El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer a la opinión pública que el condenado excongresista Mario Castaño falleció recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecía privado de su libertad por delitos de corrupción.
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La información dada a conocer preliminarmente establece que Mario Castaño, considerado el “barón liberal” en el Eje Cafetero, habría fallecido de un infarto.
“Policía Judicial del INPEC ya se encuentra en el lugar de los hechos a la espera del procedimiento que permita determinar las causas de su deceso”, agregó el instituto penitenciario.
Mario Castaño estaba sentenciado a 15 años de prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia, por ser el líder de una red de corrupción en contratación estatal, integrada por servidores públicos y particulares, con injerencia en municipios de Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca.
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La condena contra Mario Castaño es por 19 delitos que le formuló la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.
Según la investigación, el caldense aprovechó sus conocimientos como contador público profesional y su información privilegiada de las finanzas de la nación para delinquir. Montó todo un entramado de corrupción a través de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), como lo denomina la Fiscalía, en el que se direccionaban contratos para obras públicas en varios departamentos del país a cambio de porcentajes de esos acuerdos.
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La red de “marionetas” de Castaño, como fue bautizado el caso, enlodó entidades como el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otras.
De acuerdo con datos suministrados por la Fiscalía a El Espectador, en las cuatro fases de la investigación fueron capturadas 37 personas, de las cuales la mayoría ya aceptaron cargos o se encuentran a la espera de que un juez avale el preacuerdo que firmaron con el ente investigador.
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