La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa a pagar una indemnización a las familias cuyas viviendas en el barrio La Floresta de Bogotá se vieron afectadas por los atentados terroristas registrados en Bogotá el de agosto de 2002 durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República.
En el debate jurídico el alto tribunal determinó que se presentó una falla en el servicio puesto que existía información que permitía inferir sobre una “oleada” de ataques terroristas durante la posesión del primer mandatario. En este sentido se indicó que diferentes grupos armados ilegales habían hecho diferentes amenazas.
Ante esto, señala el alto tribunal, pese a el “atentado terrorista estaba dirigido” a la Escuela Militar de Cadetes y Estación XII de Policía hecho por el cual las viviendas ubicadas en sus alrededores corrían un grave riesgo, enfatizando que fueron estos los que sufrieron daños materiales tras el lanzamiento de varios rockets.
“Resultaba previsible para las autoridades públicas, ya que dentro de las pruebas allegadas, en especial la investigación penal adelantada y la información publicada por los medios de comunicación, se evidenciaba sobre las amenazas en torno a la posesión del presidente de la República”, resalta el fallo.
El Consejo de Estado determinó que existió un daño material por parte de la entidad demandada frente a los hechos registrados ese día al considerar que “debieron ejercer un mayor control” puesto que no se puede hablar de hechos terroristas aislados, sino de “ataques directos contra la estabilidad de orden constitucional representados en este caso por los establecimientos”.
Por Redacción Judicial
