La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de dejar en firme la condena en contra del exdirector de la Policía, el general (r) Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias. El alto tribunal encontró que, cuando era director de la institución, Palomino aprovechó su cargo para interferir en 2014 en la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalado de ayudar a paramilitares a expropiar tierras.
Lo que revisaba la Sala Penal era la decisión que tomó la Sala de Primera Instancia en agosto del año pasado, en la cual determinó que el policía retirado debía pagar siete años de prisión, sin derecho a prisión domiciliaria, por el delito de tráfico de influencias. En la más reciente decisión, se encontró que no hay dudas de que Palomino usó su alto cargo en la Policía para que en 2014, un año después de haber llegado al cargo más alto de la Policía, visitar en su casa a la fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, entonces adscrita a la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Sonia Lucero Velásquez Patiño. El encuentro informal se hizo para que Palomino le pidiera reconsiderar la orden de captura que se había dispuesto contra el empresario Gallo.
La finalidad del encuentro era hablar de una operación contra 14 personas del Fondo Ganadero de Córdoba y le planteó la posibilidad de detener una de las capturas: la de una persona a la que calificó de muy influyente. De acuerdo con los testimonios recopilados por el alto tribunal, la fiscal aceptó el encuentro con Palomino con la condición de que fuera en el apartamento de ella.
La reunión fue grabada en su totalidad por Velásquez, la cual fue la prueba reina de la presión de Palomino hacia ella para frenar la captura del empresario que hacía parte del Fondo. En el audio se escucha a Palomino decirle a la investigadora que reconsiderara la orden de captura contra el empresario, debido a la cercanía que él tenía con grandes personalidades del país.
Por esos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia le impuso una pena de siete años de prisión, multa de 174,9976 SMMLV y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de nueve años. Además, le negó la prisión domiciliaria. Al revisar la condena, la Sala Penal encontró que la acción no está prescrita como manifestó la defensa del uniformado en retiro. Por eso, para la Sala no hubo duda de que Palomino “intentó manipular a la fiscal del caso, con el propósito de obstaculizar el curso de la investigación y la materialización de la orden de captura librada contra Gallo Restrepo”.
El magistrado Gerson Chaverra, de la Sala Penal, leyó la reciente decisión y dijo que “solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”. Añadió que Palomino incurrió “en una inaceptable desviación de poder agravada por la investidura que ostentaba. Se aprovechó de su cargo para conocer detalles de una investigación en curso asociada a un sistemático despojo de tierras en perjuicio de los campesinos del Urabá Antioqueño”.
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