Condenan a 8 años de prisión a cuatro "falsas víctimas" de la masacre de Mapiripán
Las hermanas Pinzón López recibieron más de 3 mil millones de pesos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Redacción Judicial
El juez 27 de conocimiento condenó a ocho años de prisión a las hermanas María Teresa, Esther, Sara Paula y Luz Mary Pinzón López por haber faltado a la verdad ante las autoridades judiciales con el fin de recibir una indemnización por la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano por los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán.
En la audiencia celebrada el 14 de octubre de 2015 las procesadas aceptaron su responsabildad en los delitos de fraude procesal, falso testimonios, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares imputados por la Fiscalía General. Por estos mismos hechos fueron cobijadas con medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor. En diversas oportunidades han manifestado que reintegrarán el dinero que recibieron como indemnización por orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Según la investigación las procesadas denunciaron que cinco de sus familiares habían sido asesinados durante la incursión comandanda del grupo paramiltiar comandado por Salvatore Mancuso Gómez. Debido a esto recibieron una acreditación como víctimas la cual fue presentada en la demanda en contra del Estado colombiano por la participación de agentes de miembros de la Fuerza Pública por estos hechos. (Ver "Falsas víctimas" de la masacre de Mapiripán pidieron perdón)
El organismo internacional le ordenó al Estado el pago de 2.946 millones de pesos como indemnización para las ahora acusadas. En su fallo la Corte Intermaericana manifestó que habían sido 40 las víctimas mortales de la masacre, sin embargo en los últimos años se conocieron testimonios y documentos que indican que la cifra es menor.
Estas sentencias son la base en la demanda de revisión que presentó el general (r) Jaime Humberto Uscátegui ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para reversar la condena de 37 años de prisión emitida por omitir sus funciones y permitir el ingreso de los paramilitares en la región.
El juez 27 de conocimiento condenó a ocho años de prisión a las hermanas María Teresa, Esther, Sara Paula y Luz Mary Pinzón López por haber faltado a la verdad ante las autoridades judiciales con el fin de recibir una indemnización por la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano por los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán.
En la audiencia celebrada el 14 de octubre de 2015 las procesadas aceptaron su responsabildad en los delitos de fraude procesal, falso testimonios, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares imputados por la Fiscalía General. Por estos mismos hechos fueron cobijadas con medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor. En diversas oportunidades han manifestado que reintegrarán el dinero que recibieron como indemnización por orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Según la investigación las procesadas denunciaron que cinco de sus familiares habían sido asesinados durante la incursión comandanda del grupo paramiltiar comandado por Salvatore Mancuso Gómez. Debido a esto recibieron una acreditación como víctimas la cual fue presentada en la demanda en contra del Estado colombiano por la participación de agentes de miembros de la Fuerza Pública por estos hechos. (Ver "Falsas víctimas" de la masacre de Mapiripán pidieron perdón)
El organismo internacional le ordenó al Estado el pago de 2.946 millones de pesos como indemnización para las ahora acusadas. En su fallo la Corte Intermaericana manifestó que habían sido 40 las víctimas mortales de la masacre, sin embargo en los últimos años se conocieron testimonios y documentos que indican que la cifra es menor.
Estas sentencias son la base en la demanda de revisión que presentó el general (r) Jaime Humberto Uscátegui ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para reversar la condena de 37 años de prisión emitida por omitir sus funciones y permitir el ingreso de los paramilitares en la región.