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En la tarde de este lunes 6 de octubre se conoció que una jueza de Medellín decidió condenar a José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por ser uno de los responsables del secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, en hechos ocurridos el 21 de mayo de 1999 en la ciudad de Medellín.
La jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro, condenó a 28 años de prisión al exfuncionario, por el delito de secuestro agravado. Además, Narváez tendrá que pagar una multa de 800 salarios mínimos a la familia de Piedad Córdoba y estará inhabilitado durante los próximos 20 años para ejercer cualquier cargo o función pública.
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Según los argumentos de la jueza Castro, Narváez, desde su cargo en el extinto DAS, entregó información recolectada a través de interceptaciones telefónicas a la senadora, durante conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Esa información fue a parar a las manos de las Autodefensas Unidas de Colombia, que en 1999 ejecutaron el secuestro.
“En este caso la conducta atribuida al procesado José Miguel Narváez consiste en haber inducido, promovido y determinado el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, ocurrido en mayo de 1999, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente bajo la dirección de Carlos Castaño Gil, con quien mantenía vínculos ideológicos y operativos”, reseña la decisión.
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A renglón seguido, el fallo de la jueza Castro señala la gravedad de los señalamientos a la senadora Córdoba, que terminó tildada y estigmatizada por, supuestamente, tener relación con la guerrilla del Eln. Incluso, el exjefe de las AUC, Carlos Castaño, dijo en su momento que Córdoba era señalada de ser la “tesorera internacional del Eln”.
“La persecución política tanto estatal como paraestatal que significó el ser tachada como una simpatizante del grupo subversivo Eln crearon condiciones que pusieron en riesgo su vida, su integridad física y emocional; los fines de estigmatización, silenciamiento y neutralización ideológica, atropellaron su dignidad como persona y como líder política y lo que agrava la afectación sufrida”, reza la decisión.
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Agrega que ese “hostigamiento” en contra de Córdoba, “repercute en todo su núcleo familiar, quienes no se encuentran ajenos a esta persecución, generando miedo, zozobra y terror”. En contraposición, en sus alegatos de conclusión, Narváez argumentó que las pruebas no son suficientes para demostrar su culpabilidad. “No hay testigos directos, todos son de referencia, absolutamente todos”, señaló en su defensa.
“En el curso de la investigación, orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se conoció que Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz con la idea de que era colaboradora del Eln. Adicionalmente, le entregó información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición”, indicó la Fiscalía sobre la investigación.
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Sobre el secuestro de Piedad Córdoba
El 21 de mayo de 1999, la exsenadora Piedad Córdoba (fallecida el 20 de enero de 2024), asistió a una cita médica en el barrio El Poblado, de Medellín (Antioquia). Lo que era una diligencia común terminó en un secuestro de un par de semanas, perpetrado por las AUC. Hombres vestidos con uniformes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la fiscalía llegaron al centro médico y la retuvieron.
En realidad, se trataba de integrantes de la banda criminal La Terraza, quienes tras el plagio llevaron a la entonces congresista hasta un campamento del Bloque Central Bolívar de los paramilitares, en el departamento de Córdoba. Finalmente, el 3 de junio del mismo año fue liberada en zona rural del municipio de Necoclí (Antioquia). Según los hermanos Castaño, fundadores de las AUC, la supuesta relación de Córdoba con la guerrilla motivó el secuestro.
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En junio del año 2013, la Fiscalía 73 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la resolución de acusación en contra de José Miguel Narváez, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo. En ese momento, el ente investigador calificó como “irrefutables” los vínculos del exsubdirector Narváez con el paramilitarismo.
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