La Sala Penal de la Corte Suprema ratificó los fallos que se habían emitido contra Nelsy Franco Polo y Fernando Rodríguez González, ex sargento y ex patrullero de la Policía, involucrados en el millonario fraude que se descubrió en 2004 contra la oficina de Bienestar Social de esa institución.
Ese año, el entonces director del despacho, coronel Heriberto Naranjo Cardona, denunció el desvío de grandes sumas de dinero, el cual se estaba haciendo a través de una figura llamada auxilio mutuo. Es decir, el dinero estaba saliendo de los recursos que los mismos policías aceptaban entregar para ayudar a otros.
Franco era la coordinadora y jefa de la subdivisión de Bienestar que se encargaba de tramitar dichos auxilios. El patrullero Rodríguez fungía como secretario. Entre ambos debían constatar que los soportes entregados por quienes esperaban recibir el subsidio fueran legales.
Cuando la Fiscalía comenzó la investigación, estableció que se había hecho toda una ‘mafia’ de este auxilio: varios policías, junto con personas particulares, preparaban documentos falsos y, por medio de procesos administrativos, lograban que se desembolsara el dinero en las oficinas de tesorería de la Policía.
La Fiscalía determinó también que un hombre llamado Desiderio Luna Betancourt era quien, en Cali, reclutaba a personas para prestar sus documentos de identidad y así formar los falsos expedientes. Una vez desembolsado el auxilio, él tomaba un porcentaje, le entregaba otro a un intermediario y el resto a los supuestos beneficiados.
De esta manera, desde 1993 hasta 2003, el Fondo de Cooperación Mutua de la Policía entregó auxilios por $3.213 millones a personas que aplicaron a ellos de manera fraudulenta. Al menos 400 personas se habrían aprovechado de este sistema. En 2004, 16 requerimientos al Fondo no se entregaron, porque ya se había hecho pública la denuncia.
Los ex integrantes de la Policía Nelsy Franco y Fernando Rodríguez fueron condenados por un juzgado penal del circuito de Bogotá por peculado, sentencia que fue corroborada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Por El Espectador
