Consejo de Estado advierte que el paro y la protesta "tienen límites"
El alto tribunal hizo un llamado para que la disidencia acoja el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Rama Judicial.
El Espectador
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren aseguró que los empleados y funcionarios de la Rama Judicial que siguen en paro judicial deben acoger el acuerdo firmado hace más de tres semanas entre el Gobierno y los representantes de Asonal.
En este sentido consideró que pese a que el paro y la protesta están consagrados en la Constitución Política de Colombia “existen límites” como lo son agraviar y anarquizar la administración de la justicia.
"El paro y la protesta es un derecho constitucional pero tiene límites no se puede, so pretexto de ese derecho constitucional a protestar, agraviar y volver anárquica la función de administrar justicia, este país tiene autoridades y esas autoridades implican las ordenes del cumplimiento exacto de la constitución y la ley", precisó el magistrado.
Para el presidente del Consejo de Estado lo más sensato es reconocer el acuerdo firmado por las partes en el cual se estableció la suma de un billón 220 mil millones de pesos para lograr la nivelación salarial establecida en la ley cuarta de 1992.
"Nos preocupó la legitimidad de ese acuerdo en torno a que el Gobierno Nacional tuvo como interlocutores una serie de funcionarios que algunos representan organizaciones de base y otros no, o sea que el tema de legitimidad para poder ventilar un acuerdo de carácter salarial o reivindicatorio está en cuestión", indicó.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren aseguró que los empleados y funcionarios de la Rama Judicial que siguen en paro judicial deben acoger el acuerdo firmado hace más de tres semanas entre el Gobierno y los representantes de Asonal.
En este sentido consideró que pese a que el paro y la protesta están consagrados en la Constitución Política de Colombia “existen límites” como lo son agraviar y anarquizar la administración de la justicia.
"El paro y la protesta es un derecho constitucional pero tiene límites no se puede, so pretexto de ese derecho constitucional a protestar, agraviar y volver anárquica la función de administrar justicia, este país tiene autoridades y esas autoridades implican las ordenes del cumplimiento exacto de la constitución y la ley", precisó el magistrado.
Para el presidente del Consejo de Estado lo más sensato es reconocer el acuerdo firmado por las partes en el cual se estableció la suma de un billón 220 mil millones de pesos para lograr la nivelación salarial establecida en la ley cuarta de 1992.
"Nos preocupó la legitimidad de ese acuerdo en torno a que el Gobierno Nacional tuvo como interlocutores una serie de funcionarios que algunos representan organizaciones de base y otros no, o sea que el tema de legitimidad para poder ventilar un acuerdo de carácter salarial o reivindicatorio está en cuestión", indicó.