Condenados a 6 años exfuncionarios del DAS por chuzadas

El juez 14 de conocimiento condenó a 71 meses de prisión a la exdirectora operativa del DAS Luz Marina Rodríguez, y exjefe anticorrupción de la misma entidad, Bernardo Murillo Cajamarca en el proceso que se les adelantaba por el escándalo de las chuzadas.

El juzgado los halló culpable a los exfuncionarios del delito de prevaricato por acción, al considerar que según los testimonios recolectados a lo largo de este proceso judicial se encontró que Murillo y Rodríguez conocían de primera mano los seguimientos hechos el DAS a los magistrados de la Corte Suprema, así como a los entonces congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell.

“Los actos prevaricadores fueron en contra de un funcionario público, es decir de un magistrado que gozaba de fuero constitucional”, precisó el juez de conocimiento. 

Y es que según las pruebas recolectadas, entre los que se encuentran testimonios y registros documentales, los dos exfuncionarios participaron en una reunión en la que participaron Martha Leal y José Fernando Tabares, en la cual se realizó el plan de acción para conseguir una información determinada y se designaron labores para conseguir todo lo relacionado con la presunta infiltración del narcotráfico en la Corte Suprema. 

En la lectura del fallo que duró más de tres horas, se consideró que desde el DAS se realizó una campaña que buscaba desprestigiar ante la opinión pública a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de sus decisiones fueran cuestionadas y puestas en tela de juicio por el común de las personas. 

Los dos exfuncionarios fueron multados además con el pago de 175 salarios mínimos legales vigentes, así como la inhabilidad de 96 meses para ejercer cargos públicos.

En la decisión judicial se ordenó la detención domiciliaria de estas dos personas al considerar que tenían arraigo en la sociedad, y que al haber salido ya del organismo de inteligencia y la inhabilidad con la que fueron cobijados "no podrán continuar con la actividad delictiva contra la administración pública". 

Vale recordar que estos funcionarios ya habían sido absueltos de los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública, abuso de autoridad e interceptación ilícita de comunicaciones, “al considerar que no existían pruebas que demostraran su responsabilidad en estos casos”, decisión que fue apelada por la Fiscalía.

Rodríguez y Murillo a la fecha han pagado 328 días y dos años y nueve meses, respectivamente, de casa por cárcel.

Los hechos

En el caso de los magistrados se señaló que se realizaron serios seguimientos a sus movimientos y viajes lo cual tenía como objetivo fundamental demostrar los presuntos nexos entre los togados y el empresario y supuesto narcotraficante Ascensio Reyes, para lo cual se utilizaron fuentes humanas, monitoreo de correos electrónicos, registros de viajes, movimientos de cuentas bancarias y la interceptación de comunicaciones.

Con esto se buscaba demostrar que los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas y César Julio Valencia Copete con el narcotraficante oriundo del Huila, con el fin de demostrar que éste los había invitado a un viaje con todos los gastos pagos en el marco de la llamada “operación paseo”.

Y es que según las ordenes entregadas por la exdirectora del organismo de inteligencia era menester encontrar un vínculo directo de los magistrados con el presunto narcotraficante quien los habría invitado a Huila e Islas Margaritas, para lo cual utilizó su agencia de viajes para el transporte y les ofreció todos los gastos pagos, “para lo cual se solicitó toda la información sobre los viajes”.

Además de estos registros el DAS pidió un detallado registro de los movimientos bancarios de los magistrados a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) con el fin de determinar si se presentó un aumento injustificado de los ingresos, o movimientos extraños.

En la decisión judicial se señaló que toda la recolección de esta información, la cual estuvo liderada por el exdirector de contrainteligencia, capitán Fernando Tabares, "por órdenes de la Casa de Nariño".

En el caso de los entonces senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, el DAS los consideraba "blancos políticos" por lo cual se buscaba establecer sus presuntos nexos con las Farc, así como relaciones con algunos "personajes" de la vida política y económica de Venezuela.

"Los senadores hicieron parte de los blancos políticos por presuntos vínculos de estos con las Farc. De ellos se recopiló información personal, familiar a través de interceptaciones, monitoreos de correos electrónicos, información por fuentes humanas y datos entregados por su personal de seguridad (el cual fue infiltrado)", precisó el juez.