Condenan a militares por muerte de negociadores de paz

Los atraparon en plena misión de paz, los torturaron y luego dijeron que habían muerto en combate.

Hace 22 años dos homicidios pusieron en grave riesgo unas negociaciones de paz como las que se adelantan actualmente entre el gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). Se trató de los asesinatos de Carlos Manuel Prada , alias Enrique Buendía, y Evelio Antonio Bolaños, alias Ricardo González, negociadores por parte de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del Eln. Al final, el proceso culminó con la desmovilización y reinserción de casi 800 combatientes, entre ellos, el hoy analista León Valencia y el ahora concejal Antonio Sanguino. Las muertes de Bolaños y Prada, no obstante, quedaron impunes. Hasta ahora, cuando la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 31 años y 6 meses de prisión al capitán (r) Néstor Raúl Vargas, al teniente (r) José Miguel Velandia y al soldado profesional (r) Manuel del Cristo Chiquillo por estos asesinatos.

En un primer momento los uniformados investigados dijeron que ese 22 de septiembre de 1993 Prada y Bolaños se les enfrentaron y murieron en medio del tiroteo. No obstante, varios testigos terminaron por convencer a la justicia de que los dos fueron capturados vivos y luego ejecutados extrajudicialmente, justo cuando se aprestaban a reunirse con los guerrilleros que se iban a desmovilizar y, luego, con representantes del gobierno para no hablar de otra cosa sino de paz.

Ese año, el entonces presidente César Gaviria autorizó al viceministro de Gobierno, de esa época, Fabio Villegas Ramírez, y al consejero Presidencial para la Paz, Ricardo Santamaría, para que dialogaran con la Corriente de Renovación Socialista sobre una posible desmovilización. El gobierno y el grupo armado ilegal habían convenido reunirse en Ovejas (Sucre), pero previo a ello, los delegados de la CRS se habían comprometido a visitar el corregimiento de Blanquicet, zona rural de Turbo (Antioquia).

Esto con el fin de agrupar a los guerrilleros que hacían presencia en esa zona y partir hacia el sitio de concentración acordado. El Ejército ya estaba alertado sobre el mencionado traslado y el entonces comandante del Comando Operativo 1, el coronel (r) Fernando Becerra Pacheco, ya se había comprometido a mover las tropas para facilitar la visita de los negociadores a la región. Bolaños y Prada viajaron a Blanquicet el 20 de septiembre con Édgar Ernesto Parada, un representante de la Consejería para la Paz, quien iba en condición de garante.

El 23 de septiembre, varios uniformados, entre ellos los tres condenados, fueron trasladados a Blanquicet para colaborar con la llegada de un soldado enfermo y allí se encontraron con Prada y Bolaños. Según los militares, ellos al verlos salieron corriendo. Por esto, dicen, los persiguieron y luego se dio el enfrentamiento en el que los negociadores supuestamente murieron. Sin embargo, algunos pobladores de la zona dijeron a las autoridades algo distinto, que “los voceros del grupo subversivo fueron capturados vivos y luego ejecutados”. Que uno de ellos, incluso, “se quitó la camisa y la ondeó en señal de rendición”.

Los uniformados fueron investigados por la justicia penal militar y la Procuraduría, que el 8 de agosto de 1994 los sancionó con expulsarlos del servicio militar. No obstante, por los lados de la justicia penal militar los resultados fueron poco o nada. De hecho, en 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al admitir una demanda contra Colombia por estos asesinatos, se quejó de que el proceso por los dos homicidios hubiera sido adelantado por la justicia militar y no por la ordinaria. Y recordó que “los tribunales militares no garantizan la aplicación del derecho a la justicia, puesto que carecen de independencia, un requerimiento básico para la existencia de este derecho”.

Por su parte, en noviembre de 2004, un tribunal administrativo condenó al Estado por la participación de militares en estos hechos. El fallo lo confirmó el Consejo de Estado en marzo de 2009. No obstante, pese al concepto de la CIDH y al fallo del Tribunal, fue sólo hasta 2006 que la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir el caso y asignárselo a la justicia ordinaria. Y fueron necesarios otros seis años para que un juez de Turbo (Antioquia) condenara a Vargas, Velandia y Chiquillo por estos asesinatos. Ese año, seis uniformados fueron sentenciados a 61 meses de prisión por encubrir este asesinato.

La condena contra Vargas, Velandia y Chiquillo fue confirmada el 18 de marzo de 2014 por el Tribunal de Antioquia y ahora por la Corte Suprema de Justicia que le dijo no a una demanda interpuesta por Vargas y Velandia para que se tumbara el fallo en su contra porque, en su criterio, se les había violado su derecho al debido proceso, tras ser defendidos, en la primera etapa de las investigaciones, por un uniformado y no por un abogado. Argumento que fue desvirtuado por el alto tribunal.

Hace 22 años, tras la muerte de Prada y Bolaños, la Corriente de Renovación Socialista sostuvo, por medio de un comunicado que repudiaba “este crimen atroz contra la paz. Responsabiliza al Gobierno y a los militares de estos asesinatos. Suspende la negociación. Condiciona cualquier contacto con el Gobierno a la entrega previa de los cadáveres en Flor del Monte (Sucre). Y convoca a todo el país a convertir el funeral de los compañeros, en este corregimiento, el 26 de septiembre, en una protesta nacional contra los enemigos de la paz”. Al final la paz pudo más que sus enemigos.

