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El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, en acto público de reconocimiento de responsabilidad y en memoria de Daniel Torres Arciniegas, de 38 años, y su hijo, Roque Julio, de apenas 16, deberá pedir perdón por sus muertes en una ceremonia que se realizará en Aguazul (Casanare), con la presencia de la familia de las víctimas. Así lo dispuso el Juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá al condenar al Estado por estas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por un comando élite adscrito a la Brigada 16 del Ejército, el viernes 16 de marzo de 2007. El fallo le ordenó a la Fiscalía priorizar la investigación por estos crímenes, exhortó al Ministerio de Defensa para que adopte medidas urgentes que eviten nuevos falsos positivos y remitió copia del expediente al Archivo General de la Nación para que contribuya en “la construcción de la memoria histórica que permita consolidar el proceso de paz”.
Se trata de un caso emblemático en las investigaciones por el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Entre otras razones, porque por estos homicidios en persona protegida fue detenido y acusado por la Fiscalía el general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, quien se jura inocente. Y aunque la etapa de juicio se llevó a cabo en su totalidad, justo cuando el juez primero del Circuito de Yopal, Dinael Cortés, se disponía a resolver el proceso envió el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto debido a que Torres Escalante decidió someterse a ese tribunal en junio de 2017. Mientras se resuelve su caso, el teniente Marco Fabián García Céspedes, quien comandó el Grupo Especial Delta 6 que asesinó a Daniel y Roque Julio Torres, no solo fue condenado a 26 años de cárcel, sino que además confesó los escabrosos detalles de la ejecución a mansalva del labriego y su hijo menor de edad.