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El próximo 23 de agosto, el congresista uribista Edwin Ballesteros deberá responder en indagatoria los cuestionamientos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la cual le abrió una investigación en mayo pasado por presuntas irregularidades en contratos cuando estaba al mando de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT). Entre 2013 y 2016, Ballesteros pudo incurrir en los delitos de cohecho -soborno- concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
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La investigación en su contra proviene de una compulsa de copias durante el expediente penal que se adelanta contra el excongresista Richard Aguilar, capturado el pasado 27 de julio en Bogotá por orden de la Corte Suprema. El despacho judicial cree que Aguilar, cuando fue gobernador de Santander (2012-2015), direccionó a dedo millonarios contratos y se quedó con coimas antes pactadas con los consorcios. Sobre Ballesteros, la Corte tendría como probar que participó de la supuesta red de corrupción y, además, se benefició.
El nombre de Edwin Ballesteros salió luego de que Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura de Santander entre 2012 y 2015, subalterna de Aguilar en la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo, lo mencionaran como presunto receptor de beneficios, en el momento en que supuestamente Richard Aguilar direccionó los contratos. La pareja fue imputada en octubre de 2018 y hoy están bajo medida de aseguramiento domiciliario, sin embargo, desde hace años encendieron el ventilador y fueron claves, por ejemplo, para que la Corte ordenara prisión preventiva contra Aguilar, hijo del político condenado Hugo Aguilar.
Asi como en el caso Aguilar, la Corte cree que Ballesteros incurrió en irregularidades contractuales, como en el millonario desembolso para el mantenimiento del alcantarillado en el sector El Casino, de Sucre (Santander). Además, una planta para agua potable en el municipio de Enciso, suscrito con la empresa “Unión Temporal Enciso Potable”, representada entonces por el ciudadano Octavio Reyes Sarmiento. Aguilar y Ballesteros son colegas desde la década pasada, pues el exgobernador nombró al congresista como asesor de despacho en 2012. Ballesteros fue encargado varias veces como secretario de despacho en las secretarías de Planeación, Hacienda, Interior, Infraestructura, Comunicaciones y Educación.
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De hecho, el abogado Octavio Reyes Sarmiento es una de las conexiones a investigar entre Aguilar y Ballesteros, de acuerdo con la Corte Suprema. En el auto de medida de aseguramiento contra Aguilar, Ballesteros y Reyes Sarmiento salen mencionados en el mismo expediente relacionado con el contrato 0766 de 2015, para reforzar el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Las obras se realizaron, pero, según la Corte, detrás hubo todo un entramado de corrupción, confesado por nada más y nada menos que la entonces secretaria de Infraestructura, Claudia Toledo. Lo mismo acusó el esposo de la exfuncionaria, Lenin Pardo.
Según explicó la Corte, a finales de 2014, Aguilar ordenó a Claudia Toledo y a Julián Jaramillo, jefe de la Dirección de Infraestructura, abrir un proceso licitatorio para reforzar el estadio, pero con una curiosa condición: que la empresa ganadora supuestamente debía comprometerse a desembolsar “coimas” por el 10% del valor total del contrato. Para llevar a cabo el proceso, Toledo vinculo a su esposo Lenin Pardo, quien aseguró haber encontrado al abogado Octavio Reyes Sarmiento. Sí, el socio de Ballesteros en la ESANT. Según reza el expediente, Julián Jaramillo se habría contactado con Reyes, explicándole que debía enviar una oferta para realizar las obras y, sobre esas cuentas, cobrar el 10% para Aguilar y un 6% para él y la pareja Toledo-Pardo.
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“Octavio Reyes le hizo un análisis y le dijo a Julián Jaramillo: ‘Yo les puedo dar el 16%’. A mí también me lo dijo Octavio, me lo dijo personalmente. Me dijo que lo distribuiría: el 10% para Aguilar, el 3% para Julián Jaramillo y el 3% para mi esposa (Claudia Toledo)”, le confesó Lenin Pardo a la Corte. Luego, según la Sala de Instrucción, se habría dado el direccionamiento amañado a favor de Octavio Reyes, quien habría elaborado un pliego licitatorio con información privilegiada. Al final resultó elegida la “Unión Temporal Reforzamiento Estado 2015”, a la cual le entregaron 24.200 millones contando la adición.
El ingeniero Andrés Mauricio Díaz fue clave, pues consiguió la empresa que se habría asociado con Octavio Reyes para crear la “Unión Temporal”. De hecho, tiempo después Díaz quedó registrado como el interventor de la misma obra. Ahí, los testigos coinciden en que el abogado Reyes entregó al entonces gobernador Aguilar $700 millones como parte inicial de las “coimas”, dinero que habría sido entregado por la mano derecha Julián Jaramillo. El ingeniero Díaz le dijo a la Corte que, por esas fechas, el abogado Reyes hablaba sobre la entrega de un buen dinero para negociar unos contratos que le serían adjudicados en diciembre de 2015, en la ESANT de Edwin Ballesteros.
“Octavio Reyes me confiesa haber sacado $2.000 millones para la compra de unos contratos que serían adjudicados a él, en el mes de diciembre de 2015 en la ESANT, a través de su amigo Edwin Ballesteros. Y que estos dineros fueron a parar a una campaña política, que de ahí nace el problema financiero del contrato y que él le va a solicitar al señor Richard Aguilar, a través de las personas a las que les entregó el dinero, que crucen cuentas con las coimas del contrato del estadio y lo entregado para contratos en la ESANT”, le dijo el ingeniero Andrés Díaz a la Corte.
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Lenin Pardo, esposo de la exsecretaria de Infraestructura, le habló a la Corte sobre una conversación que mantuvo con Octavio Reyes. Este último supuestamente le dijo que le había entregado $600 millones a Ballesteros, gerente de la ESANT, con el objetivo de hacérselos llegar a Aguilar. En contraprestación, el ahora congresista uribista se habría comprometido a otorgarle dos obras de alcantarillado en Chipatá y en Barichara (Santander). Octavio Reyes le habría explicado a Pardo que al final el acuerdo no se cumplió, pues Ballesteros renunció a su cargo en 2016 y la nueva administración bajó del sistema los supuestos procesos licitatorios en curso.
En otro episodio, acusado por la Corte en su medida de aseguramiento contra Aguilar, se habla sobre unos correos electrónicos allegados por el “ventilador” Lenin Pardo. Según el testigo, el exgobernador Aguilar, aprovechándose de la supuesta red de corrupción, le habría ordenado a Edwin Ballesteros entregarle un contrato de acueducto en Landázuri (Santander), pues Pardo apoyaría económicamente al candidato de su afinidad para la nueva gobernación departamental, Holger Díaz. Testigos sostienen que, por las manos de Ballesteros, pasó mucho dinero de la red que presuntamente lideró Aguilar.