Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El congresista del partido Colombia Renaciente, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, fue acusado por La Sala Especial de Instrucción por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los hechos en los que presuntamente habría cometido los delitos se remontan a su periodo como alcalde de Barracas (Guajira) entre 2016 y 2019. En esa época, se llevó a cabo un contrato para la reforestación de la ribera del río Ranchería; sin embargo, según las investigaciones adelantadas, se habrían presentado irregularidades en la adjudicación del contrato realizada por el funcionario.
Lea: Capturan a “Pícoro”, señalado de ser el extorsionista de las disidencias en Nariño
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recaudó testimonios y practicó distintas pruebas para estudiar el comportamiento del hoy congresista en su paso por la Alcaldía de Barracas. Una vez quede en firme la acusación de la Sala de Instrucción, el caso pasará a la Sala de Primera Instancia para que inicie formalmente el juicio
Desde marzo de 2024, el político enfrenta otro juicio en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en otro caso relacionado con la prestación del servicio público en el municipio, así como su contrato de interventoría en el 2018.
Estos convenios fueron suscritos entre el municipio y las sociedades Alumbrado Público de Barrancas S.A.S y la Interventoría Alumbrado Público de Barrancas. Sin embargo, al asumir la administración municipal, el funcionario conocía que los recursos recaudados eran insuficientes para cubrir la totalidad de los costos de operación del sistema de alumbrado público.
Para contexto: Corte Suprema acusó al representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa
La Corte determinó que la ausencia de estudios efectivos sobre cómo se iba a financiar el alumbrado público, generó que este negocio estatal fuera inviable y se hiciera imposible cubrir sus costos operativos y los de provisión de energía eléctrica. A pesar de esto, se mantuvo la decisión de no imponerle una medida de aseguramiento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
