La denominada “Operación Emperador”, una exitosa ofensiva militar del Ejército en Cimitarra (Santander) —desarrollada en junio de 2006 por el Grupo de Inteligencia Nº 2 de la Brigada Quinta—, en la que fueron abatidos tres cabecillas de las Farc, capturados otros más y decomisado material de guerra, es hoy objeto de una multimillonaria e insólita demanda contra el Estado, instaurada por la informante que alega, ni más ni menos, que le hicieron ‘conejo’ con el pago y reconocimiento de la recompensa.
En el expediente se lee que Sol María Guamán Morales, a mediados de 2006, aportó datos precisos al Ejército sobre la ubicación de integrantes de las Farc en Santander. Labores de inteligencia corroboraron su información y el 26 de junio de ese año se llevó a cabo la “Operación Emperador”, cuyos resultados fueron ampliamente difundidos en medios de comunicación. Como consecuencia del éxito, según Guamán Morales, se le prometió una recompensa del orden de $1.800 millones, pero al final sólo le cancelaron $300 millones.
El 23 de diciembre de 2006 la informante fue citada para el pago del dinero y suscribió un acta con presencia de testigos, oficiales de inteligencia de la Quinta Brigada y el mismísimo general José Joaquín Cortés, entonces comandante de esa unidad, en donde se especificó que, con cargo al rubro de gastos reservados y en virtud del logro operacional, era merecedora de una recompensa de $300 millones. En criterio del Ministerio de Defensa, la importancia de los cabecillas era de nivel II y por ende ése era el pago justo por los datos que entregó la señora Guamán Morales.
No obstante, de acuerdo con la versión de la informante, se le dijo “que el dinero restante, es decir la suma de $1.500 millones, le sería cancelado en otra oportunidad, sin mencionarle la fecha de entrega”. No fue todo. También denunció que a los pocos días fue contactada por hombres que se identificaron como miembros del grupo de inteligencia de la Quinta Brigada, quienes al parecer le sugirieron “que si quería el saldo total de la recompensa asignada debía aportarles una determinada suma de dinero”. El 10 de octubre de 2007 Guamán Morales enteró al Ejército de estos ‘mensajes’. Y un mes después reclamó “que en forma transparente y consciente se canalice el pago total de la recompensa asignada”.
En ese pulso estaba el pleito hasta que saltó a los tribunales. El 5 de diciembre de 2008, ante el Tribunal Administrativo de Santander, la informante demandó patrimonialmente a la Nación por el incumplimiento en el pago de la recompensa. El 19 de febrero el Tribunal rechazó la demanda, pero hace apenas unos pocos días el Consejo de Estado la admitió, al considerar que se reunían los requisitos “para reclamar la indemnización de perjuicios por la presunta omisión del Ejército”. ¿Podrá acreditar la informante a través de documentos que las promesas oficiales sí fueron del orden de $1.800 millones, y no de $300 millones, como alega en su defensa el Ejército? La insólita demanda sigue su curso.