8 Jul 2021 - 8:48 p. m.

Congelan bienes a supuesta banda de explotación sexual de migrantes en Casanare

Según las investigaciones, una mujer y sus hijos se encargaban de reclutar a mujeres venezolanas en las fronteras y les ofrecían trabajos como meseras en Yopal. Allí eran chantajeadas y obligadas a prestar servicios sexuales.

La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre tres inmuebles y seis establecimientos comerciales en Yopal (Casanare), que habrían sido utilizados o adquiridos por una red de trata de personas. La organización, al parecer, reclutaba mujeres venezolanas en las fronteras, ofreciéndoles trabajo como meseras y después obligándolas, mediante amenazas y chantajes, a prestar servicios sexuales.

Los bienes, cuyo valor supera los $300 millones, fueron ocupados en acciones realizadas en conjunto por la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía (Dipo). Según el ente investigador, las investigaciones permitieron conocer que las propiedades harían parte del patrimonio de Isabelina Fonseca Rosas, alias Rosas, presunta líder de la red.

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La Directora de Extinción de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra, aseguró sobre Rosas: “esta mujer, junto a sus hijos y otros conocidos, supuestamente, reclutaba jóvenes y menores de edad en los pasos fronterizos con Venezuela, las convencían de aceptar trabajos como meseras en Yopal y, posteriormente, las obligaban a ejercer actividades de tipo sexual en medio de posibles amenazas y chantajes”.

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Así mismo, el coronel de la Policía Jhon Harvey Alzate Duque, jefe de la Dipro, dijo: “(los bienes) habrían sido utilizados por una organización para materializar delitos de trata de personas, proxenetismo, y abuso sexual en diciembre del año 2020″.

La operación, según dijo el coronel Alzate, “permitió la captura de siete personas que estaban explotando sexualmente a 16 personas, las mayoría de ellos extranjeros y particularmente cuatro menores de edad”. Según el coronel, “a estas víctimas se les restablecieron los derechos por parte del ICBF y se continuó con la investigación que permite materializar este proceso de extinción de dominio”.

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Finalmente, por estos hechos, alias Rosas y otras nueve personas fueron capturadas y judicializadas en un proceso adelantado por la Dirección contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía y los bienes afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

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