Condenan a la Nación al pago de $ 2.1 billones a desplazados en Sucre
En el fallo emitido por un juez administrativo de Sincelejo se advierte que el Gobierno no diseñó una política para evitar el desplazamiento forzado.
Redacción Judicial
Al resolver una acción de grupo el juzgado séptimo administrativo del circuito de Sincelejo (Sucre) condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, Acción Social, departamento de Sucre, Municipio de Sincelejo, y personería de Sincelejo, al pago de 2,1 billones de pesos para la reparación de 44.568 personas que tuvieron que desplazarse debido a la presión de grupos armados ilegales.
En el fallo se advierte que el Gobierno no diseñó una política integral dirigida para evitar el desplazamiento forzado en el departamento. El juzgado consideró que la tragedia humanitaria no fue atendida de manera adecuada por los organismos estatales encargados de darle atención a dicha problemática generada por los 50 años ininterrumpidos de conflicto armado interno.
El Gobierno presentó los recursos judiciales en contra de esta decisión que consideran desproporcionada. La directora de la Defensa Jurídica del Estado, Juanita López, considera que el fallo no tiene en cuenta “los estándares de sostenibilidad fiscal que establece la política del Estado en materia de reparación”.
En este sentido indicó que este tipo de fallos abrir la puerta a la insostenibilidad a la “absoluta imposibilidad de que las víctimas” del postconflicto sean reparadas. Es decir no se podrán reconocer los derechos de todas las víctimas reconocidas del conflicto de firmarse un acuerdo definitivo en La Habana (Cuba) en el marco del proceso de paz.
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene la última palabra frente a este caso. El despacho del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera recibió el pasado dos de diciembre por la Directora de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Al resolver una acción de grupo el juzgado séptimo administrativo del circuito de Sincelejo (Sucre) condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, Acción Social, departamento de Sucre, Municipio de Sincelejo, y personería de Sincelejo, al pago de 2,1 billones de pesos para la reparación de 44.568 personas que tuvieron que desplazarse debido a la presión de grupos armados ilegales.
En el fallo se advierte que el Gobierno no diseñó una política integral dirigida para evitar el desplazamiento forzado en el departamento. El juzgado consideró que la tragedia humanitaria no fue atendida de manera adecuada por los organismos estatales encargados de darle atención a dicha problemática generada por los 50 años ininterrumpidos de conflicto armado interno.
El Gobierno presentó los recursos judiciales en contra de esta decisión que consideran desproporcionada. La directora de la Defensa Jurídica del Estado, Juanita López, considera que el fallo no tiene en cuenta “los estándares de sostenibilidad fiscal que establece la política del Estado en materia de reparación”.
En este sentido indicó que este tipo de fallos abrir la puerta a la insostenibilidad a la “absoluta imposibilidad de que las víctimas” del postconflicto sean reparadas. Es decir no se podrán reconocer los derechos de todas las víctimas reconocidas del conflicto de firmarse un acuerdo definitivo en La Habana (Cuba) en el marco del proceso de paz.
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene la última palabra frente a este caso. El despacho del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera recibió el pasado dos de diciembre por la Directora de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.