Condenan a 11 años de prisión a tres militares por desaparición forzada de militante del M-19

En fallo de primera instancia, el juzgado sexto especializado de Bogotá condenó a 11 años de prisión al sargento (r) Bernardo Garzón Garzón; el coronel (r) Camilo Pulecio Tovar; y al sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno por su participación y responsabilidad en la tentativa de homicidio y desaparición forzada de Guillermo Marín, exmilitante del movimiento M-19. (Ver: El caso Marín sigue en pie)

De acuerdo con la investigación judicial, Marín fue retenido por un grupo de uniformados cuando caminaba el 8 de abril de 1986 en el centro de Bogotá, después de haber participado en una reunión con defensores de derechos humanos, líderes sociales y religiosos en la que se fijó presentarle un documento al papa Juan Pablo II en su visita a Colombia. En el documento se le iba explicar varios casos de desaparición forzada de activistas en el país. ("Desaparecieron personas como política de Estado": abogado de Guillermo Marín)

Marín fue atado de pies y manos y trasladado en un vehículo al Batallón Charry Solano del Ejército, ubicado en el sur de la capital. Allí permaneció secuestrado durante dos días y, además, sometido a torturas y tratos crueles.

Durante su secuestro, los uniformados le habrían manifestado que hacían parte del B-2 del Ejército (batallón que se encargaba de las tareas de inteligencia y contrainteligencia por esa época). Después de su retención, Marín fue trasladado a una zona apartada de la ciudad en donde fue envuelto en un costal, amarrado de nuevo de pies y manos, y recibió dos disparos.

Tras sobrevivir al atentado, Marín se exilió en Londres. Pero antes de irse, le dio el poder a un abogado para que adelantara el proceso penal y le dio todos los detalles de lo que había vivido. Las investigaciones y declaraciones de compañeros y amigos que sabían que Marín había estado en la reunión el 8 de abril de 1986, empezaron a dar resultados.

Pronto se supo que quien había entregado el nombre de Marín a los militares del batallón Charry Solano había sido el sargento (r) Bernardo Garzón Garzón, quien estaba bajo las órdenes del general (r) Iván Ramírez, también investigado en este caso. José Cuesta, un líder guerrillero del M-19, escribió en su libro A dónde van los desaparecidos, que en junio de 1985 llegó a las filas de su grupo un hombre que se identificó como Lucas. “De lejos el mejor, el más dotado, el más avezado, dueño de una frialdad abrumadora”, relató Cuesta.

Cuesta y sus hombres se dieron cuenta rápidamente que Lucas era un sargento del Charry Solano y que su nombre real era Bernardo Garzón. El líder guerrillero le alcanzó a avisar a Marín que los militares iban a allanar la sede de la Juventud de Trabajadores, a donde solía asistir, creyendo que el problema iba a acabar allí. En la noche del 8 de abril de hace 31 años, además del secuestro de Marín, fue asesinado el director de la revista Solidaridad, Antonio Hernández, quien había estado en la reunión junto a Marín y a otras personas en la sede que el Ejército iba a tomarse.

Después del exilio de su compañero, Cuesta trató de desaparecer del mapa pues temía ser el siguiente en la lista. Lo logró hasta comienzos de abril de 1988 fecha en la cual Garzón lo encontró en Bogotá. El propio líder guerrillero contó en su libro que el entonces sargento lo retuvo durante 14 días durante los cuales le ofreció dejar de torturarlo a cambio de que le diera información. De no ser porque el M-19 exigió el retorno de Cuesta como condición para liberar al político conservador, Álvaro Gómez Hurtado, que había sido secuestrado por el M-19 el 29 de mayo de 1988, probablemente no habría vivido para contarlo.

