Este viernes, el Ejecutivo expidió dos nuevos decretos con fuerza de ley que convertirán algunos delitos en contravenciones y ordenan utilizar servicios de mensajería privados para enviar notificaciones y no hacerlo de forma personal, según anuncio hecho por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
Sin embargo, las medidas de urgencia desataron una fuerte polémica que sólo se resolverá con el pronunciamiento que deberá hacer la Corte Constitucional en las próximas horas sobre la legalidad del estado de excepción. El presidente de Asonal, Fabio Hernández, quien es partidario de continuar con el cese de actividades, aseguró que la medida no está justada a la Carta Magna y tiene como objetivo acabar con la protesta que han adelantado los trabajadores de la rama.
Hernández dijo que es evidente que no existe una situación de orden público que ponga en riesgo la seguridad del Estado, y no descartó que la conmoción traiga consecuencias al país como la reducción de la inversión extranjera.
Por El Espectador
