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Resolviendo una apelación presentada por el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá redujo cinco años la condena a 25 años de prisión en su contra por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. Según la Fiscalía, entre 2007 y 2011, Moreno lideró una red de corrupción en la capital del país “para cometer delitos contra la administración pública, recordado por el contrato firmado entre el IDU y vías Bogotá SAS, relacionados con la fase III de Transmilenio”. El Tribunal confirmó su condena por los delitos que le imputó la Fiscalía: concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación en favor de terceros.
El tribunal tomó en cuenta los testimonios de contratistas y funcionarios públicos (concejales) que hicieron parte de esa red de corrupción como Emilio Tapia, Héctor Zambrano, Luis Eduardo Montenegro, Miguel Nule, Iván Alberto Hernández, Hipólito Moreno, Ronald Andrés Camacho, entre otros. “Es claro que Moreno realizó un pactó con gente que apoyo su compaña para enriquecerse y por ende entregó burocracia y dádivas (...) no solo se dieron contratos a dedo, sino que también se entregaron puestos en el Distrito. por lo dicho confirma la condena por el concierto para delinquir”, señaló el magistrado Alberto Poveda Perdomo, ponente del caso.
Por estos hechos ya fueron condenados Miguel Eduardo, Manuel Francisco y Guido Nule a 14 años tras aceptar su responsabilidad por el delito de peculado, ya que según las investigaciones recibieron $69.000 millones de anticipo por las obras de malla vial. Por su parte, Mauricio Galofre, considerado el principal socio del Grupo Nule, fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel, puesto que solamente participó en la celebración de dos contratos viales. Según la Procuraduría y la Contraloría los Nule se habrían apropiado irregularmente de 8.500 millones de pesos de los anticipos de los contratos viales en Bogotá.
El Tribunal argumentó por su parte que la reducción de la pena se sustenta en que fue mal tasada la pena teniendo en cuenta los delitos que le fueron imputados. Además, señaló que contrario a lo que dice la defensa de Moreno, el tribunal señaló no incurrió en una indebida valoración de las pruebas, por el contrario, de la prueba documental y testimonial “emerge sin asomo de duda que Moreno Rojas, en su calidad de Alcalde Distrital, hizo parte de un concierto criminal y, fruto de tales acciones ilegales, entre otras que se conocen, afectó el patrimonio distrital cuando intervino en la cesión del contrato”.
En el fallo de segunda instancia también el tribunal repasó varios de los hechos que llevaron a confirmar la sentencia de primera instancia. “La evidencia, especialmente la documental e informes rendidos por investigadores que los ratificaron y ampliaron en el juicio oral, amén de varias declaraciones testimoniales rendidas por personas”. Además el tribunal señala que las firmas de otros sí del cuestionado contrato fueron una pieza fundamental en la estrategia diseñada pare atentar contra las finanzas del Distrito. “Con ellos se consiguió, además de ceder el contrato, autorizar más y mayores pagos a favor del nuevo contratista, desconociendo reglas básicas del contrato que habían sido establecida desde el mismo momento del proceso licitatorio”.
“Si bien Moreno Rojas no aparece suscribiendo actos administrativos o documentos vinculados al contrato, fueron sus decisiones de gobierno, entre ellas mantener a Liliana Pardo como directora y demás servidores públicos vinculados a dicha entidad, lo que permitió que el plan esquilmatorio del erario se cumpliera exitosamente en el IDU. La mejor muestra del conocimiento directo y de su intervención en todo lo que tenía que ver con el contrato emerge de las propias preocupaciones del procesado por lo que estaba ocurriendo con dicha obra, de vital importancia para la movilidad de la capital de la República. Es por ello que el mismo Moreno dio directamente la noticia de la cesión del contrato, como lo reseñan varias pruebas aportadas el juicio”, señaló el tribunal en el documento de 49 páginas.
El halón de orejas a la Fiscalía
El Tribunal Superior de Bogotá señaló que “en el caso del denominado carrusel de la contratación, resulta inexplicable la forma como la FGN imputa y acusa a algunos de los responsables olvidando delitos, omitiendo la existencia de circunstancias de mayor punibilidad, haciendo imputaciones o preacuerdos a la medida de los procesados, dejando que cumplan sus períodos en los cargos para los que fueron elegidos y un largo etcétera. a pesar del esfuerzo que se ha realizado en aras de establecer los responsables del gran desastre que ha sufrido el Distrito Capital, muchos de los partícipes e intervinientes no han sido tocados por la justicia, y seguramente el paso del tiempo se convertirá en su mejor aliado para que la impunidad campee”.
Y agregó que “La experiencia enseña que los carteles delincuenciales o mafias que han azotado la institucionalidad se reacomodan, se reintegran, obtienen nuevos patrocinadores, cambian de smoking (...) cuando se examinan las listas de candidatos avaladas por los diferentes partidos a las corporaciones y cargos de elección popular, en las que figuran con especial renombre herederos políticos de los delincuentes que han sido condenados por los jueces. Y los partidos políticos felices de recibir esos votos contaminados que les sirven para copar un número mayor de curules en los cuerpos colegiados”.
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