Condenan a la Nación por desplazamiento forzado de 280 familias en el Cesar
El alto tribunal consideró que hubo fallas en la seguridad de los campesinos por parte del Ejército.
El Espectador
El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 1.126 millones de pesos a la Nación por las omisiones registradas en la prestación de la seguridad de 280 familias que fueron obligadas a abandonar sus fincas por parte de los paramilitares en el departamento del Cesar
El tribunal de lo contencioso administrativo encontró responsables al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional, Departamento del Cesar de las fallas en la protección y vigilancia de los campesinos que allí habitaban.
Los hechos se registraron el 14 de febrero de 1996 cuando un grupo de 40 paramilitares forzaron a los campesinos a abandonar sus parcelas dándoles un plazo de cinco días para desalojar el lugar.
Los miembros del grupo armado ilegal quemaron y destruyeron las viviendas, cultivos y animales de los jornaleros quienes habían llegado pacíficamente a la zona en el año 1989.
Pese a que existía una base militar a pocos metros de la hacienda Bellacruz los uniformados no adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar pese a que los campesinos les denunciaron la situación.
“Según el oficio remitido al proceso por el Ministerio de Defensa, el Ejército y Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera tal que a pesar de tratarse de un hecho previsible no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva” señala uno de los apartes de la decisión.
El Consejo de Estado determinó que “las acciones del grupo armado ilegal fueron conocidas por el Estado, pues el grupo paramilitar además de haber hecho pública la amenaza de tomarse los predios que ocupaban los campesinos, atentó contra la vida e integridad de los mismos y, en todo momento, las familias desplazadas estuvieron informando y solicitando de las autoridades civiles, militares y policivas que operaban en esas localidades y de los organismos nacionales, la protección efectiva para su vida y bienes”.
El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 1.126 millones de pesos a la Nación por las omisiones registradas en la prestación de la seguridad de 280 familias que fueron obligadas a abandonar sus fincas por parte de los paramilitares en el departamento del Cesar
El tribunal de lo contencioso administrativo encontró responsables al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional, Departamento del Cesar de las fallas en la protección y vigilancia de los campesinos que allí habitaban.
Los hechos se registraron el 14 de febrero de 1996 cuando un grupo de 40 paramilitares forzaron a los campesinos a abandonar sus parcelas dándoles un plazo de cinco días para desalojar el lugar.
Los miembros del grupo armado ilegal quemaron y destruyeron las viviendas, cultivos y animales de los jornaleros quienes habían llegado pacíficamente a la zona en el año 1989.
Pese a que existía una base militar a pocos metros de la hacienda Bellacruz los uniformados no adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar pese a que los campesinos les denunciaron la situación.
“Según el oficio remitido al proceso por el Ministerio de Defensa, el Ejército y Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera tal que a pesar de tratarse de un hecho previsible no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva” señala uno de los apartes de la decisión.
El Consejo de Estado determinó que “las acciones del grupo armado ilegal fueron conocidas por el Estado, pues el grupo paramilitar además de haber hecho pública la amenaza de tomarse los predios que ocupaban los campesinos, atentó contra la vida e integridad de los mismos y, en todo momento, las familias desplazadas estuvieron informando y solicitando de las autoridades civiles, militares y policivas que operaban en esas localidades y de los organismos nacionales, la protección efectiva para su vida y bienes”.