Consejo de Estado dejó en firme sanción disciplinaria contra exdirectora del IDU por ‘carrusel’
El alto tribunal rechazó el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Liliana Parda contra la sanción de la Procuraduría General que la destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos.
Redacción Judicial
La Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona en contra del fallo de la Procuraduría General que la destituyó e inhabilitó por 11 años para ocupar cargos públicos por las omisiones en las que incurrió en los procesos de licitación para la entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República.
En el debate jurídico, el tribunal de lo contencioso administrativo aseguró que no se pudo demostrar que se vulnerara el derecho al debido proceso o a la defensa a la exfuncionaria quien fue sancionada disciplinariamente por no haber vigilado la suscripción de 10 contratos de prestación de servicios los cuales fueron firmados por el director técnico del IDU, Inocencio Meléndez Julio.
En la decisión se manifestó que en el proceso disciplinario se probó que “los contratos de prestación de servicios cuestionados se celebraron sin tener en cuenta las directrices y honorarios establecidos en el plan de contratación de la entidad quedando demostrado que el Director Técnico Legal excedió y abuso de la delegación, sin que la actora en su calidad de Directora General de la entidad ejerciera ningún tipo de vigilancia y control, omisión que al quedar evidenciada no requiere de prueba adicional”.
El alto tribunal no aceptó los argumentos de la demandante quien aseguraba que se había presentado una falla en su proceso puesto que en la decisión de primera instancia se le sancionó por una falta gravísima por omisión en grado de dolo y en la segunda se cambió la calificación de la misma, concluyendo que no se le violó el debido proceso como argumentaba.
Desde septiembre del año pasado se desconoce el paradero de la exfuncionaria quien actualmente enfrenta dos procesos penales por su presunta participación en el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’.
La Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona en contra del fallo de la Procuraduría General que la destituyó e inhabilitó por 11 años para ocupar cargos públicos por las omisiones en las que incurrió en los procesos de licitación para la entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República.
En el debate jurídico, el tribunal de lo contencioso administrativo aseguró que no se pudo demostrar que se vulnerara el derecho al debido proceso o a la defensa a la exfuncionaria quien fue sancionada disciplinariamente por no haber vigilado la suscripción de 10 contratos de prestación de servicios los cuales fueron firmados por el director técnico del IDU, Inocencio Meléndez Julio.
En la decisión se manifestó que en el proceso disciplinario se probó que “los contratos de prestación de servicios cuestionados se celebraron sin tener en cuenta las directrices y honorarios establecidos en el plan de contratación de la entidad quedando demostrado que el Director Técnico Legal excedió y abuso de la delegación, sin que la actora en su calidad de Directora General de la entidad ejerciera ningún tipo de vigilancia y control, omisión que al quedar evidenciada no requiere de prueba adicional”.
El alto tribunal no aceptó los argumentos de la demandante quien aseguraba que se había presentado una falla en su proceso puesto que en la decisión de primera instancia se le sancionó por una falta gravísima por omisión en grado de dolo y en la segunda se cambió la calificación de la misma, concluyendo que no se le violó el debido proceso como argumentaba.
Desde septiembre del año pasado se desconoce el paradero de la exfuncionaria quien actualmente enfrenta dos procesos penales por su presunta participación en el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’.