Condenan a seis años y nueve meses de prisión a "falso testigo" del Caso Colmenares
Jonathan Martínez Ortiz aceptó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falso en testimonio y fraude a subvención.
El Espectador
El juez noveno de conocimiento condenó a seis años, nueve meses y 10 días de prisión a Jonathan Martínez Ortiz, procesado por faltarle a la verdad a la justicia en el marco de las investigaciones que se adelantaban para esclarecer los hechos que rodearon la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, registrada el 31 de octubre de 2011.
El funcionario judicial aceptó el allanamiento a cargos hecho por Martínez Ortiz en el marco de una audiencia preparatoria. En dicha oportunidad el procesado aceptó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falso testimonio y fraude a subvención imputados por la Fiscalía General en enero de 2013.
En dicha oportunidad, el procesado reconoció que mintió cuando le dijo a la Fiscalía General y otras autoridades que había visto como un grupo de jóvenes golpeaban en repetidas oportunidades a un “joven que tenía un chaleco rojo” en inmediaciones al parque El Virrey en el norte de la capital de la República.
Debido a su aceptación de cargos, el juez le rebajó la pena principal. Sin embargo le negó la solicitud para que se le entregara la prisión domiciliaria y tampoco la suspensión provisional de la pena. “No se cumplen los requisitos exigidos por la ley”.
El juez igualmente ordenó el pago, en calidad de rembolso, de cuatro millones de pesos, los cuales fueron gastados por el Estado en la protección que solicitó cuando manifestó que existían amenazas en su contra las cuales le impedían seguir testificando y presentando pruebas.
Igualmente se ordenó el pago como multa de 175 salarios mínimos legales vigilantes. “Las víctimas tienen derecho a presentar un recurso de incidente de reparación después de 30 días de la presentación de dicha sentencia”.
Martínez Ortiz se encuentra privado en la cárcel La Picota de Bogotá desde enero de 2013. En dicha oportunidad una jueza de garantías consideró que representaba un peligro para la sociedad y podría obstruir a la recta administración de justicia.
El juez noveno de conocimiento condenó a seis años, nueve meses y 10 días de prisión a Jonathan Martínez Ortiz, procesado por faltarle a la verdad a la justicia en el marco de las investigaciones que se adelantaban para esclarecer los hechos que rodearon la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, registrada el 31 de octubre de 2011.
El funcionario judicial aceptó el allanamiento a cargos hecho por Martínez Ortiz en el marco de una audiencia preparatoria. En dicha oportunidad el procesado aceptó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falso testimonio y fraude a subvención imputados por la Fiscalía General en enero de 2013.
En dicha oportunidad, el procesado reconoció que mintió cuando le dijo a la Fiscalía General y otras autoridades que había visto como un grupo de jóvenes golpeaban en repetidas oportunidades a un “joven que tenía un chaleco rojo” en inmediaciones al parque El Virrey en el norte de la capital de la República.
Debido a su aceptación de cargos, el juez le rebajó la pena principal. Sin embargo le negó la solicitud para que se le entregara la prisión domiciliaria y tampoco la suspensión provisional de la pena. “No se cumplen los requisitos exigidos por la ley”.
El juez igualmente ordenó el pago, en calidad de rembolso, de cuatro millones de pesos, los cuales fueron gastados por el Estado en la protección que solicitó cuando manifestó que existían amenazas en su contra las cuales le impedían seguir testificando y presentando pruebas.
Igualmente se ordenó el pago como multa de 175 salarios mínimos legales vigilantes. “Las víctimas tienen derecho a presentar un recurso de incidente de reparación después de 30 días de la presentación de dicha sentencia”.
Martínez Ortiz se encuentra privado en la cárcel La Picota de Bogotá desde enero de 2013. En dicha oportunidad una jueza de garantías consideró que representaba un peligro para la sociedad y podría obstruir a la recta administración de justicia.