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El Consejo de Estado estudiará una demanda interpuesta por el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, en la que pide solicita que se le revoque la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años emitida por la Procuraduría General de la Nación por su responsabilidad en las llamadas chuzadas del DAS el 4 de octubre de 2010.
En la solicitud en la que se argumentan daños y prejuicios, el exfuncionario no solicita ningún tipo de indemnización económica, como en lo común en este tipo de demandas contra la Nación.
Moreno Villegas fue sancionado disciplinariamente por su participación y conocimiento en las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a los magistrados de las altas cortes, líderes políticos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
En la decisión de la Procuraduría se señala que Moreno le manifestó a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, el ”interés” del presidente Álvaro Uribe para que el DAS lo mantuviera informado sobre “cuatro temas específicos” como lo eran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba, además del periodista Daniel Coronell, valiéndose en los testimonios presentados por el exsubidirector de inteligencia del organismo, Fernando Lagos.
Por estos mismos hechos, Bernardo Moreno es investigado penalmente por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, hecho por el cual se encuentra cobijado con medida de aseguramiento.
En los próximos días el Consejo de Estado deberá hacer el sorteo para que por reparto uno de los magistrados asuma el expediente y se inicie el estudio de la demanda.
Por El Espectador
