Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Miller, que preside el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, expresó especial indignación por la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de suspender al juez José Nirio Sánchez de las investigaciones de casos relacionados con "miles de asesinatos de líderes y miembros de sindicatos".
En una misiva enviada a Uribe, con fecha del viernes pasado, Miller recordó que se reunió con los tres jueces el pasado 12 de enero y se enteró de que estos fueron suspendidos en diciembre pasado "y no sabían si se les permitiría o no regresar a sus cargos".
El legislador quiere que Uribe explique el porqué de la suspensión, el impacto que eso tendrá en las investigaciones y la decisión de dejar vencer nuevamente los cargos en julio de 2008, cuando la resolución de los casos atrasados "tomará años y no meses".
Miller reservó sus principales críticas sobre la decisión en torno al juez Sánchez, quien fue suspendido "sin ninguna explicación sobre los criterios utilizados para su reemplazo".
El congresista dijo que la suspensión temporal de los jueces, como mínimo, "podrían tener el efecto de disminuir la labor de los jueces para hacer frente al pasmoso atraso" en las investigaciones.
Para Miller, quien se reunió a principios de este mes con jueces, líderes sindicales, trabajadores y representantes del Gobierno Nacional, la información que ha solicitado al mandatario "sería clave para determinar si EE.UU. debe o no poner en marcha un acuerdo de libre comercio con Colombia".
Miller consideró en un comunicado que el proceso jurídico para investigar los asesinatos de sindicalistas "debe ser eficaz y sostenible, debido al extenso historial y la naturaleza institucional" de esos crímenes en Colombia.
"Si estos procesamientos y fallos jurídicos no son eficaces ni sostenibles, entonces continuará la impunidad, y eso es inaceptable", afirmó Millar.
El legislador enfatizó que el combate a la impunidad será clave cuando el Congreso someta a debate y votación definitiva el Tratado de Libre Comercio con Colombia, y todo dependerá de si el gobierno Uribe está haciendo todo lo posible por proteger los derechos humanos y laborales en ese país.
Miller dejó abierta la posibilidad de apoyar la entrega de más fondos estadounidenses para reforzar el sistema jurídico colombiano, pero agregó que, primero, "Colombia debe hacer más para asegurar que su sistema judicial funciona con la mayor solidez posible y evite incluso la apariencia de actuar de forma indebida en estos casos".