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Consejo de Estado negó medidas cautelares: Gobierno podrá hacer pilotos de “fracking”

El alto tribunal negó la solicitud de suspender el decreto con el que se reglamentaron las exploraciones que buscan establecer si esta forma de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales sería viable en Colombia. Al conocer la decisión, el Ministerio de Minas dio los primeros pasos este mismo viernes para comenzar los pilotos.

04 de septiembre de 2020 - 11:39 p. m.
Marcha Contra Fracking
Marcha Contra Fracking
Foto: Diego Cuevas

El Consejo de Estado negó las medidas cautelares que habían pedido un grupo de congresistas en la demanda con la que buscan tumbar el decreto Decreto 328 de 2020, “por el cual se fijan lineamientos para adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral sobre Yacimientos No Convencionales de hidrocarburos”. Con esta decisión judicial, el Gobierno queda con luz verde para hacer las primeras exploraciones de la técnica de extracción de hidrocarburos conocida coloquialmente como “fracking”. El Gobierno, este mismo viernes, abrió la convocatoria para el comité que vigilará los pilotos.

(Lea también: Contra el “fracking”: congresistas demandan el decreto que reglamenta proyectos pilotos)

Los congresistas Katherine Miranda y César Ortiz Zorro, de la Alianza Verde, y César Pachón, del Mais, le habían pedido al Consejo de Estado que, mientras resolvía de fondo la demanda al decreto, suspendiera sus efectos, para que el Gobierno no pudiera iniciar los pilotos. Según los legisladores, la norma violaba el principio de precaución en materia ambiental, y pasaba por encima de la consulta previa con las comunidades campesinas e indígenas que habitan territorios cercanos a los yacimientos en los que se exploraría esta técnica.

Sin embargo, el magistrado Nicolás Yepes, quien es el ponente en el caso, concluyó: “la forma como los demandantes presentaron los argumentos relacionados con la alegada vulneración del principio de precaución no deja en evidencia, una oposición directa entre el contenido del acto demandado y las normas constitucionales y legales invocadas”. Asimismo, sobre la supuesta vulneración de la consulta previa, el togado dijo: “una primera aproximación a la norma acusada no arroja como resultado una referencia específica a un territorio o a una zona determinada”, con lo cual no se entiende por qué se alega que se haya ignorado a las comunidades.

(Vea: Pilotos de fracking: ¿el gobierno se autohabilitó para reglamentarlos?)

Esto no significa, sin embargo, que al estudiar la demanda el magistrado vaya a tener en cuenta los mismos elementos, según continúa diciendo la decisión. “Esto no significa, de manera alguna, que se esté desechando anticipadamente el cargo planteado por la parte actora, puesto que será en el marco del debate del presente proceso donde se establecerá si de alguna manera -directa o indirecta- el decreto acusado fija una delimitación geográfica particular y si, por tal razón, para su expedición la administración debió haber agotado el trámite de consulta previa”.

En el proceso también intervinieron el Ministerio del Interior, el de Minas y Energía, el Departamento Administrativo de Presidencia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras entidades del Gobierno, que se opusieron a suspender el decreto que reglamenta los pilotos. Según explicó la cartera de Minas, por ejemplo, “a través de la técnica de fracturamiento hidráulico, la Nación pretende aumentar ostensiblemente las reservas probadas de crudo y gas, asegurando el abastecimiento energético y la prestación de servicios públicos esenciales”.

(Le puede interesar: Luz verde a proyectos piloto de fracking en el país, anunció minminas)

Este viernes, horas después de que el Consejo de Estado desestimara las medidas cautelares, el Ministerio de Minas dio los primeros pasos para los pilotos de fracking. A través de un comunicado, la cartera que dirige Diego Mesa anunció que abre “la convocatoria para seleccionar a los miembros independientes que formarán parte del Comité Evaluador de dichos proyectos piloto”. Esa instancia tendrá la responsabilidad de “evaluar la información generada, las necesidades de fortalecimiento institucional y los resultados de los pilotos, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos, para determinar si en Colombia se cumplen las condiciones que permitan proceder o no con la exploración comercial de este tipo de yacimientos”.

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