Con el nombramiento de dos conjueces la Sección Segunda del Consejo de Estado iniciará el estudio de la acción judicial presentada por la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador con la que busca tumbar la sanción de la Procuraduría General que la destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos.
En la demanda se manifiesta que el órgano de control disciplinario le vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa en el proceso que se le adelantó por su participación en los seguimientos ilegales e interceptaciones a magistrados de las altas cortes, periodistas, abogados y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En el fallo emitido en octubre de 2010 la Procuraduría General consideró que existían pruebas testimoniales y documentales para inferir que Hurtado Afanador solicitó información privada a un grupo de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad para entregársela a otros funcionarios de la Presidencia.
En la investigación disciplinaria se estableció que la entonces directora del DAS se reunió con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas. En el encuentro se le manifestó el interés del presidente de la República para que el DAS “lo mantuviera informado” sobre un grupo de personas.
Entre estas se encontraban los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como el presidente del alto tribunal. Además de los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Gustavo Petro Urrego, la excongresista Yidis Medina, el abogado Ramiro Bejarano y el periodista Daniel Coronell.
Hurtado dio instrucciones a sus subalternos para reclutar fuentes humanas dirigidas a recolectar información privilegiada mediante la infiltración a sus esquemas de seguridad, la ubicación de artefactos para interceptar sus comunicaciones, los seguimientos para obtener datos sobre sus movimientos.
Por estos mismos hechos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la condenó a 14 años de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, concierto para delinquir y abuso de función pública. Actualmente se encuentra privada de la libertad en la Escuela de Carabineros en Bogotá tras ser deportada de Panamá donde gozó de asilo territorial durante cuatro años.
Por Redacción Judicial
