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El juez octavo de conocimiento de Bogotá condenó a dos policías y un funcionario del CTI en el proceso por su responsabilidad y participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales adelantadas en contra del entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez y de la entonces jefe de investigaciones especiales de la procuraduría general de la Nación, Alexandra Valencia Molina.
En la decisión judicial se encontró culpables a los uniformados de los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal, falsedad ideológica, cohecho, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones.
En este sentido indicó que estas personas hacían parte de una “organización criminal” que adelantaba interceptaciones ilegales a un grupo de personas determinadas.
Para el juzgado, según las pruebas testimoniales y documentales se pudo inferir que estas personas habían adelantado las operaciones ilegales en contra del magistrado quien adelantaba las investigaciones sobre los presuntos nexos de los congresistas con grupos paramilitares.
“Se trata de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de teléfonos de la que hacían parte los acusados. La identificación de la organización criminal se puede inferir a partir de la identidad en el modus operandi de los dos eventos donde se obtiene interceptaciones de llamadas ilícitas”, precisa uno de los apartes de la sentencia.
Igualmente se indicó que los miembros de la Policía Judicial y de la Policía Nacional y del CTI elaboraron informes falsos en los cuales incluyeron los números celulares de los funcionarios de manera ilegal para obtener interceptaciones de comunicaciones de ciudadanos ajenos a comportamientos delictivos.
El juzgado sentenció al funcionario del CTI Aldo Francisco Pérez Yosa, y a los policías Ferney Enrique Galvis Rojas y Oswaldo Villamil Torralba a 11 años de prisión.
Por El Espectador
