Condena por masacre en Barrancabermeja

Hace 12 años el puerto de Barrancabermeja se vio estremecido por una incursión paramilitar que significó el comienzo de una larga pesadilla en los barrios nororientales y surorientales de la ciudad. Fue la masacre del 16 de mayo de 1998, en la que hombres vestidos de negro, con pasamontañas y armas de corto y largo alcance asesinaron a siete personas y desaparecieron a otras 25. Este capítulo de la barbarie paramilitar se acaba de saldar, en primera instancia, al ser proferidas dos sentencias contra siete de los ejecutores del violento hecho.

La decisión fue proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y cobija a los sujetos Hermes Anaya Gutiérrez, alias Chicalá; Jorge Anaya Gutiérrez, alias El Zorro; Fremio Sánchez Carreño, alias El Loco Esteban; Alexánder Gutiérrez, alias Picúa; Joaquín Morales, alias Danilo, y Ovidio Sánchez Martínez. Junto con estos individuos también fue condenado Javier Pumarejo Martínez, conocido como El Panadero, quien fue reconocido como uno de los promotores de los asesinatos y desapariciones.

Todos los procesados se acogieron a la figura de la sentencia anticipada, es decir, que de manera libre y consciente aceptaron ante la justicia su responsabilidad en los hechos. Por esta razón se vieron beneficiados procesalmente y recibieron condena a 20 años de prisión en calidad de coautores de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, así como de desaparición forzada en la misma condición. La jueza que emitió las dos sentencias debió aceptar que el delito de porte ilegal de armas ya había prescrito.

La llamada masacre del 16 de mayo de 1998 se originó en los barrios La Esperanza, El Paraíso, Villarelis II, El Campín, María Eugenia y Veinte de Agosto. Según los testimonios y las pruebas recaudadas en el expediente, los agresores portando fusiles Galil y subametralladoras, inicialmente asesinaron a varias personas a quienes atribuyeron cercanías con los grupos guerrilleros. Posteriormente, se llevaron consigo a 25 personas que, tiempo después, los mismos asesinos reconocieron que les causaron la muerte de manera violenta.

Este acontecimiento provocó en su momento una crisis en el puerto petrolero y, con el correr de los años, el hecho se convirtió en una de las secuencias de violación de los derechos humanos de mayor impacto y gravedad. Los sentenciados, sin embargo, son apenas los autores materiales de la masacre y las desapariciones. Los autores intelectuales, la cúpula del paramilitarismo, aún salda sus cuentas en la Ley de Justicia y Paz o en varias cárceles de los Estados Unidos.

Hace 12 años el puerto de Barrancabermeja se vio estremecido por una incursión paramilitar que significó el comienzo de una larga pesadilla en los barrios nororientales y surorientales de la ciudad. Fue la masacre del 16 de mayo de 1998, en la que hombres vestidos de negro, con pasamontañas y armas de corto y largo alcance asesinaron a siete personas y desaparecieron a otras 25. Este capítulo de la barbarie paramilitar se acaba de saldar, en primera instancia, al ser proferidas dos sentencias contra siete de los ejecutores del violento hecho.

La decisión fue proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y cobija a los sujetos Hermes Anaya Gutiérrez, alias Chicalá; Jorge Anaya Gutiérrez, alias El Zorro; Fremio Sánchez Carreño, alias El Loco Esteban; Alexánder Gutiérrez, alias Picúa; Joaquín Morales, alias Danilo, y Ovidio Sánchez Martínez. Junto con estos individuos también fue condenado Javier Pumarejo Martínez, conocido como El Panadero, quien fue reconocido como uno de los promotores de los asesinatos y desapariciones.

Todos los procesados se acogieron a la figura de la sentencia anticipada, es decir, que de manera libre y consciente aceptaron ante la justicia su responsabilidad en los hechos. Por esta razón se vieron beneficiados procesalmente y recibieron condena a 20 años de prisión en calidad de coautores de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, así como de desaparición forzada en la misma condición. La jueza que emitió las dos sentencias debió aceptar que el delito de porte ilegal de armas ya había prescrito.

La llamada masacre del 16 de mayo de 1998 se originó en los barrios La Esperanza, El Paraíso, Villarelis II, El Campín, María Eugenia y Veinte de Agosto. Según los testimonios y las pruebas recaudadas en el expediente, los agresores portando fusiles Galil y subametralladoras, inicialmente asesinaron a varias personas a quienes atribuyeron cercanías con los grupos guerrilleros. Posteriormente, se llevaron consigo a 25 personas que, tiempo después, los mismos asesinos reconocieron que les causaron la muerte de manera violenta.

Este acontecimiento provocó en su momento una crisis en el puerto petrolero y, con el correr de los años, el hecho se convirtió en una de las secuencias de violación de los derechos humanos de mayor impacto y gravedad. Los sentenciados, sin embargo, son apenas los autores materiales de la masacre y las desapariciones. Los autores intelectuales, la cúpula del paramilitarismo, aún salda sus cuentas en la Ley de Justicia y Paz o en varias cárceles de los Estados Unidos.