero no puedo acceder a ella. Tenemos que ser también conscientes, y de verdad llevamos seis meses sin descanso en esto... y ponemos a leer una sentencia de 1.114 páginas”. Y negó la petición. La Fiscalía y la Procuraduría avalaron esa decisión, teniendo en cuenta, además, que Granados está en su derecho de utilizar todas las vías que considere necesarias para ejercer la defensa de su cliente.

“Es claro que el sentenciado Álvaro Uribe Vélez demostró su arraigo social y familiar en la vereda del Tablazo, en la jurisdicción del municipio de Rionegro, Antioquia, junto con su esposa Lina María Moreno Mejía”. Esa fue una de las razones por las cuales la jueza Heredia accedió a otorgarle a Uribe Vélez el beneficio de la prisión domiciliaria. Además, porque no cometió delitos violentos, ni relacionados con abusos sexuales o contra la niñez.

Por otro lado, dado que para la jueza la sentencia de primera instancia debe cumplirse de inmediato, se ordenó a las autoridades el traslado de Uribe Vélez a su lugar de domicilio. Asimismo, se activó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que, en lo de su competencia, registre al líder natural del Centro Democrático y lo tenga en cuenta como sujeto privado de la libertad.

A continuación, la jueza Heredia hizo los cálculos que el Código Penal establece para dar con la cifra final de la pena a imponer, en este caso, de 12 años de prisión domiciliaria. “El daño fue colosal”, explicó, dado que se demostró en primera instancia que Uribe Vélez intentó engañar a funcionarios de justicia del más alto nivel. Asimismo, la jueza dejó claro que el expresidente debía estar enterado de las consecuencias de sus actos por su condición de abogado.

Teniendo en cuenta la cantidad de hechos en los que se encontró responsabilidad de Uribe, entre otras variables a tener en cuenta, la pena final fue tasada en 12 años de privación de la libertad. Dado que la Fiscalía no demostró que Uribe Vélez se hubiese favorecido económicamente de sus actos, la jueza tasó la multa con lo mínimo esperable en el Código Penal, lo cual terminó en una sanción de $3.444 millones.

Sobre el sentido del fallo, Heredia mencionó haber tenido en cuenta los eventos que fueron denominados como “Picota” y “Neiva”, en relación con el testigo Juan Guillermo Monsalve y la investigación por los sobornos ofrecidos a Carlos Enrique Vélez, alias Caliche, y Euridice Cortés Velasco, alias Diana.

Heredia le aclaró, directamente, al abogado de Álvaro Uribe, Jaime Granados, que en la valoración conjunta, de más de 900 páginas, se abordaron todos los temas pertinentes a la condena. Granados está pendiente de radicar un recurso de apelación para llevar el caso a segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

La audiencia empezó con el saludo de los presentes, incluido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien le envió un “saludo respetuoso” a la jueza del caso. Sin embargo, la cordialidad duró apenas segundos luego de que la jueza Heredia reprendiera a las partes del proceso por filtrar la sentencia condenatoria durante la mañana. Además, la jueza señaló a Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe, por no haber “tenido la gallardía” de acompañarlo durante el juicio.

Ante ello, el expresidente Uribe respondió lo siguiente: “Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero No le acepto que se meta con mi familia”. A renglón seguido, la jueza Heredia aseguró que simplemente quiso dejar “constancia de lo que sucedió en la mañana”. Y procedió a callar al expresidente Uribe.

Hasta el momento, el juicio del expresidente Álvaro Uribe apunta a que el exmandatario sabía sobre la búsqueda de testigos en las cárceles del país para intentar favorecerse con sus testimonios. Para establecer esto, fue clave el abogado Diego Cadena, quien actualmente se encuentra en mitad de un juicio para establecer si realmente ofreció beneficios a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con paramilitares.

Además, la jueza Heredia avaló como prueba las interceptaciones realizadas a los teléfonos de Uribe y Cadena, en la que se demostraría el plan para ofrecer beneficios a los testigos. Asimismo, se consideró la validez del intento de Cadena para manipular a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, un exparamilitar al que, incluso, Cadena habría ofrecido beneficios económicos a cambio de su testimonio. Sin embargo, alias “Víctor”, estableció que el abogado solo le habría pagado $26 millones del dinero pactado, por lo que decidió cambiar su versión de los hechos.

Lo mismo habría ocurrido con la exparamilitar Eurídice Cortés, alias“Diana”, a quien Cadena le pidió grabar un video para favorecer a Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, Álvaro Uribe habría sido encontrado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, la jueza estableció que el exmandatario será absuelto por el delito de soborno, lo cual también se resolverá en la segunda instancia.

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