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La Sección Primera del Consejo de Estado admitió una tutela presentada por el ciudadano Sebastián Alonso Velásquez, un colombiano víctima del conflicto armado, quien, en su recurso, señaló al presidente Gustavo Petro, la fiscal general Luz Adriana Camargo y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de vulnerar sus derechos a la seguridad personal, la vida y la integridad.
El recurso fue presentado por el ciudadano luego de precisar haber sido víctima de presuntas amenazas por parte de integrantes del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC y que actualmente se encuentra dividida en dos facciones: una liderada por alias Iván Mordisco (lejos de las mesas de negociación con el gobierno) y otra división en cabeza de alias Calarcá (quien mantiene diálogos con el gobierno de Gustavo Petro).
Por ajustarse a lo previsto en el artículo 14 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19911, se admitirá la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculará en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional.
Consejo de Estado
La solicitud presentada por Velásquez tiene su origen en los hechos presentados el 24 de julio, cuando una caravana de la UNP fue detenida en una carretera en Antioquia, cuando transportaba a varios jefes de las disidencias de las FARC, incluido al mismo Calarcá. El meollo del asunto tiene que ver con que algunos de los negociadores de esa disidencia contaban con órdenes de captura vigentes por parte de la Fiscalía. En el recurso, el ciudadano le pide al presidente Petro suspender el cese al fuego con el Estado Mayor Central comandando por Calarcá.
Por su parte, al ente investigador le pidió aplazar la decisión de suspender y levantar las órdenes de captura en contra de los miembros del EMC: Arlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, líder de la subestructura 18; Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, líder de la estructura 36; Omar Delgado Novoa, alias Hermes Boyaco, líder del Frente John Linares, del Bloque comandante Jorge Suarez Briceño; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Erika Castro, delegada del Frente Carolina Ramírez; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, líder del Frente Rodrigo Cadete; ; Wenser Yosony Duque, alias Oliver González, cabecilla de la Comisión Frente Raúl Reyes y María Alejandre Ojeda Londoño, así como de los demás miembros de esa organización que hoy está en diálogo con el gobierno.
A la UNP, entretanto, el ciudadano le solicitó que dejara de suministrar camionetas, chalecos, hombres de seguridad y protección para los miembros del Estado Mayor Central. “Estas decisiones están facilitando el aumento del nivel de riesgo para mí en particular y para toda la población colombiana en general, ya que son medios y facilidades para que las FARC continúen causando zozobra, terror, violencia contra los derechos humanos y aumenten su capacidad de daño y de control territorial, lo cual pone en grave riesgo mi vida, integridad y seguridad personal, para evitar que se materialice la vulneración del derecho a la vida, integridad y seguridad personal de manera irreversible por este grupo armado ilegal”, concluye el recurso aceptado por el alto tribunal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