Bernardo Garzón pasó entonces a contarle a la justicia lo que sabía sobre varios casos de desaparición que se habrían llevado a cabo en la Brigada 20 del Ejército y el batallón Charry Solano. En 1990, por ejemplo, dio detalles en el expediente de Nydia Érika Bautista, una guerrillera del M-19 que había desaparecido el 30 de agosto de 1987. El abogado de la familia de la socióloga y economista, Eduardo Umaña, tomó el relato del militar retirado y dio con el paradero de los restos de la mujer.

Garzón quiso retractarse de sus declaraciones, en las que además señaló directamente al general (r) Iván Ramírez, pero ya era muy tarde. Desde 1996 hasta 2014, fue poco lo que se supo del sargento (r). El 30 de enero de hace tres años, su nombre volvió a los radares de las autoridades y de la opinión pública por cuenta de la decisión de la Fiscalía de capturarlo.  El exfiscal general, Eduardo Montealegre, dijo en ese momento que Garzón era el “eslabón perdido” en la investigación por la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Su declaración, aseguró, daría luces a la compleja investigación por estos hechos ya que él había estado presente en la Plaza de Bolívar ese 6 y 7 de noviembre de hace 31 años. (Capturan al sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón por retoma del Palacio de Justicia)

De inmediato, Garzón se defendió y le dijo directamente al exfiscal que no era ningún eslabón perdido y que no había estado en el centro de Bogotá el día de la toma. “Esas fotografías son de hace 30 años, si miramos yo hace 30 años era un muchacho. Puede que ahora me parezca, pero tenga la plena seguridad de que no soy yo porque yo no estaba allá", precisó Garzón. (Sargento (r) Bernardo Garzón negó participación en operación de recuperación del Palacio)

Dos años después de su captura, el sargento (r) quedó en libertad porque se vencieron los términos que tenía la Fiscalía para adelantar la investigación. La Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, insiste en que Garzón tuvo que ver en la desaparición de siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco. (En libertad el sargento (r) Bernardo Garzón, testigo clave en investigación en el caso del Palacio de Justicia)

Desde su liberación el pasado 5 de septiembre, el paradero de Garzón es desconocido. De acuerdo con información de allegados al militar retirado, éste habría salido del país por amenazas. 

En fallo de primera instancia, el juzgado sexto especializado de Bogotá condenó a 11 años de prisión al sargento (r) Bernardo Garzón Garzón; el coronel (r) Camilo Pulecio Tovar; y al sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno por su participación y responsabilidad en la tentativa de homicidio y desaparición forzada de Guillermo Marín, exmilitante del movimiento M-19. (Ver: El caso Marín sigue en pie)

De acuerdo con la investigación judicial, Marín fue retenido por un grupo de uniformados cuando caminaba el 8 de abril de 1986 en el centro de Bogotá, después de haber participado en una reunión con defensores de derechos humanos, líderes sociales y religiosos en la que se fijó presentarle un documento al papa Juan Pablo II en su visita a Colombia. En el documento se le iba explicar varios casos de desaparición forzada de activistas en el país. ("Desaparecieron personas como política de Estado": abogado de Guillermo Marín)

Marín fue atado de pies y manos y trasladado en un vehículo al Batallón Charry Solano del Ejército, ubicado en el sur de la capital. Allí permaneció secuestrado durante dos días y, además, sometido a torturas y tratos crueles.

Durante su secuestro, los uniformados le habrían manifestado que hacían parte del B-2 del Ejército (batallón que se encargaba de las tareas de inteligencia y contrainteligencia por esa época). Después de su retención, Marín fue trasladado a una zona apartada de la ciudad en donde fue envuelto en un costal, amarrado de nuevo de pies y manos, y recibió dos disparos.

Tras sobrevivir al atentado, Marín se exilió en Londres. Pero antes de irse, le dio el poder a un abogado para que adelantara el proceso penal y le dio todos los detalles de lo que había vivido. Las investigaciones y declaraciones de compañeros y amigos que sabían que Marín había estado en la reunión el 8 de abril de 1986, empezaron a dar resultados.

