Publicidad
20 Jun 2009 - 10:00 p. m.

Confesiones de Arzayús

Uno de los implicados en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS relató con lujo de detalles lo que hizo el G-3 para espiar a todo cuanto oliera a grupos de oposición.

Redacción Judicial

“Por cumplir con mi deber, terminé violando la ley”. Eso le dijo a la Fiscalía el ex director de Inteligencia del DAS Carlos Alberto Arzayús durante su larga diligencia de indagatoria, que duró más de ocho horas, por el bochornoso escándalo del espionaje del organismo de inteligencia a todo cuanto oliera a oposición. “Pude haber pecado por ignorante, pero ni mi equipo ni este servidor procedimos nunca porque tuviésemos algo en contra de ningún integrante de una ONG”, añadió el pasado 8 de junio. Aún así, 46 páginas contienen su puntual testimonio sobre el controvertido grupo G-3, encargado desde 2004 de hurgar en las intimidades más reservadas de los representantes de distintas organizaciones de Derechos Humanos.

Arzayús sostuvo que hace cinco años se determinó por el alto Gobierno que el DAS tenía la labor de desarrollar la inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Ejecutivo, que la inteligencia táctica les correspondía a los militares y la que tenía fines de investigación criminal, a la Policía Judicial. En ese sentido, dijo, se efectuaron las labores del G-3, que funcionaba en el piso octavo del DAS, al lado de la oficina de control disciplinario y de planeación, que según Arzayús, nada tenía de clandestino porque de éste sabía desde su director, Jorge Noguera, hasta funcionarios de las 27 seccionales a quienes se les solicitaba verificar constantemente información de ONG, y que existen actas de las reuniones y “los blancos que se trabajaban”.

Y recordó que el presidente Álvaro Uribe señaló desde 2004 que había unas ONG que, al parecer, estaban infiltradas por la guerrilla y se pidió verificar que fueran organizaciones sin ánimo de lucro y sin ningún fin ilícito. En ese contexto, manifestó que tuvo conocimiento de un documento elaborado por el DAS en el que se reportaba que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo iba a adelantar campañas de desprestigio contra el Gobierno en el ámbito internacional; que en Redepaz utilizaban su investidura para realizar actividades ilícitas; de la ONG Justicia y Paz, que supuestamente querían desacreditar al Estado; de la Comisión Colombiana de Juristas, que el abogado Gustavo Gallón presentaba constantes demandas contra leyes del Gobierno y que el Cinep publicaba textos para desinformar a la opinión pública.

Reportes todos hechos a través de seguimientos ilegales, como el mismo Arzayús reconoció. No sería exagerado decir que se autoincriminó cuando dijo textualmente: “Le suplico al despacho que tenga presente que hasta este año el Congreso promulgó la Ley de Inteligencia, es decir, que todo lo que hicimos en el concepto de operaciones de inteligencia se puede considerar que fue ilegal”. Y, a renglón seguido, agregó que un seguimiento es un procedimiento de policía judicial que se sale de la órbita de la inteligencia. Curiosamente, aclaró en seguida que estaba siguiendo órdenes y que le causó sorpresa que, precisamente por esa época, a la subdirección de operaciones que él comandaba la reconocieran como la mejor del DAS, al punto de que fue condecorado por el Presidente.


También corroboró que el grupo G-3 tenía equipos de cómputo y logística en general, extensiones telefónicas y que de todos sus pasos estaba enterado Jorge Noguera Cotes. Dicha dependencia estaba coordinada por el funcionario Jaime Fernando Ovalle Olaz y fue apoyada decididamente por la dirección de inteligencia. Preguntado por la Fiscalía sobre qué es un blanco político, Arzayús recordó que la Resolución 958 del 10 de septiembre de 2008, expedida por el DAS, lo catalogaba como toda persona natural o jurídica legal o inmersa en actividades delictivas, entidades políticas, económicas y sociales, y organizaciones hacia las cuales se dirige la búsqueda de la información. “Eso quiere decir que la inteligencia del DAS no siempre es con fines de investigación criminal”.

Y a modo de explicación, dijo que se recopilaron esos datos para aportárselos al alto Gobierno y que si, por ejemplo, “estuviesen el doctor Petro o el doctor Garzón (en la Presidencia), de igual manera se les haría llegar, por parte del DAS, análisis de inteligencia no sólo del Polo Democrático, sino de los partidos Liberal, Conservador o de la U”. En ese sentido, Carlos Arzayús admitió que supo de pesquisas al Colectivo José Alvear Restrepo, en una investigación denominada ‘Transmilenio’, o en otras en contra de Codhes o la Comisión Andina de Juristas, y hasta el periodista Hollman Morris. Había información, recalcó, en el sentido de que la guerrilla quería penetrar algunas ONG y era necesario detectarlas para prevenir la seguridad democrática.