Los atraparon en plena misión de paz, los torturaron y luego dijeron que habían muerto en combate.

Hace 22 años dos homicidios pusieron en grave riesgo unas negociaciones de paz como las que se adelantan actualmente entre el gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). Se trató de los asesinatos de Carlos Manuel Prada , alias Enrique Buendía, y Evelio Antonio Bolaños, alias Ricardo González, negociadores por parte de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del Eln. Al final, el proceso culminó con la desmovilización y reinserción de casi 800 combatientes, entre ellos, el hoy analista León Valencia y el ahora concejal Antonio Sanguino. Las muertes de Bolaños y Prada, no obstante, quedaron impunes. Hasta ahora, cuando la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 31 años y 6 meses de prisión al capitán (r) Néstor Raúl Vargas, al teniente (r) José Miguel Velandia y al soldado profesional (r) Manuel del Cristo Chiquillo por estos asesinatos.

En un primer momento los uniformados investigados dijeron que ese 22 de septiembre de 1993 Prada y Bolaños se les enfrentaron y murieron en medio del tiroteo. No obstante, varios testigos terminaron por convencer a la justicia de que los dos fueron capturados vivos y luego ejecutados extrajudicialmente, justo cuando se aprestaban a reunirse con los guerrilleros que se iban a desmovilizar y, luego, con representantes del gobierno para no hablar de otra cosa sino de paz.

Ese año, el entonces presidente César Gaviria autorizó al viceministro de Gobierno, de esa época, Fabio Villegas Ramírez, y al consejero Presidencial para la Paz, Ricardo Santamaría, para que dialogaran con la Corriente de Renovación Socialista sobre una posible desmovilización. El gobierno y el grupo armado ilegal habían convenido reunirse en Ovejas (Sucre), pero previo a ello, los delegados de la CRS se habían comprometido a visitar el corregimiento de Blanquicet, zona rural de Turbo (Antioquia).

Esto con el fin de agrupar a los guerrilleros que hacían presencia en esa zona y partir hacia el sitio de concentración acordado. El Ejército ya estaba alertado sobre el mencionado traslado y el entonces comandante del Comando Operativo 1, el coronel (r) Fernando Becerra Pacheco, ya se había comprometido a mover las tropas para facilitar la visita de los negociadores a la región. Bolaños y Prada viajaron a Blanquicet el 20 de septiembre con Édgar Ernesto Parada, un representante de la Consejería para la Paz, quien iba en condición de garante.

El 23 de septiembre, varios uniformados, entre ellos los tres condenados, fueron trasladados a Blanquicet para colaborar con la llegada de un soldado enfermo y allí se encontraron con Prada y Bolaños. Según los militares, ellos al verlos salieron corriendo. Por esto, dicen, los persiguieron y luego se dio el enfrentamiento en el que los negociadores supuestamente murieron. Sin embargo, algunos pobladores de la zona dijeron a las autoridades algo distinto, que “los voceros del grupo subversivo fueron capturados vivos y luego ejecutados”. Que uno de ellos, incluso, “se quitó la camisa y la ondeó en señal de rendición”.

Los uniformados fueron investigados por la justicia penal militar y la Procuraduría, que el 8 de agosto de 1994 los sancionó con expulsarlos del servicio militar. No obstante, por los lados de la justicia penal militar los resultados fueron poco o nada. De hecho, en 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al admitir una demanda contra Colombia por estos asesinatos, se quejó de que el proceso por los dos homicidios hubiera sido adelantado por la justicia militar y no por la ordinaria. Y recordó que “los tribunales militares no garantizan la aplicación del derecho a la justicia, puesto que carecen de independencia, un requerimiento básico para la existencia de este derecho”.

Por su parte, en noviembre de 2004, un tribunal administrativo condenó al Estado por la participación de militares en estos hechos. El fallo lo confirmó el Consejo de Estado en marzo de 2009. No obstante, pese al concepto de la CIDH y al fallo del Tribunal, fue sólo hasta 2006 que la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir el caso y asignárselo a la justicia ordinaria. Y fueron necesarios otros seis años para que un juez de Turbo (Antioquia) condenara a Vargas, Velandia y Chiquillo por estos asesinatos. Ese año, seis uniformados fueron sentenciados a 61 meses de prisión por encubrir este asesinato.

La condena contra Vargas, Velandia y Chiquillo fue confirmada el 18 de marzo de 2014 por el Tribunal de Antioquia y ahora por la Corte Suprema de Justicia que le dijo no a una demanda interpuesta por Vargas y Velandia para que se tumbara el fallo en su contra porque, en su criterio, se les había violado su derecho al debido proceso, tras ser defendidos, en la primera etapa de las investigaciones, por un uniformado y no por un abogado. Argumento que fue desvirtuado por el alto tribunal.

Hace 22 años, tras la muerte de Prada y Bolaños, la Corriente de Renovación Socialista sostuvo, por medio de un comunicado que repudiaba “este crimen atroz contra la paz. Responsabiliza al Gobierno y a los militares de estos asesinatos. Suspende la negociación. Condiciona cualquier contacto con el Gobierno a la entrega previa de los cadáveres en Flor del Monte (Sucre). Y convoca a todo el país a convertir el funeral de los compañeros, en este corregimiento, el 26 de septiembre, en una protesta nacional contra los enemigos de la paz”. Al final la paz pudo más que sus enemigos.