Condenan exrectora de colegio por ofrecerle alumnas a grupos paramilitares
La mujer, según las pruebas, “permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática” por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá, Santander; y José William Parra Arroyave, fueron condenados por ayudar y facilitar las acciones violentas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en contra de la población civil en el municipio.
De acuerdo con las pruebas entregadas por la Fiscalía dentro del caso, estas dos personas colaboraron con el frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el caso de Gutiérrez de Moreno, dice el ente investigador, entre 2001 y 2003, “permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal”.
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Su actuar, de acuerdo con las pruebas, consistía en que ellas “presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran las agresiones”. Durante el proceso, las autoridades identificaron al menos a dos víctimas que, de acuerdo con la información de la Fiscalía, “permanecieron encerradas y soportaron durante prologados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’”.
Por sus acciones, la exrectora del colegio fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga a 20 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Tras la condena, se dictó orden de captura en contra de ella, para que cumpla la pena en prisión.
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En el caso de Parra Arroyabe, la justicia determinó que fue “auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad”. Las pruebas en su contra dan cuenta de que “engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal. Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas paramilitares”. El hombre fue condenado a 24 años y dos meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá, Santander; y José William Parra Arroyave, fueron condenados por ayudar y facilitar las acciones violentas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en contra de la población civil en el municipio.
De acuerdo con las pruebas entregadas por la Fiscalía dentro del caso, estas dos personas colaboraron con el frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el caso de Gutiérrez de Moreno, dice el ente investigador, entre 2001 y 2003, “permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal”.
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Por sus acciones, la exrectora del colegio fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga a 20 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Tras la condena, se dictó orden de captura en contra de ella, para que cumpla la pena en prisión.
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En el caso de Parra Arroyabe, la justicia determinó que fue “auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad”. Las pruebas en su contra dan cuenta de que “engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal. Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas paramilitares”. El hombre fue condenado a 24 años y dos meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
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