Condenan a la Nación por masacre de San Carlos de Guaroa

Mientras la Corte Suprema se apresta a escuchar al excomandante paramilitar Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’ —a ver si revela sus vínculos con políticos y miembros de la Fuerza Pública en los Llanos Orientales—, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por una cruenta matanza protagonizada —precisamente— por ‘Llanos’ y sus hombres, al parecer con la ayuda de uniformados: la de 11 funcionarios judiciales en San Carlos de Guaroa (Meta), ocurrida el 3 de octubre de 1997.

‘Llanos’ ya fue condenado a 38 años de prisión por estos hechos. En dos fallos —conocidos por El Espectador— el Consejo de Estado sostuvo que por parte del Ejército “hubo un comportamiento negligente y descuidado en cuanto a la atención de los deberes de planeación, protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios y a los demás que conformaban la comisión judicial para el momento del hecho dañoso”.

Según el alto tribunal, el Ejército incurrió en varios errores y puso en riesgo a los miembros de la comisión, que se encontraban realizando una inspección a la finca El Alcaraván, de propiedad del narcotraficante Gustavo Soto García. En cercanías a ese predio, las autoridades ya habían realizado dos operaciones contra Llanos, entre ellas el desmantelamiento de algunos de sus laboratorios de procesamiento de cocaína.

“Aun cuando se advirtió acerca de los peligros que suponía regresar por la misma ruta por la cual se había ingresado a la zona, el mayor del Ejército que estaba a cargo de la seguridad de la comisión (Juan Carlos Figueroa) hizo caso omiso a esta advertencia y decidió tomar la vía que se había utilizado inicialmente, circunstancia que constituye un error en el procedimiento militar y que sin duda contribuyó a la ocurrencia de los resultados fatales ya conocidos”, señaló el fallo.

A esto se suma que la Fuerza Pública se demoró cuatro horas en enviar refuerzos para repeler el ataque de los paramilitares, al parecer por negligencia de las autoridades, y hasta un día en recoger a los heridos. De acuerdo con los testimonios de algunos de los sobrevivientes, “de haberse brindado de manera oportuna el apoyo solicitado, seguramente se hubiere evitado el segundo enfrentamiento y con ello las consecuencias fatales ya conocidas”. La Fiscalía investiga al general (r) Jaime Humberto Uscátegui y al coronel (r) Luis Felipe Molano por su presunta responsabilidad en estos hechos.

“Si bien dentro de las pruebas obrantes en el proceso hay versiones encontradas en relación con las causas de la demora del apoyo aéreo en la medida en que, por un lado, se atribuyó dicha demora a las fallas incurridas en el operativo judicial adelantado, mientras que, por el otro, se imputó el mencionado resultado a la conducta omisiva del comandante de la Brigada Séptima (el general [r] Uscátegui), consistente en emitir una orden concreta sobre el apoyo requerido, lo cierto es que, independientemente de las versiones encontradas, en ambas se reconoce que hubo una demora injustificada en el suministro del apoyo aéreo, lo cual resultó determinante en la producción del daño”.

Llanos —responsable junto con su padre y su hermano del baño de sangre que durante años se vivió en los Llanos Orientales— fue detenido el 6 de febrero de 2012 en Anzoátegui (Venezuela) y desde entonces se encuentra preso por su responsabilidad en otras matanzas y varios crímenes selectivos, como el del personero de San Carlos de Guaroa, Gabriel Alberto Cubillos García, asesinado el 11 de diciembre de 2002. Eso sin contar la guerra que sostuvieron sus hombres con el bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Un conflicto que dejó, por lo menos, 2 mil muertos y un centenar de desaparecidos hace una década.

El exjefe paramilitar no ha dicho si tuvo ayuda por parte de la Fuerza Pública para apoderarse de los Llanos. Apenas ha delatado a algunos dirigentes regionales, como el exgobernador de Casanare Miguel Ángel Pérez, condenado a seis años de prisión por sus vínculos con los ‘paras’. La Corte Suprema de Justicia espera que Martín Llanos siga con el ventilador prendido y dé a conocer sus nexos con la clase política de la región.

En lo que a la masacre de San Carlos de Guaroa concierne, las autoridades no han podido demostrar que Llanos haya contado con la ayuda de la Fuerza Pública para asesinar a estos 11 funcionarios judiciales. No obstante, fue un error del Ejército el que dejó a estas 11 personas a merced de la barbarie del exjefe paramilitar y a la Rama Judicial expuesta ante un nuevo ataque contra su integridad tan atroz como el de la masacre de La Rochela, perpetrada el 18 de enero de 1989.