Interrogado sobre si sabía de los seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Arzayús dijo que nunca tuvo conocimiento de ello, porque “la majestad de la justicia se respeta”, pero sí se explayó en una dependencia del DAS de la cual poco se sabe y que, por lo que dijo, es la dueña y señora de los secretos mejor guardados de las organizaciones políticas del país. “El DAS tiene una subdirección de fuentes humanas, con una red de fuentes que están en el interior de los partidos, incluso de la oposición. Fuentes inscritas que reciben un pago del rubro de gastos reservados y que dan informaciones que se someten a un proceso de análisis (... ) Y eso lo ha hecho no solamente esta administración sino otras”. En esencia, un espionaje antidemocrático financiado con dineros del erario.

Seguidamente le preguntó la Fiscalía a Arzayús qué son las operaciones encubiertas que adelantó el DAS para este tipo de investigaciones. “Implica infiltración, sonsacamiento, vigilancias y seguimientos”, explicó el ex funcionario, quien dijo con vehemencia que muchas de las informaciones recaudadas eran compartimentadas y, por tanto, aseguró, desconocía buena parte de los hallazgos del organismo en esta milimétrica cacería que se desarrolló. De acuerdo con su relato, se indagó de todas las ONG que estuvieron en la mira si habían evadido tributos al fisco o si sirvieron para lavar dinero. En varias reuniones, en las que Jaime Fernando Ovalle hizo presentaciones en Power Point, se enteró de estos avances a Noguera y a su cúpula.

Arzayús indicó que Ovalle le solicitaba apoyos constantemente para verificar algún contacto entre miembros del Colectivo y particulares, y se le rendía un informe, aunque negó saber qué correos o teléfonos celulares estuvieran interceptados. “Me dejaron entrever en alguna oportunidad en el tema de los correos electrónicos que el DAS tenía fuentes en esas organizaciones y que eso venía de tiempo atrás. Cuando le preguntaron cuál fue su participación en el seguimiento al Colectivo de Abogados, respondió que a detectives que dependían de él les pedían que constataran encuentros “y en lo posible, un registro fílmico de quiénes asistieron”. Además, contó cómo era el proceso de caracterización de funcionarios del DAS para infiltrar marchas con pasacalles o pancartas.

Y soltó esta perla: “Otro ejemplo de los apoyos que se podían brindar era caracterizar a funcionarios como si fueran periodistas. Entonces van los muchachos con una cámara y con chalecos para hacer operaciones de inteligencia”. Detalló que firmó memorandos en los que se desarrollaban actividades de inteligencia sobre Alirio Uribe, director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y que supo que una de las abogadas de esta firma fue seguida en Valledupar. La Fiscalía también le mostró un memorando que le fue enviado, en el que se hablaba de seguir a entidades de tendencia opositora, con el fin de neutralizarlas. Arzayús trajo a colación que una de las misiones de trabajo correspondió a un seminario, adelantado en la Universidad Javeriana, sobre la no violencia en Bogotá.


Por último, reconoció que firmó varias actas sobre actividades del G-3 y “que pecó por haber firmado”. Aunque dijo no saber de qué casetes se habla en un memorando en el que él autoriza su entrega, advierte que se trataba del caso ‘Transmilenio’, es decir, de seguimientos al Colectivo de Abogados José Alvear, y que dichas grabaciones fueron entregadas a un detective del G-3. Por su presunta participación en todas estas acciones, la Fiscalía le hizo cargos por concierto para delinquir, abuso de autoridad, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores de información, fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión. “Sin querer autoincriminarme puede haber culpa por imprudencia, por impericia, pero jamás el ánimo de causar perjuicio a mis ciudadanos”, concluyó Arzayús.

La hoja de vida de Carlos Alberto Arzayús

El ex director de inteligencia del DAS Carlos Alberto Arzayús Guerrero nació el 22 de noviembre de 1968 en la ciudad de Cartagena. Es casado y padre de dos hijas. Abogado de la Universidad Inca de Colombia. Su primer cargo público fue en la oficina jurídica del Ministerio de Defensa Nacional entre octubre de 1995 y noviembre de 1996. Luego fue asesor jurídico del comando del Ejército Nacional, entre agosto de 1997 y abril de 1998. Al DAS ingresó en mayo de 2000 como inspector y después fue profesional operativo en la oficina de control disciplinario de esa entidad hasta 2002. A continuación y durante tres años ocupó otros cargos hasta que fue nombrado director de inteligencia, donde estuvo hasta el 30 de octubre de 2006. Dos días después fue nombrado fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá con funciones de jefe de investigaciones del CTI y coordinador de unidades investigativas del CTI en el Gaula Rural y contra el terrorismo. Fue declarado insubsistente el 8 de mayo de 2009.

Síguenos en Google Noticias