Consejo de Estado dejó en firme condena contra la Nación por masacre de Bojayá
El Tribunal Administrativo del Chocó le ordenó al expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango y a la cúpula militar de la época pagar un porcentaje de la indemnización para los familiares de las víctimas.
Redacción Judicial
Al resolver una acción de tutela la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró no probadas las excepciones planteadas por el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Chocó que condenó a la Nación por la masacre de Bojayá registrada el 2 de mayo de 2002.
En la decisión el alto tribunal rechazó además la solicitud para anular los alcances de dicho fallo. En el mismo se determinó que se presentó una omisión por parte de los miembros de la Fuerza Pública que permitieron el ataque de los grupos armados ilegales en contra de la población civil. Por esta masacre fueron hallados responsables tanto las Farc como las Autodefensas Unidas de Colombia.
En diálogo con Noticias Caracol, el magistrado del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas manifestó que en la determinación judicial se determinó que tanto el presidente de la época, Andrés Pastrana Arango, los ministros y los comandantes de las Fuerzas Militares “personalmente deben responder con su patrimonio por el daño causado, pero adicional responder desde el punto de vista disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal”.
El fallo ordena el pago de la reparación económica a los familiares de 78 víctimas. En los hechos, se calcula, murieron 120 personas quienes se resguardaron en la iglesia. En ese momento fue lanzado un cilindro bomba por miembros del bloque 58 de las Farc.
Los hechos se presentaron en el marco de una confrontación con paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia para mantener el control de la región.
Al resolver una acción de tutela la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró no probadas las excepciones planteadas por el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Chocó que condenó a la Nación por la masacre de Bojayá registrada el 2 de mayo de 2002.
En la decisión el alto tribunal rechazó además la solicitud para anular los alcances de dicho fallo. En el mismo se determinó que se presentó una omisión por parte de los miembros de la Fuerza Pública que permitieron el ataque de los grupos armados ilegales en contra de la población civil. Por esta masacre fueron hallados responsables tanto las Farc como las Autodefensas Unidas de Colombia.
En diálogo con Noticias Caracol, el magistrado del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas manifestó que en la determinación judicial se determinó que tanto el presidente de la época, Andrés Pastrana Arango, los ministros y los comandantes de las Fuerzas Militares “personalmente deben responder con su patrimonio por el daño causado, pero adicional responder desde el punto de vista disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal”.
El fallo ordena el pago de la reparación económica a los familiares de 78 víctimas. En los hechos, se calcula, murieron 120 personas quienes se resguardaron en la iglesia. En ese momento fue lanzado un cilindro bomba por miembros del bloque 58 de las Farc.
Los hechos se presentaron en el marco de una confrontación con paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia para mantener el control de la región.