Por el despojo de tierras a un campesino en el municipio de Vista Hermosa (Meta) ejecutado por las Farc durante el proceso de paz que dicho grupo guerrillero adelantó con el Gobierno de Andrés Pastrana Arango en el año 2000, el Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en los ministerios de Defensa, Justicia y del Interior.
La Sección Tercera del alto tribunal indicó que existe una responsabilidad administrativa por parte de las partes demandadas puesto que no garantizaron la protección de los habitantes de la región. Advierte el fallo que pese a la búsqueda de ponerle fin al conflicto armado existe un deber constitucional para garantizar la seguridad e integridad.
En el debate jurídico se indicó que independientemente de las negociaciones de paz adelantadas por el Gobierno se debían tomar las medidas dirigidas a proteger a la comunidad que se encontraba en la denominada zona de distensión, en la cual se adelantó el fallido proceso de paz con dicho grupo guerrillero, entre el 7 de enero de 1999 y el 21 de febrero de 2002.
Por Redacción Judicial
