El paramilitar Hernán Giovanni Arteaga Plazas, alias “El Obrero”, fue condenado a 27 años de prisión. La justicia lo encontró responsable de homicidios sistemáticos ocurridos entre 2002 y 2003 en Boyacá, los cuales fueron calificados como crímenes de lesa humanidad.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja lo condenó a 330 meses de prisión (27 años y 6 meses), por su coautoría en cuatro homicidios agravados en concurso homogéneo y sucesivo. La justicia encontró que los crímenes hicieron parte de una estrategia sistemática en contra de personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla o delincuentes comunes.
En la decisión, el juzgado también resaltó que los hechos por los cuales se condenó al paramilitar son imprescriptibles por haber sido sistemáticos y generalizados. Asimismo, se estableció que “El Obrero” utilizó fachadas, como la venta de minutos telefónicos en la Plaza de Bolívar de Tunja, para identificar y ubicar a las víctimas.
Dentro de la sentencia, también se señala que el Estado tuvo participación en los crímenes al permitir la operación del grupo paramilitar y a través del apoyo de integrantes de la Fuerza Pública y de organismos estatales como el DAS, el CTI y la Policía.
Dentro de las víctimas que fueron reconocidas en este caso están Ricardo Rosales Orozco, Óscar Eliécer Moreno, Dydyer León y Juan Pablo Castro, quienes estuvieron representados a lo largo del litigio por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar). Aunque celebraron la decisión, desde el Cajar inisitieron en “la necesidad de avanzar en el esclarecimiento integral de la verdad, en particular frente a máximos responsables y frente a la participación y colaboración de agentes estatales y terceros que facilitaron, promovieron o toleraron estas prácticas criminales”.
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