El congresista el Pacto Histórico, David Racero, será investigado formalmente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión. Al parecer, el representante a la Cámara habría pedido a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) parte de sus salarios para que conservaran sus puestos.
La investigación en contra del expresidente de la cámara baja es adelantada por el despacho del magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, quien está pendiente de definir la fecha en la que escuchará en indagatoria a Racero.
Concretamente, el alto tribunal investiga las circunstancias que rodearon consignaciones hechas a las cuentas del Representante a la Cámara por integrantes de su UTL. Asimismo, si un funcionario de su despacho fue asignado a tareas en un negocio particular.
Las denuncias de los supuestos cobros de Racero se conocieron desde septiembre de 2024. Desde esa época, el representante del Pacto Histórico pidió a la Procuraduría y a la Corte Suprema que lo investigaran. “Solicito comedidamente que, dentro del ámbito de sus competencias funcionales, se investigue mi proceder como congresista al frente de la gestión de la UTL a mí asignada, no solamente en lo relacionado con las personas y fechas relacionadas en la columna, sino durante todo el tiempo en que he tenido la calidad de representante”, dijo el político en ese entonces.
Las denuncias se conocieron el año pasado por unos mensajes de WhatsApp publicados por Daniel Coronell, en los que se leía a Racero supuestamente pidiendo parte de sus salarios a miembros de su UTL y habría asignado a personal público a atender un negocio privado de su propiedad, un mercado fruver.
El representante del Pacto dijo que entre él y Estefanía Montoya, miembro de su UTL, se prestaban dinero con frecuencia y que quizás a eso obedecían las conversaciones a las que accedió el periodista. Ella, por su parte, cuestionó la autenticidad de los pantallazos de WhatsApp y dijo que en todo caso los dineros no tenían que ver con su sueldo.
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