Consejo de Estado admite demanda que pide tumbar elección del contralor general

La Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno, aceptó una demanda de nulidad contra la elección de Carlos Felipe Córdoba como contralor general de la República, para el periodo 2018-2022. El abogado Wilton José Molina interpuso el recurso al considerar que se presentó una vulneración de las normas constitucionales, legales y reglamentarias en la convocatoria pública y en el concurso que concluyó con la elección de Córdoba. (Le sugerimos: Carlos Felipe Córdoba, nuevo contralor general de la República)

En la demanda, Molina dijo que se cometieron tres irregularidades. La primera es que no se habría fijado el tiempo de publicación de la convocatoria para que la ciudadanía participe. El demandante dijo que este proceso debe realizarse con diez días de anticipación a la inscripción y que este se publicó en la página del Senado solo tres días, según la fecha de expedición de la resolución y la fecha de inscripción de los aspirantes. Para el abogado, la convocatoria fue prácticamente secreta ya que los únicos que la conocieron fueron los aspirantes recomendados.

Otra de las irregularidades denunciadas por Molina tiene que ver con la lista definitiva de diez aspirantes. La demanda dice que esta fue expedida irregularmente por incluir a aspirantes con menores puntajes que otros que obtuvieron mayor calificación, entre ellos el candidato Wilson Herrera Moreno. En el listado, según la denuncia, se presentaron irregularidades ya que no corresponde a la realidad de los puntajes, “puesto que este aspirante (Herrera Moreno), por haber sacado el mayor puntaje, debió estar en la lista definitiva”. (Lea también: El proyecto que busca darle un remezón al control fiscal en el país)

Finalmente, Wilton José Molina expresó que la mesa directiva del Congreso, cuando ya se habría vencido el periodo de inscripción de los aspirantes, modificó una resolución que establece el puntaje de la prueba de conocimiento. La demanda dice que este puntaje se bajó a 60 puntos cuando en la primera resolución se había establecido en 75 para estar habilitado. “La jurisprudencia ha reiterado que las convocatorias o concursos se pueden modificar solamente hasta antes del proceso de inscripción de los aspirantes, por lo tanto, es ilegal cualquier modificación que se realice”, se lee en la demanda.

Para Molina, en la elección de Carlos Felipe Córdoba como contralor general se vulneraron varios artículos de la Constitución Política, de la Ley 1904 de 2018 (que establecen las reglas para la elección del contralor por el Congreso), de la Ley 1437 de 2011(por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y de la resolución 007 del 19 de julio de 2018, expedida por la mesa directiva del Congreso de la República. (En contexto: Carlos Felipe Córdoba: la nueva cara del control fiscal)

“Todas estas irregularidades explicadas y detalladas (…) se demuestran a simple vista y saltan del bulto las innumerables irregularidades que hacen nulo el proceso de convocatoria y elección del contralor, para el periodo 2018 – 2022, por violar la Ley 1904 de 2018 y la Constitución Política”, expresó Molina. Por su parte, el Consejo de Estado el pasado 1° de noviembre aceptó la demanda y ordenó varios requerimientos para tomar una decisión al respecto.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno, aceptó una demanda de nulidad contra la elección de Carlos Felipe Córdoba como contralor general de la República, para el periodo 2018-2022. El abogado Wilton José Molina interpuso el recurso al considerar que se presentó una vulneración de las normas constitucionales, legales y reglamentarias en la convocatoria pública y en el concurso que concluyó con la elección de Córdoba. (Le sugerimos: Carlos Felipe Córdoba, nuevo contralor general de la República)

En la demanda, Molina dijo que se cometieron tres irregularidades. La primera es que no se habría fijado el tiempo de publicación de la convocatoria para que la ciudadanía participe. El demandante dijo que este proceso debe realizarse con diez días de anticipación a la inscripción y que este se publicó en la página del Senado solo tres días, según la fecha de expedición de la resolución y la fecha de inscripción de los aspirantes. Para el abogado, la convocatoria fue prácticamente secreta ya que los únicos que la conocieron fueron los aspirantes recomendados.

Otra de las irregularidades denunciadas por Molina tiene que ver con la lista definitiva de diez aspirantes. La demanda dice que esta fue expedida irregularmente por incluir a aspirantes con menores puntajes que otros que obtuvieron mayor calificación, entre ellos el candidato Wilson Herrera Moreno. En el listado, según la denuncia, se presentaron irregularidades ya que no corresponde a la realidad de los puntajes, “puesto que este aspirante (Herrera Moreno), por haber sacado el mayor puntaje, debió estar en la lista definitiva”. (Lea también: El proyecto que busca darle un remezón al control fiscal en el país)

Finalmente, Wilton José Molina expresó que la mesa directiva del Congreso, cuando ya se habría vencido el periodo de inscripción de los aspirantes, modificó una resolución que establece el puntaje de la prueba de conocimiento. La demanda dice que este puntaje se bajó a 60 puntos cuando en la primera resolución se había establecido en 75 para estar habilitado. “La jurisprudencia ha reiterado que las convocatorias o concursos se pueden modificar solamente hasta antes del proceso de inscripción de los aspirantes, por lo tanto, es ilegal cualquier modificación que se realice”, se lee en la demanda.

Para Molina, en la elección de Carlos Felipe Córdoba como contralor general se vulneraron varios artículos de la Constitución Política, de la Ley 1904 de 2018 (que establecen las reglas para la elección del contralor por el Congreso), de la Ley 1437 de 2011(por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y de la resolución 007 del 19 de julio de 2018, expedida por la mesa directiva del Congreso de la República. (En contexto: Carlos Felipe Córdoba: la nueva cara del control fiscal)

“Todas estas irregularidades explicadas y detalladas (…) se demuestran a simple vista y saltan del bulto las innumerables irregularidades que hacen nulo el proceso de convocatoria y elección del contralor, para el periodo 2018 – 2022, por violar la Ley 1904 de 2018 y la Constitución Política”, expresó Molina. Por su parte, el Consejo de Estado el pasado 1° de noviembre aceptó la demanda y ordenó varios requerimientos para tomar una decisión al respecto.