Pronto se supo que quien había entregado el nombre de Marín a los militares del batallón Charry Solano había sido el sargento (r) Bernardo Garzón Garzón, quien estaba bajo las órdenes del general (r) Iván Ramírez, también investigado en este caso. José Cuesta, un líder guerrillero del M-19, escribió en su libro A dónde van los desaparecidos, que en junio de 1985 llegó a las filas de su grupo un hombre que se identificó como Lucas. “De lejos el mejor, el más dotado, el más avezado, dueño de una frialdad abrumadora”, relató Cuesta.

Cuesta y sus hombres se dieron cuenta rápidamente que Lucas era un sargento del Charry Solano y que su nombre real era Bernardo Garzón. El líder guerrillero le alcanzó a avisar a Marín que los militares iban a allanar la sede de la Juventud de Trabajadores, a donde solía asistir, creyendo que el problema iba a acabar allí. En la noche del 8 de abril de hace 31 años, además del secuestro de Marín, fue asesinado el director de la revista Solidaridad, Antonio Hernández, quien había estado en la reunión junto a Marín y a otras personas en la sede que el Ejército iba a tomarse.

Después del exilio de su compañero, Cuesta trató de desaparecer del mapa pues temía ser el siguiente en la lista. Lo logró hasta comienzos de abril de 1988 fecha en la cual Garzón lo encontró en Bogotá. El propio líder guerrillero contó en su libro que el entonces sargento lo retuvo durante 14 días durante los cuales le ofreció dejar de torturarlo a cambio de que le diera información. De no ser porque el M-19 exigió el retorno de Cuesta como condición para liberar al político conservador, Álvaro Gómez Hurtado, que había sido secuestrado por el M-19 el 29 de mayo de 1988, probablemente no habría vivido para contarlo.

Bernardo Garzón pasó entonces a contarle a la justicia lo que sabía sobre varios casos de desaparición que se habrían llevado a cabo en la Brigada 20 del Ejército y el batallón Charry Solano. En 1990, por ejemplo, dio detalles en el expediente de Nydia Érika Bautista, una guerrillera del M-19 que había desaparecido el 30 de agosto de 1987. El abogado de la familia de la socióloga y economista, Eduardo Umaña, tomó el relato del militar retirado y dio con el paradero de los restos de la mujer.

Garzón quiso retractarse de sus declaraciones, en las que además señaló directamente al general (r) Iván Ramírez, pero ya era muy tarde. Desde 1996 hasta 2014, fue poco lo que se supo del sargento (r). El 30 de enero de hace tres años, su nombre volvió a los radares de las autoridades y de la opinión pública por cuenta de la decisión de la Fiscalía de capturarlo.  El exfiscal general, Eduardo Montealegre, dijo en ese momento que Garzón era el “eslabón perdido” en la investigación por la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Su declaración, aseguró, daría luces a la compleja investigación por estos hechos ya que él había estado presente en la Plaza de Bolívar ese 6 y 7 de noviembre de hace 31 años. (Capturan al sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón por retoma del Palacio de Justicia)

De inmediato, Garzón se defendió y le dijo directamente al exfiscal que no era ningún eslabón perdido y que no había estado en el centro de Bogotá el día de la toma. “Esas fotografías son de hace 30 años, si miramos yo hace 30 años era un muchacho. Puede que ahora me parezca, pero tenga la plena seguridad de que no soy yo porque yo no estaba allá", precisó Garzón. (Sargento (r) Bernardo Garzón negó participación en operación de recuperación del Palacio)

Dos años después de su captura, el sargento (r) quedó en libertad porque se vencieron los términos que tenía la Fiscalía para adelantar la investigación. La Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, insiste en que Garzón tuvo que ver en la desaparición de siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco. (En libertad el sargento (r) Bernardo Garzón, testigo clave en investigación en el caso del Palacio de Justicia)

Desde su liberación el pasado 5 de septiembre, el paradero de Garzón es desconocido. De acuerdo con información de allegados al militar retirado, éste habría salido del país por amenazas.