Condenan a la Nación por saqueos de las Farc en la zona de distensión
El Consejo de Estado determinó que se presentó una falla en el servicio por parte de la Fuerza Pública.
Redacción Judicial
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por los saqueos que cometieron las Farc en la zona de distensión creada por el Gobierno de Andrés Pastrana en el desarrollo de los diálogos de paz con dicho grupo guerrillero en el año de 1998. Para el alto tribunal los pobladores de los municipios cercanos se quedaron sin protección de la Fuerza Pública, lo que permitió que los guerrilleros ejecutaran sus acciones militares.
En el debate jurídico se concluyó que existen pruebas frente al hecho que los ganaderos de la región hicieron varios llamados de atención a la Fuerza Pública para que hiciera presencia en la zona. Los guerrilleros, comandados por Tomás Medina Caracas, alias ‘El Negro Acacio’ les quitaron sus animales, maquinaria y otras pertenencias. (Ver Condenan a la Nación por despojo de tierras en zona de distensión en proceso de paz con las Farc)
En este sentido se consideró que está demostrada “una falla en el servicio” puesto que “con antelación, habían sido informadas sobre la acción de los subversivos en las fincas cercanas a Santa Rosalía y La Primavera (Vichada), dados los llamados de auxilio de los ganaderos de la región, lo cual ha debido alertar a las unidades militares y policivas para ejecutar acciones de despliegue en la zona, a fin de impedir o siquiera contrarrestar el avance y la incursión de las Farc”.
Para la Sala, la Fuerza Pública tenía conocimiento que las Farc estaban adelantando actividades ilegales en los predios cercanos. Debido a esto se encontró responsable patrimonialmente a la Nación por los daños materiales y morales ocasionados a los ganaderos que se vieron afectados con el robo de sus animales y el desplazamiento de sus predios.
Advierte el Consejo de Estado que pese a que la zona de distensión se acabó por orden del presidente Pastrana, los ganaderos no pudieron volver a sus actividades. Por esto se les ordenó a las entidades demandadas pagar una indemnización referente a los animales y maquinaria que les fueron robados a los ganaderos.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por los saqueos que cometieron las Farc en la zona de distensión creada por el Gobierno de Andrés Pastrana en el desarrollo de los diálogos de paz con dicho grupo guerrillero en el año de 1998. Para el alto tribunal los pobladores de los municipios cercanos se quedaron sin protección de la Fuerza Pública, lo que permitió que los guerrilleros ejecutaran sus acciones militares.
En el debate jurídico se concluyó que existen pruebas frente al hecho que los ganaderos de la región hicieron varios llamados de atención a la Fuerza Pública para que hiciera presencia en la zona. Los guerrilleros, comandados por Tomás Medina Caracas, alias ‘El Negro Acacio’ les quitaron sus animales, maquinaria y otras pertenencias. (Ver Condenan a la Nación por despojo de tierras en zona de distensión en proceso de paz con las Farc)
En este sentido se consideró que está demostrada “una falla en el servicio” puesto que “con antelación, habían sido informadas sobre la acción de los subversivos en las fincas cercanas a Santa Rosalía y La Primavera (Vichada), dados los llamados de auxilio de los ganaderos de la región, lo cual ha debido alertar a las unidades militares y policivas para ejecutar acciones de despliegue en la zona, a fin de impedir o siquiera contrarrestar el avance y la incursión de las Farc”.
Para la Sala, la Fuerza Pública tenía conocimiento que las Farc estaban adelantando actividades ilegales en los predios cercanos. Debido a esto se encontró responsable patrimonialmente a la Nación por los daños materiales y morales ocasionados a los ganaderos que se vieron afectados con el robo de sus animales y el desplazamiento de sus predios.
Advierte el Consejo de Estado que pese a que la zona de distensión se acabó por orden del presidente Pastrana, los ganaderos no pudieron volver a sus actividades. Por esto se les ordenó a las entidades demandadas pagar una indemnización referente a los animales y maquinaria que les fueron robados a los ganaderos.